Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Wednesday, November 30 de 2016
 

Medios

Las diez cosas que prueba la sentencia de Mancuso

Por: Juan Esteban Lewin

Monday 10 November 2014, by Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Hace una semana la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá produjo la sentencia más importante hasta el momento en Justicia y Paz: la condena a Salvatore Mancuso y otros seis paramilitares por el conjunto de crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo de las AUC.

Es la más importante porque por primera vez se condena a una de las máximas cabezas de las AUC, porque mira el funcionamiento completo de un Bloque y porque examina algunas de las aristas menos desarrolladas del fenómeno paramilitar, como la paraeconomía.

Muchas de las cosas que dice ya se sabían por informes periodísticos o por testimonios de otros paramilitares. La diferencia es que ahora esto es una verdad judicial, con las implicaciones que eso tiene para algunos de los mencionados en la sentencia como el ex presidente Álvaro Uribe y otros políticos. Falta por ver si los anuncios de Uribe y de su abogado Jaime Granados de apelar esa decisión, terminan con una decisión distinta por la Corte Suprema.

La Silla se leyó las más de 800 páginas de la sentencia y estos son los 10 grandes hechos del actuar paramilitar que con la sentencia quedaron convertidos en verdad judicial:

Las cifras del terror paramilitar son escalofriantes
La sentencia condena a siete paramilitares por 22 delitos distintos (desde narcotráfico hasta desaparición forzada, pasando por tortura, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes), que incluyen por lo menos 174 asesinatos (ese es el número de cadáveres que se han encontrado), nueve masacres y 19 incursiones a zonas pobladas para asesinar personas y crear un régimen de terror. Estas cifras escalofriantes se dan en un puñado de municipios en el Norte de Santander y solo durante cuatro años, de 1999 a 2001.

El paramilitarismo era, sobre todo, un mecanismo de control social
En muchas investigaciones académicas y en denuncias públicas como la del entonces representante a la Cámara por Tolima Hugo Zárrate en 2004, se ha señalado que el paramilitarismo tenía como función esencial controlar a la población. La sentencia afirma que, efectivamente eso fue así.
“El paramilitarismo buscó siempre el sometimiento de la población en los lugares donde tuvo injerencia y operación con el fin de mantener el control sobre las comunidades”, afirma la sentencia. También explica que el Bloque Catatumbo mató a por lo menos 13 delincuentes comunes y expendedores de droga criminales en una política de "limpieza social".
Por ejemplo, la sentencia muestra más de 20 asesinatos que hizo el Frente Frontera del Bloque Catatumbo en Cúcuta en 2002, la mayoría por motivos que nada tenían que ver con la lucha contra la guerrilla.
Uno fue el de Luis Manuel Gómez y Sergio Armando Sotelo por supuestamente ser indeseables, después de lo cual dejaron grafitis como "fuera viciosos", "fuera zorras" o "muerte a ratas"; otro, el de cuatro personas en la ciudadela Juan Atalaya, que supuestamente formaban una banda de delicuentes; un tercer caso fue una matanza indiscriminada a siete personas (que dejó heridas a otras dos, incluyendo una niña de 10 años) en una taberna del bar Cecilia Castro, porque supuestamente era un lugar de encuentro de criminales y de consumidores de droga; otro más el asesinato de Genarina Gómez por supuestamente administrar una "olla"; y uno más la muerte de un habitante de la calle, víctima de una granada que lazaron dos paras a un lugar de encuentro de indigentes.

