La participación de la sociedad: a propósito de los diálogos con el ELN
La participación de la sociedad: a propósito de los diálogos con el ELN
El conjunto de la población colombiana no ha participado en las decisiones del país. Es una realidad histórica de exclusión a las grandes mayorías, derivada de la forma misma en que están organizadas las estructuras de poder, en la cual, unas clases sociales han gobernado en su propio beneficio.
Gloria Silva y Leonardo Jaimes*.
Producto de esa concentración del poder político y económico, amplios sectores de la población, han sido moldeados por sus gobernantes, desde la constitución de la República. La escuela, la familia, los medios de comunicación, las religiones, las instituciones militares y policiales, los jueces, han ejercido un bombardeo ideológico de inconmensurables dimensiones, que no sólo se traduce en que ya pocos creen en otro mundo posible, sino en que se repliquen y reproduzcan, las más retrógradas doctrinas que han justificado y a su vez garantizado la discriminación y la eliminación de quien se opone a ese “orden natural”.
A la par, las organizaciones populares han sido fuertemente golpeadas. En Colombia, así como en otras partes del mundo, disentir y reclamar, se convirtió en un delito sancionado con la pena de muerte, la cárcel o el destierro (en el mejor de los casos); situación, que quiérase o no, ha contribuido en parte, a que hoy nos encontremos ante un movimiento social debilitado; a lo cual se suma su fraccionamiento. Ello no implica que exista descontento social. Al contrario, el sentimiento de insatisfacción en las grandes mayorías del país, podemos decir que es generalizado.
“Así pues, hablar de la “Participación de la sociedad” (que tanta resistencia ha encontrado en el Gobierno), tiene muy serias barreras que no serán fáciles de resolver”
Y que empiezan por la forma misma como desde el poder ha sido contada la historia al país; enraizando en el pueblo una condena anticipada a la rebelión, a la que se le desprovee de su naturaleza como derecho y deber del oprimido, frente la tiranía.
Planteamos que se trata de un obstáculo, porque para poner a dialogar a la sociedad con la insurgencia y el Estado, ha de romperse con la lógica maniqueísta que se ha impuesto históricamente por las clases que ostentan el poder; según la cual, las insurgencias o quienes planteen oposición (aun desde la legalidad), deben ser exterminados e invalidados. Es decir, que ese diálogo debe empezar o cuando menos estar atravesado, por una permanente destrucción – reconstrucción de la historia; por una permanente lucha en el campo de las ideas.
Y este planteamiento, tiene dos razones elementales. La primera, es romper con la postura dominante que ha acuñado por todos los medios la idea de que resolver en conflicto en Colombia es igual a desarmar a la insurgencia, lo que equivale a resolver el conflicto eliminando una de sus expresiones (atacar la consecuencia y no la causa). La segunda, es que la resolución de cualquier problema, sea cual sea, impone la obligación categórica de conocerlo. Caracterizar el conflicto, develar la verdad histórica de lo ocurrido en este país, no puede ser una tarea de las comisiones de la verdad, que se deja, en un eventual post-acuerdo, a cargo de unos cuantos expertos. Caracterizar el conflicto y develar la verdad histórica, es un presupuesto de todo diálogo consciente que busque resolverlo.
Ello impone compromisos concretos, de los cuales mencionaremos a manera de ejemplo, la democratización de los medios masivos de información. Acertadamente el sacerdote Javier Giraldo Moreno, ha planteado que éstos han construido una “muralla cultural – mediática” que se ha encargado de acondicionar los niveles más íntimos de las personas y por lo tanto, hoy han de servir para revertir (al menos en parte) los efectos nefastos del amoldamiento y el sesgo que han promovido; para abrir (e incluso entregar) las cámaras y micrófonos, en igualdad de condiciones a quienes hasta hoy las han tenido vetadas. Es decir, que el compromiso va más allá de trasmitir (sin tergiversar) lo que ocurra en el marco del Proceso de diálogo. Seguramente esta será una de las tantas pruebas de fuego de las clases dominantes (propietarias de los medios) y el Gobierno Nacional.
“Ello impone un compromiso de los Movimientos sociales, intelectuales, estudiantes, religiosxs, comprometidos con las causas populares, de la academia, etc, para llegar a esos rincones del país donde está la gente de carne y hueso”
Que aunque han vivido siempre el rigor de un sistema económico voraz y despiadado, sólo conocen la concepción del mundo de quienes lo han construido y defendido y por lo tanto asumen como modelo de desarrollo, el ingreso de una multinacional petrolera o la agroindustria en el campo, porque por un tiempo le pagarán el “sueldo soñado” a sus hijos; esa misma gente de carne y hueso que condena severamente la rebelión porque el cura o pastor del pueblo o la vereda lo han dicho; quienes no saben qué es comunismo, pero profesan el “anticomunismo”. En fin, la labor supera con creces la acción de organizar y asistir a foros regionales y nacionales, que tal como están las cosas hoy, no lograrán convocar a más de los que siempre han estado prestos a construir propuestas alternativas. Va más allá de ir a exponer propuestas y preocupaciones, a Quito o donde quiera que se encuentre sesionando la mesa de diálogos.
