Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, noviembre 17 de 2016
 

Medios

La doctrina del enemigo interno sigue vigente

Max Yuri Gil Ramírez

Martes 27 de septiembre de 2016

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En las últimas semanas se ha incrementado el nivel de discusión en la sociedad sobre el plebiscito mediante el cual definiremos si aceptamos el acuerdo de paz logrado entre el gobierno nacional en nombre del Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Es saludable este proceso, dada la indiferencia general de la ciudadanía en los meses anteriores y hace parte de la construcción de una sociedad democrática, diversa, conflictiva, pero que busca construir espacios de diálogo y respeto reconociendo las diferencias.

Lamentablemente, el debate también ha puesto de presente algunos de los peores rasgos de nuestra cultura política, marcada por el autoritarismo, por una concepción negativa del conflicto que ve en la diferencia un riesgo y prefiere el unanimismo, y por las mentiras y estigmatizaciones sobre las posturas en debate, de tal modo que defender el sí en el plebiscito se considera una acción que busca beneficiar solo a las FARC y al gobierno de Santos y tener dudas o estar por el no, se ve como una acción enmarcada en la órbita del uribismo, y que olvida los beneficios con que se trató al paramilitarismo en su proceso de desmovilización entre el 2003 y el 2008.

Considero que unos de los peores legados del conflicto armado, que hemos vivido por más de cinco décadas, es este empobrecimiento del debate democrático, esta tendencia a ridiculizar los argumentos del adversario y una preferencia por el insulto ante la falta de discusiones argumentadas. En este caso, debemos partir del reconocimiento que estamos debatiendo un asunto profundamente complejo, lleno de incertidumbres y en el cual, como ha pasado en otras sociedades que han vivido largos conflictos armados, la discusión de cómo caracterizar lo que ha pasado, definir cómo lidiar con el pasado y la mejor forma de encarar la garantía de los derechos de las víctimas, así como qué hacer con los victimarios, será un tema que marcará probablemente los debates de la sociedad colombiana durante varios años del futuro inmediato.

Este reconocimiento, sin embargo, requiere que suscribamos un pacto ético ciudadano para eliminar la estigmatización y la criminalización sobre los adversarios. En este sentido, preocupa que algunos de los partidarios del no, opositores del proceso de paz y del acuerdo logrado, recurran a argumentos que repiten la vieja noción de lucha contra el enemigo interno y que ven en las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda, apéndices de las guerrillas y organizaciones de fachada por medio de las cuales las organizaciones insurgentes avanzan en la toma del poder.

Esta doctrina política, producida en el marco de la Guerra Fría e impulsada por los Estados Unidos como dispositivo de control, considera que las organizaciones comunistas (asimiladas con las agrupaciones guerrilleras), se camuflan en organizaciones de la sociedad civil y que, en esta medida, el enemigo insurgente está conformado tanto por las guerrillas propiamente dichas, como por las organizaciones sociales y políticas, las cuales son denominadas de manera genérica como subversión. Este argumento justificó el exterminio en América Latina y en Colombia de miles de integrantes de organizaciones sociales y políticas, así como golpes de estado contra gobiernos electos democráticamente. En nuestro país esta política de eliminación sistemática se aplicó tanto mediante acciones directas de la fuerza pública, en especial de los organismos de inteligencia, como también por los grupos paramilitares quienes se convirtieron en una herramienta eficaz para evitar la responsabilidad directa del Estado colombiano en estos crímenes. La justificación utilizada por los paramilitares quienes afirmaban que los guerrilleros o se uniformaban o se morían de civil.[1]

En medio del debate sobre el plebiscito, de nuevo se oyen argumentos de algunos de los promotores del no que se basan en la teoría del enemigo interno. Su primera expresión es calificar a los adversarios como comunistas, lo cual se considera suficiente para no reconocerles como interlocutores, proponer su criminalización y eliminación, asimilando una ideología política con una acción violenta. Consideran que la ideología comunista se debe prohibir en la sociedad y que sus promotores, así actúen en la legalidad, deben ser perseguidos y considerados como el enemigo a eliminar. No es debate de ideologías lo que se plantea, sino la criminalización de una forma de pensamiento que consideran ilegal e ilegítima.