El objetivo principal de los paramilitares no era acabar la guerrilla
"Es claro que el fenómeno del paramilitarismo (...) distó mucho de consistir en la conformación de un grupo cuyo objetivo principal o único fuera el combate a los movimientos subversivos, aunque tales enfrentamientos se dieron en algunas ocasiones," dice la sentencia.
En toda ella solo se menciona de pasada la existencia de enfrentamientos con la guerrilla, y solo como consecuencia de la masacre, por las AUC, de más de 60 personas desarmadas en Socuavo, Carboneras, Tibú y La Gabarra. Por eso, según la sentencia, el Bloque no operó con enfrentamientos armados con la guerrilla sino "mediante la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de masacres".
Además, queda claro que el Bloque Catatumbo tuvo un papel tan activo el narcotráfico que, según Mancuso, en cinco años en el Catatumbo recogieron 120 toneladas de cocaína.
Según el fallo, las AUC empezaron como un grupo antisubversivo y por ello, por ejemplo, decidieron expandirse a zonas de alta presencia guerrillera como el Catatumbo. Otra prueba de ese rasgo es que en sus escuelas de formación había cátedras de adoctrinamiento ideológico, como las que dirigió el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, que enseñaban las relaciones íntimas que había entre el Partido Comunista y las Farc y que había "guerrilleros de civil" en ONG de derechos humanos.
Ese adoctrinamiento, según la sentencia, llevó a que “por orden de Carlos Castaño se puso la bomba de 500 libras al director del periódico Voz, se realizó el atentado contra Wilson Borja, el secuestro de Piedad Córdoba, y el seguimiento e inteligencia que se hizo sobre los directores del Colectivo José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas”

El Estado fue cómplice
Para la sentencia, la relación de los paramilitares con funcionarios del Estado no fue una suma de casos aislados, porque hay un patrón de conductas que se repiten en diferentes regiones. Además, se refiere a "una tácita aceptación del debilitamiento gradual del poder estatal a cambio del fortalecimiento de las estructuras irregulares."
Aunque no llega a una conclusión porque el proceso solo investigó lo ocurrido en el Catatumbo, deja planteadas varias dudas: "Para la sala resulta, inquietante por decir lo menos, que todo el movimiento paramilitar haya tenido un surgimiento de tal representación, se hayan constituido y ejecutado las incursiones paramilitares en la zona suroccidental (Bloque Libertadores del Sur), en la zona oriental (Bloque Centauros) y en la zona nororiental del país (Bloque Catatumbo) y las instituciones a nivel nacional, regional y local no hayan observado tal proceso desde su preparación hasta su consolidación."
Por eso, pide a la Fiscalía que investigue si algunos funcionarios tienen la misma responsabilidad penal que los siete paras condenados y por esos mismos delitos.

Los paras ayudaron a cometer "falsos positivos"
Además de las ya conocidas masacres a pobladores para intimidar y de los asesinatos selectivos a supuestos colaboradores de la guerrilla, los paramilitares ayudaron a los militares a realizar ejecuciones extrajudiciales para que las mostraran como bajas en combate.
En concreto, la sentencia condena a los siete paras por el asesinato de cuatro personas (incluyendo un menor de edad) en La Gabarra en agosto de 1999, a quienes bajaron de un vehículo, los obligaron a ponerse uniformes del Ejército y luego se los entregaron a una patrulla militar para que los asesinaran.

Sí existe la paraeconomía
Investigadores como León Valencia y Gustavo Duncan llevan años hablando del vínculo entre los paras y empresas legales, pero hasta ahora los avances judiciales son muy pocos. Eso podría empezar a cambiar con esta sentencia, que pide a la Fiscalía que investigue los vínculos entre paramilitares, de un lado, y funcionarios de empresas como Ecopetrol y Termotasajero o comerciantes independientes de Cúcuta, del otro.
También afirma que el problema no es solo de financiación sino que, con la teoría del aparato organizado de poder (según la cual cuando se organiza una estructura con jerarquía para cometer delitos, todas las cabezas de ésta son responsables de los hechos que se comentan, así no tengan conocimiento directo de cada hecho), las empresas formaron parte de una red criminal y podrían juzgarse como autores de los mismos delitos de los paramiltares.
“Asimismo puede imputarse a los miembros de las empresas, gremios de comerciantes etc., como autores mediatos los delitos ejecutados por los miembros del ala militar del Bloque Catatumbo”, dice la sentencia. Eso querría decir que esas personas podrían terminar condenadas a las mismas penas de Mancuso pero sin las ventajas que éste goza por estar en Justicia y Paz: pagarían los 40 años que el ex jefe para podría terminar pagando si llega a perder los beneficios de la justicia transicional
Además, la sentencia dice que la discusión no se puede quedar en si las contribuciones de las empresas fueron voluntarias u obligatorias, porque en cualquier caso se beneficiaron de las acciones de los paras: "los comerciantes y las empresas referidas entraron hacer parte de la red que construyó el Bloque Catatumbo y se encargaba de entregar los aportes acordados a cambio de seguridad y beneficiarse de la mal llamada “limpieza social”, dice la sentencia.
De avanzar esa teoría, se podría caer la principal defensa de compañías como Chiquita, que ha aceptado que financió a los paras pero se ha defendido diciendo que lo hicieron coaccionados por amenazas de los paramilitares.