Las dificultades
Otra gran obstáculo para la participación, tiene que ver con el alcance de los diálogos que se abren, determinado por los asuntos vedados por el Gobierno: el modelo económico y la doctrina militar, a lo que se suma para el ELN, lo acordado en la Habana en materia de justicia, según ha dicho Santos. A ello se suman la historia y el presente de incumplimientos sistemáticos del Gobierno con los sectores populares e incluso con otras insurgencias que en el pasado han depuesto sus armas. Esto es un indicador de lo que se puede esperar una vez firmados los acuerdos con las insurgencias; y sin duda se convierte en un desestimulo fundado para la participación.
Tras muy pocos meses de haberse desarrollado una importante movilización social (brutalmente reprimida) el Gobierno ha vuelto a incumplir los ambiguos y recortados compromisos que suscribió para recuperar las carreteras tomadas por campesinos, afro-descendientes e indígenas de todo el país. El acto de negociar para des-movilizar es la esencia del modelo empleado por todos los gobiernos en los últimos 70 años de vida republicana, los rebeldes que transitan a la legalidad son asesinados y el pueblo que repliega la resistencia, es burlado en un marasmos de reuniones, tecnicismos y leguleyadas.
A ese modelo, se contrapone la propuesta de un diálogo con participación de la sociedad, para dar solución a los problemas que originaron el conflicto; pero una cosa es que diversos sectores participen formalmente para satisfacer una agenda con el ELN y otra cosa es que la clase dominantes esté dispuesta a ceder parte de sus privilegios.
Una tercera barrera para la participación, que debe superarse, tiene que ver con el afán de las clases dominantes y sectores de la izquierda por alcanzar un acuerdo, es lo que algunos han llamado la “paz express”. No sólo es imposible sino un irrespeto, pretender si quiera, llamar a un diálogo a la sociedad, (lo que ya es complejo por sí solo – aunque necesario -), para que sin haberse sentado se pretenda terminarlo. No creemos que se trate de entregar los pliegos que ya están construidos por los movimientos sociales y que el Gobierno ha incumplido en infinitas ocasiones, pues esto es transitar por lo mismo.
Concretar una participación real y eficaz, requiere tiempo, recursos (humanos, ante todo), garantías y un compromiso genuino por asumir el trabajo que en terreno implica incluir a los que han estado excluidos y construir con todxs propuestas, que debe salir de las cajas donde se almacenan y ser analizadas y respondidas. Si llegar a acuerdos entre las FARC y el Gobierno tomó al menos cuatro años; más tiempo tardará un diálogo en el que se incorporen más actores.
Finalmente, es un error partir de lo acordado en la Habana. No porque no existan aportes y avances, sino porque ello es limitar de entrada un diálogo sobre temas en el que no participaron dos de los tres actores que hoy se incorporan.
Luego, partir de lo que está más cerca de ser un nuevo inamovible, es otra restricción a la participación amplia de la sociedad, que es sinónimo de imposición, así se maquille bajo el sofisma de aportar, mejorar o ir por más de lo logrado por las FARC. Esta no es la lógica del Gobierno Santos, que ha demostrado que la clase que él representa está dispuesta a dar poco y que entre líneas ha insinuado que en materia de tierras, justicia y víctimas el pacto estaría sellado con lo alcanzado en la isla.
Para terminar, creemos que independientemente de los resultados de este proceso que inicia, gran ganancia dejaría al país lo que sea que quede de reconstruir la historia, de dilucidar desde y con el pueblo (en todos los escenarios) las reales dimensiones de los temas vedados por el Gobierno; poder escudriñar y analizar si “[las] clases dominantes tienen la voluntad para ceder en algo en sus privilegios” luego de conocer el listado de cambios básicos que plantee la sociedad; pues así fue como se enunció el objeto y alcance de la negociación que inicia, según lo indicó el ELN que a través del comandante Pablo Beltrán.
Bajo estos presupuestos, el Equipo Jurídico Pueblos, desde la región, habilitará y aportará en espacios que promuevan la participación consciente del pueblo en este nuevo escenario que se abre; planteando desde ya que lo asumiremos por la importancia que tiene para continuar forjando procesos de formación y organización de las comunidades que desde distintos escenarios resisten con dignidad al modelo económico y la doctrina militar, en los que las clases dominantes dicen no estar dispuestas a ceder.
Para ampliar
A propósito de nuestras reflexiones sobre “participación de la sociedad”, trascribimos apartes de la intervención del profesor Renán Vega en el III Seminario sobre delito político, situación de los presos políticos y paz, en las que realiza un recuento histórico de esta realidad, a que hoy nos vemos avocados, a la que tenemos que enfrentarnos en esta coyuntura…
“…el conflicto armado contemporáneo tiene más de 70 años, en realidad, y lo que habrían explicar es por qué razón, y el padre Javier a través de sus múltiples intervenciones y en sus obras, nos recuerda que este no es un país democrático, que más bien Colombia es como lo llamaba Erving Goffman es una democracia asesina… y creo que es bueno decir que Colombia es un país muy injusto, terriblemente desigual y eso no es solamente algo de hoy, es algo que históricamente se ha constituido y por eso también se puede decir y múltiples indagaciones lo demuestran que la estructura política y social de Colombia no ha cambiado en los últimos 200 años, es decir que nosotros vivimos en una situación similar a la que vivía este país apenas se produjo la independencia.
