Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Sábado, noviembre 26 de 2016
 

De Derecho

Informe Semestral Sobre la Situación de DDHH en Antioquia

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Viernes 12 de agosto de 2016

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Tras 60 años de pedagodizar a ultranza la guerra en el país, la esperanza de cambio imprimen también la posibilidad de reflexión constante sobre cuáles han sido los diferentes factores atizadores e impulsores de ciertas doctrinas institucionales que desde este complejo escenario de guerra-transición, caracterizada por los riesgos inminentes y los ataques contra las diferentes expresiones de liderazgos, los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales, quienes a su vez, siguen siendo objetivo directo de todas las formas de persecución, se continúan aumentando cifras de impunidad contra este sector de mujeres y hombres que han creído en construir y contribuir a un mejor país.

¡Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra!

Informe Primer Semestre 2016

Hoy, cuando se distingue la tangible posibilidad de cambio, una oportunidad de camino visible, propicio para la culminación de más de medio siglo de guerra, nos debe involucrar en la acertada agenda el monitoreo permanente de los derechos humanos que visibilicen y sirvan de bitácora al entendimiento de la realidad de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales de Colombia en clave de pre y post-acuerdo, sobre todo en Colombia, un país que transita hacia la construcción de la paz.

Tras 60 años de pedagodizar a ultranza la guerra en el país, la esperanza de cambio imprimen también la posibilidad de reflexión constante sobre cuáles han sido los diferentes factores atizadores e impulsores de ciertas doctrinas institucionales que desde este complejo escenario de guerra-transición, caracterizada por los riesgos inminentes y los ataques contra las diferentes expresiones de liderazgos, los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales, quienes a su vez, siguen siendo objetivo directo de todas las formas de persecución, se continúan aumentando cifras de impunidad contra este sector de mujeres y hombres que han creído en construir y contribuir a un mejor país.

Debe ser claro que la construcción de la Paz debe generar espacios importantes para la democracia, depende de la participación de toda la ciudadanía, de la implementación, del fortalecimiento institucional en prácticas sanas en democracia propias de un Estado Social de Derecho, de abrir y propiciar garantías para participación política de los sectores históricamente excluidos, de brindar también garantías a todas las expresiones que enriquecen la construcción y aportan elementos vitales para la Paz y la Reconciliación.

Es claro, SÍ es posible ponerle fin al conflicto mediante la solución política planteada entre la insurgencia y el Gobierno Nacional, queda hartamente probado en más de 60 años de experiencia que la vía militar es imposible, dolorosa e irracional, que las causas y las consecuencias de la guerra generalmente tienden un tratamiento contrainsurgente a los ciudadanos, a los liderazgos, a las defensoras y defensores de derechos humanos; la continuidad de la guerra sería más costosa para el país, por eso es imperante agilizar y agotar todos los esfuerzos posibles para culminar e implementar éste acuerdo de La Habana e iniciar sin dilaciones las negociaciones con la guerrilla del ELN.

Ningún país que se rija por los valores de la democracia puede seguir permitiendo este aberrante y desalentador panorama de agresión contra sus líderes, lideresas, defensores y defensoras que han estado marginados y mancillados a lo largo de la fatal historia, el reto consiste en acabar de una vez y para siempre todas las formas de violencia contra los campesinos y las campesinas, las expresiones de género, contra los comunidades étnicas, los jóvenes, los estudiantes, los diferentes liderazgos y todos las expresiones que trabajan día a día por sus comunidades, por sus derechos, por el país; pero para ello, también es menester recuperar políticas éticas, que demuestren la calidad del Estado Social de Derecho, donde todos y todas disfrutemos también de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales declarados universalmente.

Si bien las cifras del desescalamiento del conflicto armado en Colombia muestran avances muy satisfactorios de la no afectación a la población civil, e incluso a miembros de la fuerza pública y de la guerrilla, el Estado no debe olvidar sus funciones y responsabilidades de cara a las Garantías de No Repetición, estas responsabilidades deben estar acompañadas por un saneamiento total de todas esas prácticas que aún continúan siendo utilizadas contra todos los ciudadanos.

Siempre será más fácil encontrar el rumbo si en las instituciones del Estado y el país en general construimos desde las bases de la democracia y asumimos desde ésta los principios pedagógicos y las acciones de paz; sin embargo, no deja de preocupar el aumento de la violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos que sumado a leyes regresivas, como el nuevo Código de Policía, la Ley de Zidres, las políticas minero-energéticas, el fuero penal militar y otras, que lo único que generan es la segregación, riesgo a las libertades constitucionales, el despotismo y aumento de causas que originen otros formas de conflicto.

De cara al marco de Garantías, es notorio el avance el Acuerdo sobre Víctimas, sobre todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantíasde no Repetición, se espera que tanto el Gobierno Nacional y la Insurgencia afronten de manera responsable este compromiso para esclarecer todas las prácticas cometidas de la violencia socio-política en el marco del conflicto armado interno. Sin embargo, no deja de preocupar los grandes retos para conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas, el Tribunal de Justicia para la Paz y la necesidad de una lucha contra las estructuras paramilitares y los grupos armados ilegales.

Es indispensable no descansar en el monitoreo, la verificación permanente de la situación de derechos humanos en Colombia y los grandes retos que vendrán para Colombia, por ello la importancia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las organizaciones sociales y otras que hacen el importantísimo papel de acompañamiento internacional en esta etapa de transición que vive el país.

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