Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Lunes, octubre 20 de 2014
 

Comunicación Ética 35

Respaldamos el espacio para la paz con justicia integral

CEV

Miércoles 12 de septiembre de 2012

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Saludamos los esfuerzos de acercamiento para la búsqueda de paz a través del diálogo y la negociación política entre el gobierno del Presidente Santos y la guerrillera de las FARC-EP.

Deseamos que se habilite un acercamiento y una respuesta a las manifestaciones reiteradas para dialogar de la guerrilla del ELN.

Este ambiente no hubiera sido posible sin el clamor permanente de la sociedad, de valerosas comunidades y organizaciones, y el valor en el último tiempo de Colombianas y Colombianos por la Paz, en cabeza de Piedad Córdoba, que a través del intercambio epistolar han logrado respuestas humanitarias y políticas de las guerrillas de las FARC y del ELN, con las liberaciones de personas privadas de la libertad en poder de las FARC, con sus manifestaciones respecto a la situación de privados de la libertad en centros carcelarios de Colombia y en el extranjero de guerrilleros de las FARC y del ELN, y con su apoyo concreto a propuestas humanitarias de las comunidades a lo largo y ancho de Colombia en medio del conflicto armado.

Siendo testigos en nuestras visitas a diferentes lugares de Colombia de las graves afectaciones que sufren las comunidades, organizaciones y personas que afirman sus derechos en medio del conflicto armado, instamos al gobierno que conduce está negociación propiciar una plena participación de las víctimas, sus organizaciones y la sociedad civil organizada para que se conduzcan a cambios progresivos, profundos y soberanos en lo económico, lo sociales y lo político que son causas que han dado origen al conflicto armado y la exclusión social.

Los eventuales acuerdos en un espacio de diálogo son una oportunidad para sentar bases sólidas en proyecciones democráticas pero por sí mismo no son los constitutivos de los cambios democráticos urgente de inclusión que se requieren. La Transición hacia la paz duradera es mucho más que justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, lo que exige del Estado colombiano una disposición de voluntad política para redefinir el presupuesto nacional en orden a la inclusión, a la protección de derechos, a la protección de la riqueza biológica y de intercambios comerciales justos.

Una paz duradera no es contraria a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación. Las discusiones en torno a mecanismos de Justicia Transicional para encontrar fórmulas jurídicamente viables y éticamente aceptables, no puede partir de la renuncia de investigación penal. Por el contrario, cualquier pretensión en este sentido debe partir de una investigación eficaz y profunda, de lograr el esclarecimiento judicial de estructuras de mando y beneficiarios, para que sea valorar los proyectos de Estado y sociedad construidos por los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Entre ellas, por ejemplo, la necesidad del conocimiento y la devolución de las personas desaparecidas o las garantías plenas para el retorno con dignidad.

La paz requiere enfrentar muros consolidados de criminalidad con agentes y estructuras estatales que han posibilitado el exterminio del movimiento social y de expresiones políticas. Estas operaciones encubiertas han asegurado la acumulación o la protección de la riqueza, y las lógicas de corrupción en el ejercicio del poder.

Sin que se esclarezca a fondo la verdad de los crímenes cometidos contra esas poblaciones, sus autores materiales y verdaderos beneficiarios, sin que haya investigaciones penales diligentes, oportunas y por medios imparciales e independientes con sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos, y una reparación integral que recoja las demandas de las víctimas, difícilmente no es posible habilitar salidas penales. Ningún pacto puede ser de espaldas a las víctimas y la sociedad. En este sentido, las guerrillas de las FARC y del ELN deberán asumir sus responsabilidades éticas, politicas y juridicas, sin que se desconozca el carácter de sus delitos políticos, y que se identifiquen con precisión las afecciones y los daños causados a personas en su vida e integridad y libertad.