Sí hubo apoyo para la elección de Álvaro Uribe en 2002
La sentencia acepta como verdad varias declaraciones que indican que los paras sí tenían tal cercanía con el proyecto político de Álvaro Uribe que no solo lo apoyaron en 2002 sino que tenían relación de larga data con uno de sus hombres de confianza de la época, Pedro Juan Moreno.
“Con el señor Juan Moreno, les he explicado que hemos tenido relación desde aproximadamente el año 1995 (...) fueron múltiples las reuniones que se dieron con el doctor Pedro Juan Moreno y por eso decía que desde la época de la gobernación de Antioquia porque él para ese momento era secretario de gobierno," dijo Mancuso. También explicó que Moreno los contactó para pedirles que bajaran la intensidad de sus crímenes para que no afectara la campaña de Uribe y que, aunque había dudas en la cúpula de las AUC de si apoyar a Serpa o a Uribe, al final apoyaron al segundo.
La sentencia no solo acepta como verdaderas esas declaraciones, sino también las de los ex congresistas condenados por parapolítica Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella quienes, según éste, estaban en el Congreso “en representación de las Autodefensas Unidas de Colombia” pues eran “los representantes políticos de esa organización “
Aunque los tres testimonios dicen claramente que nunca hubo un encuentro directo entre Uribe y los jefes paras, coinciden que hubo una manifestación política a favor de la campaña presidencial en Tierralta, el municipio que era el epicentro del paramilitarismo. Coinciden también en que al final de esa reunión Uribe y Mancuso se iban a ver, pero al final el entonces candidato declinó hacerlo porque si lo hacía podía perder las elecciones.
También retoma el testimonio de Mancuso en el punto en el que dice que en 1998 o 1999 Carlos Castaño se reunió con el ex ministro conservador Carlos Holguín Sardi y otras personas que le propusieron crear un bloque de las AUC en el Valle del Cauca.
Aunque la sentencia no toma una posición judicial frente a la existencia y las implicaciones de esos hechos, porque se refieren a situaciones que no tienen que ver directamente con las acciones realizadas por el Bloque Catatumbo, sí avala los tres testimonios y les da total credibilidad.
La sentencia también le da total credibilidad a De La Espriella cuando dice que le contó a Uribe que las AUC iban a apoyarlo y que le dieron apoyo logístico entregando camisetas y colaborando con el transporte de la campaña, aunque deja claro que el apoyo no fue militar. Incluso dice que aunque la campaña uribista perdió en Córdoba, "esa brecha entre Horacio Serpa, que de todas manera fue el ganador en Córdoba, y Álvaro Uribe se redujo ostensiblemente y sin lugar a dudas en mi criterio, se redujo por la activa participación de las Autodefensas en la campaña electoral del presidente, del entonces, del después presidente Álvaro Uribe Vélez.”

Los paras ayudaron a la expansión de la palma africana
Aunque no profundiza en el tema, la sentencia dice que es cierto que detrás de la expansión de la palma sí estuvo el paramilitarismo.
Afirma que de los tres “núcleos temáticos” que articularon todo el proyecto de las AUC era “la modificación del sector industrial, cuyo concepto estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la tradición agrícola que identificaba las regiones en las que hizo presencia el fenómeno paramilitar."