También se plantea que en el punto agrario del acuerdo, el reconocimiento de la legalidad y legitimidad de las zonas de reserva campesina son una concesión de territorios a las FARC, estigmatizando irresponsablemente a la población campesina que vive en estos lugares, catalogados de manera ligera como republiquetas de las Farc. Se apela a los mismos calificativos utilizados en el debate en 1964 en el congreso colombiano sobre las denominadas, por Álvaro Gómez Hurtado, repúblicas independientes; y origen del ataque del Estado colombiano a las zonas campesinas de Marquetalia, Sumapaz y el Ariari, acto reivindicado por las FARC como el motivo de su levantamiento en armas. En la misma dirección se ubica el argumento que plantea que las 16 circunscripciones especiales de paz creadas en el punto 2 del acuerdo, con respecto a la participación política, con las cuales se busca dar voz y voto en la Cámara a regiones que han sufrido históricamente el impacto de la violencia y el abandono del Estado, son una forma encubierta de darle más curules a las FARC, e incluso hablan de una bancada de 26 parlamentarios de las FARC: los 5 que tendrán en Senado, los 5 de la Cámara de Representantes y estos 16, pues consideran que estas zonas y sus organizaciones son lo mismo que las FARC solo que de una manera velada.

También se ha afirmado que lo establecido en el punto 3 sobre fin del conflicto, en el componente de seguridad, cuando se dice que se creará una Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; es para atacar a los adversarios del proceso y proteger a los subversivos, reiterando que consideran a las organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y políticos parte de la subversión.

Estos argumentos representan una alta fuente de peligro para quienes participan del debate en pro del sí, máxime se conoce que más de 13 líderes de organizaciones sociales han sido asesinadas desde el anuncio de la firma del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto[2], y que esto se suma a los informes del Programa “Somos Defensores de Derechos Humanos” que advierte sobre el alto riesgo del trabajo en derechos humanos en Colombia, por ejemplo en el primer semestre de 2016, 35 activistas de derechos humanos fueron asesinados.[3]

Uno de los asuntos centrales para avanzar en la implementación del acuerdo de paz, son las Garantías de No Repetición, que se relacionan con las acciones que debemos adoptar como Estado y como sociedad para que nunca más volvamos a vivir la guerra y la muerte. Recurrir a la teoría del enemigo interno, estigmatizar a los integrantes de organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda como parte de la subversión, es volver a justificar los asesinatos de civiles que han aportado una buena cantidad a la cifra de 220.000 víctimas de homicidio en Colombia de que habla el Centro Nacional de Memoria Histórica en el Informe Basta Ya; es profundizar la eliminación de la diversidad en nuestra sociedad. Ojalá algunos de los defensores del no que esgrimen estos argumentos acepten el resultado de la refrendación ciudadana en caso del triunfo del sí, y desistan de justificar e impulsar la guerra sucia, como mecanismo para defender sus intereses.

[1] Este argumento se repite en el debate de hoy, por ejemplo la declaración de la senadora Vallecaucana del Centro Democrático Susana Correa, quien descalificó el llamado a votar por el sí del Arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, pidiéndole que se quite la sotana y que se ponga el camuflado de la guerrilla. http://caracol.com.co/emisora/2016/08/17/cali/1471441250_944655.html

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/los-13-lideres-asesinados-despues-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/493528

[3] http://somosdefensores.org/attachments/article/140/este-es-el-fin-informe-semestral-2016.pdf

Fuente: http://confluencia.co/la-doctrina-del-enemigo-interno-sigue-vigente/

 
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