Invitamos al presidente Santos a considerar la propuesta de comunidades, en las que hemos estado presentes, de pactar un cese al fuego verificable para hacer creíble el proceso a quiénes han padecido como sujetos pasivos el conflicto armado. Un cese bilateral hará creíble y llevará también a las guerrillas actuar en consonancia con su voluntad hacia la salida al conflicto.

Vemos con preocupación como se vulnera el camino hacia el diálogo con con la reforma a la Justicia Penal Militar y el llamado proyecto del Derecho Operacional. Dos apuestas que proyectan la idea de la continuidad del conflicto armado interno y que pretenden asegurar desde ya la impunidad y las fases de militarización de la sociedad que se ha venido dando con la fase de consolidación militar.

En la reforma de la justicia penal militar se plantea la presunción de la relación con el servicio a las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública en las que se cometan violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario se podrán comprender como acciones de servicio. La Reforma deja abierta la posibilidad de manipular la escena del crimen, de omitir la recogida de pruebas y elementos asociados que podrían comprobar la responsabilidad de agentes estatales.

Esta Reforma desconoce el deber de garantía de los estados sobre los ciudadanos, desnaturaliza el carácter de un Estado de Derecho y su responsabilidad de PREVENIR Y SANCIONAR la responsabilidad por las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Aunque no ha sido reglamentado y se dice que no comprende a agentes estatales, nos asaltan preocupaciones por interpretaciones de aplicación del Marco Legal para la Paz, que aunque no ha sido reglamentado, puede ser interpretado a través de la selección y priorización de las investigaciones de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática como una renuncia per se investigar la gran mayoría de los crímenes cometidos. Adicionalmente, como una ventana de salida para los pocos agentes estatales condenados quienes se podrían beneficiar con la suspensión de la ejecución de la pena u otras alternativas. Se debe posibilitar fórmulas transicionales respetando los derechos de las víctimas.

Si la verdad pretende propiciar una conciencia colectiva de lo que no debe volver a repetir, la constitución de una Comisión de la Verdad, luego de unos eventuales acuerdos con las guerrillas, debe considerar iniciativas del deber a la memoria y del derecho a la verdad ya existentes, entre ellas, la que hemos trabajado con organizaciones, comunidades y grupos de víctimas a través de nuestra labor de comisionados, y que hoy se encuentran en propuesta de Comisión de la Verdad de la Comisión Ética y del Movimiento de Víctima.

La ausencia de un cese al fuego en las aproximaciones entre el gobierno y las guerrillas, al lado de estas reformas legales y la continuidad de la militarización y control social territorial preocupa como factores que generan mayores víctimas, mayor victimización y hagan poco cierto la voluntad hacia la paz.

La lucha contra la impunidad, la depuración de la fuerza pública y entidades estatales de personas responsables de graves violaciones de derechos humanos para recuperar con hechos la confianza en las autoridades, una mayor democratización y participación de amplios sectores de la sociedad civil en la deliberación política, una limitación seria en la acumulación de la riqueza y una distribución en conformidad con un Estado Social de Derecho y un reconocimiento de los derechos de las víctimas, serán factores determinantes para un proceso que posibilite una democracia profunda en Colombia.

Firman:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina

Asociación France Amerique Latine; Francia

Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico

Comisión Ética contra la Tortura de Chile - Chile

Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile

Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Andrés Redondo, Pilar Sánchez, Alberto Giráldez Dávila, España

Enrique Santiago, abogado, experto en derecho internacional, España

Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e Historia, Méjico

Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche

Mary Bricker-Jenkins, PhD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign, EEUU

Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Argentina

Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH); Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, EEUU

Rick Ufford Chase; Director Ejecutivo de la Sociedad Presbiteriana de Paz de la Iglesia Menonita, EEUU

Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU

Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz;

Antonio Pigrau Solé, abogado, experto en derecho internacional,

Espai Catalunya-Comissió Ètica, España.

Movimiento Sin Tierra de Brasil

 
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