Algunos podrían decir que esta es una alusión sin fundamento porque pueden decir que Colombia es hoy un país fundamentalmente urbano, que el mundo agrario no tiene la misma importancia que ha tenido hasta épocas recientes… [pero] nos referimos a cosas más fundamentales, más profundas que tienen que ver con una estructura, económica, social, política y social terriblemente desigual, que perdura hasta el día de hoy.
Y uno puede hacer la comparación con lo que acaba de pasar recientemente con el plebiscidio, es decir, el suicidio que fue el plebiscito y encuentra y puede sacar de contexto algunas informaciones y resulta que casi con las mismas palabras eso es lo que se viene diciendo en este país desde 1820, por ejemplo el miedo al comunismo, Colombia y eso lo demostró Gerardo Molina, las clases dominantes de Colombia son anticomunistas antes de la emergencia del comunismo, es decir que antes de que se hablara del comunismo como un proyecto político, con programas claramente establecidos, que se fundaran partidos u organizaciones que se llamaran comunistas en Colombia ya existía un sentimiento anticomunista, generalizado por parte de las clases dominantes.
Justamente en estos, días antes del 2 de octubre, yo me di a la tarea de hacer algunas comparaciones a través de la prensa de distintas épocas y encontré que muchas de las cosas que hoy se dicen pro parte de políticos de extrema derecha de este país por parte de representantes de iglesias evangélicas y por parte de representantes de las jerarquías católicas, esas declaraciones son exactamente iguales a las que se empezaron a difundir en Colombia óigase bien desde la década de 1820 y cuáles son las características de esa propaganda de esa publicidad, de ese conjunto de mentiras convertidas en verdades de tanto ser repetidas, los grandes dueños de este país, terrateniente, exportadores cafeteros, ganaderos, a los cual debemos adicionar el sector financiero, los banqueros de las últimas décadas, todos estos sectores siempre han mantenido su dominio y su poder en la sociedad colombiana a partir del miedo, a partir del miedo para que no sean tocados sus intereses de ninguna manera, es decir, para que en este país terriblemente desigual nadie se atreva a cuestionar esa desigualdad, como si esa desigualdad fuera un designio natural, de la divina providencia.
Recordé entonces a Ezequiel Moreno, el primer santo colombiano que no nació en Colombia sino en España. En su época de armas no religiosas sino literalmente armas, en la guerra de los mil días, este personaje dijo “matar liberales no es pecado”. Matar liberales después se convirtió en “matar comunistas no es pecado”, “matar sindicalistas no es pecado”, “matar dirigentes campesinos no es pecado”, “matar defensores de derechos humanos no es pecado”, “matar presos políticos no es pecado”.
Esa misma lógica es la que ha dominado gran parte de la historia colombiana desde el ámbito del poder, del bloque de poder contrainsurgente, formado por el Estado y las clases dominantes de este país para mantener esa terrible desigualdad, esa terrible injusticia que caracteriza a la sociedad colombiana. De tal manera que tenemos un elemento que podríamos llamar de larguísima duración, que no empezó con el surgimiento del movimiento armado como unos quieren hacer creer, que se remite a la misma independencia, a la misma constitución y formación traumática del estado nación en Colombia, cuyos problemas son exactamente los mismos que hoy avocamos, porque nunca fueron resueltos.
En el imaginario de la gente y sobre todo de la gente urbana, de los habitantes de las ciudades, se ha erigido un triunfo del bloque de poder contrainsurgente y es que se considera inaceptable que la gente se pueda rebelar, entonces en Colombia se aceptan en los círculos urbanos. Esa es una de las variables, entre muchas, que explican el triunfo del no en el plebiscidio del 2 de octubre: no se puede perdonar que nadie se rebele y menos que se rebele en armas.
Se puede perdonar y olvidar que con motosierra se diseccionen a las personas estando vivas; se puede perdonar y olvidar que en Colombia hayan habido hornos crematorios al estilo nazi; se puede perdonar y olvidar que campesinos, metizos y negros hayan sido echados vivos para ser devorados por los cocodrilos pero no se puede perdonar que un grupo de campesinos colombianos se haya levantado en armas contra el Estado y los poderosos”.
*Gloria Silva y Leonardo Jaimes, son abogados e integrantes del Equipo Jurídico Pueblos, colectivo que pretende divulgar un nuevo enfoque del Derecho desde la óptica de la autodeterminación, que busque una verdadera concreción de la justicia social, la soberanía y la dignidad.
Fuente: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/11/la-participacion-de-la-sociedad.html