Algunos medios ayudaron a los paras a lavar su imagen
Aunque la sentencia no profundiza en este punto, porque no fue una política del Bloque Catatumbo sino de la dirección nacional de las AUC, la sentencia critica el cubrimiento de algunos medios sobre el crecimiento de ese grupo paramilitar.
Para eso, retoma un aparte de otra sentencia de Justicia y Paz, en la que se dice que la difusión de las entrevistas que le hicieron a Carlos Castaño Claudia Gurisatti en La Noche de RCN, Darío Arizmendi en Cara a Cara de Caracol y la agencia Colprensa ayudaron a darle un impulso ideológico de las AUC.
También recuerda que algunos medios hablaron de combates entre paras y militares justo antes de la masacre de Chengue, que según el paramilitar Elkin Valdiris eran mentiras planeadas para que alcanzaran a salir del pueblo -después de masacrar a 27 personas- antes de que llegara la Infantería de Marina.
Lo que la sentencia no dice, en este último caso, es si los medios sabían que esas informaciones eran falsas o si fueron idiotas útiles.

La relación entre las AUC y los militares fue profunda
Según la sentencia, los lazos entre paramilitares y militares se fortalecieron por dos caminos.
Uno, porque buena parte de las cabecillas de las AUC venían del estamento militar. De hecho, de los siete condenados en esa sentencia tres estuvieron en el Ejército, incluyendo a José Bernardo Lozada Artuz, quien fue subteniente. “Uniformados que retirados de los estamentos militares por problemas judiciales eran reclutados por las AUC; la labor que se les asignaba, inicialmente era la de impartir instrucción militar y seguidamente eran ascendidos con la delegación de mando”, dice la sentencia.
También subraya que muchos de ellos eran militares enredados en problemas legales. “Es preciso conocer la posición de las Fuerzas Armadas en cuanto a los miembros que estaban siendo investigados o llegaron a ser juzgados por las autoridades castrenses o por la jurisdicción ordinaria mientras eran miembros de la Fuerza Pública y como consecuencia del accionar de la justicia entraron a engrosar las filas de los grupos paramilitares (...) se pregunta la Sala, qué hizo la institucionalidad castrense para evitar ese paso a la ilegalidad por parte de sus miembros o qué actividades realizó para que llegaran a buen término no solo las investigaciones mencionadas, sino también, el cumplimiento de las sanciones impuestas-"
Otro fue una alianza, que según la sentencia fue extendida, entre militares de alto rango y grupos de las AUC.
“La Fuerza Pública les facilitó el ingreso de las autodefensas a diferentes regiones del país”, dice el fallo. “Los acuerdos que existieron entre los grupos paramilitares y las guarniciones militares, necesariamente se realizaron con personal cuyo rango le permitía no solo poseer información importante y si se quiere, privilegiada, sino también tener poder de mando y dirección en esas determinadas unidades por tanto, tales hechos no podrían catalogarse como aislados o planeados, preparados y ejecutados por una sola persona, pues es claro que la fuerza pública en sus diferentes entidades, funciona conforme una estructura rígida y piramidal. “
La sentencia se sustenta, entre otras, en tres testimonios contundentes de antiguos paramilitares. Uno es el de Freddy Rendón ’El Alemán’, quien dijo “Yo no creo que haya en ninguna región del país donde haya surgido un grupo de autodefensas donde la Fuerza Pública no haya estado relacionada directamente “.
Otro es Mancuso, quien afirmó que “el Ejército o la Policía o las Fuerzas Militares en general que casi siempre fueron nuestros aliados en esa lucha”.
El tercero es el el del Iguano, quien afirmó que “cuando íbamos a incursionar a algún sitio o sabíamos que había llegado alguna tropa del ejército, lo que hacíamos era, inicialmente mandar o un civil o un hombre nuestro, que llegará allí y preguntara quién era el comandante(...) entonces ellos manifestaban, bueno, no hay ningún problema."
Para mostrar que esa relación era profunda, la sentencia recuerda cómo llegaron los paras al Catatumbo. “Recorrieron 800 km para llevar este grupo allí, iniciaron su recorrido con un número superior a los 200 hombres y una cantidad de camiones que atravesaron varios retenes militares sin obstáculo alguno, con una serie de variantes que se concretaban en la fuerte presencia militar en la región desde el año 1997“
Por eso, al final pide que se investigue a los miembros del Ejército Nacional con jurisdicción en Norte de Santander, con poder de mando, y se les imputen todos los delitos ejecutados por el ala militar del Bloque Catatumbo.

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