La reforma al fuero militar en Colombia contradice los objetivos de la justicia transicional

Si el objetivo es encontrar un tipo de justicia que sea valorada como imparcial y justa para todos, en el contexto del proceso de paz, el tema debe debatirse abiertamente. Las propuestas par a reformar la justicia penal militar que hoy se debaten en el Congreso son incompatibles con los objetivos de la justicia transicional e inapropiadas para servir a los intereses de los ciudadanos colombianos que buscan la creación de un nuevo modelo en el que las instituciones estatales protejan de manera efectiva los derechos humanos y rindan cuentas cuando fallan en este cometido.


El Congreso colombiano debate actualmente un proyecto de reforma de la justicia penal militar en la Constitución nacional. Las propuestas allí incluidas permitirían a la justicia ordinaria continuar la investigación y el enjuiciamiento del genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares pero transferiría todos los otros casos, como aquellos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación y desaparición forzada, a la jurisdicción militar. Estas propuestas ya han recibido críticas de varios observadores independientes, incluyendo una carta conjunta de ocho relatores especiales de las Naciones Unidas.

Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional –ICTJ-, las propuestas de reforma no sólo son innecesarias sino que además pueden atentar contra la integridad de los objetivos de la justicia transicional en el contexto colombiano.

Actualmente, las acusaciones de crímenes cometidos por militares contra civiles son investigadas y juzgadas por el sistema de justicia ordinaria. Aquellos que promueven la reforma argumentan que la justicia militar es el escenario judicial apropiado para tratar crímenes de guerra debido, principalmente, a que el sistema de justicia militar está más capacitado para entender e investigar las acusaciones sobre violaciones que ocurren durante las operaciones militares. Dicho argumento tiene fallas y plantea interrogantes acerca de las verdaderas razones para impulsar la propuesta de reforma, como se presenta a continuación.

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