Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, septiembre 29 de 2016
 

Informe de derecho

Informe Colombia: verdad, justicia y reparación de la CIDH

CIDH

Viernes 5 de septiembre de 2014

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, con motivo de la visita in loco realizada en diciembre de 2012.

La Comisión advierte que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que se concibe la suscripción de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que podría poner fin al conflicto armado luego de más de cinco décadas de duración. La CIDH valora y alienta el avance de los diálogos de paz y reitera su convicción de que el camino transitable para lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, es necesario el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento de los responsables y su sanción conforme a la ley, así como la reparación del daño causado a las víctimas.

Este informe aborda diversas temáticas, en particular las relativas a los derechos a la verdad, justicia y reparación. La Comisión resalta, en este sentido, la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la impunidad.

Respecto a este punto, la Comisión reconoce y valora que el enfoque que el Estado aplica en las negociaciones de paz se centra, entre otros principios, en un enfoque que se basa en los derechos humanos, la situación y necesidades de las víctimas, y la necesidad de evitar la repetición de las violaciones del conflicto. La Comisión considera especialmente importante en términos prácticos y simbólicos la incorporación de victimas representativas en las negociaciones de paz.

La Comisión constata en su informe el grave impacto que continúa teniendo el prolongado conflicto armado interno colombiano en la situación de derechos humanos en el país. La guerra ha conjugado todas las formas de violencia y ha acontecido en los lugares más apartados, perpetuando y acentuando contextos de discriminación y exclusión social histórica, en especial con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, en particular, personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; mujeres; periodistas y comunicadores sociales; personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex, y personas privadas de libertad.

En este contexto, analiza la situación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; así como la efectividad de los mecanismos adoptados para proteger las personas que se encuentran en situación de riesgo. La CIDH también examina la continuidad del fenómeno del desplazamiento forzado interno, el cual representa, a juicio de la Comisión, uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Colombia en la actualidad y en las décadas venideras. Igualmente, el informe recoge la información que la Comisión ha sistematizado y analizado respecto de la situación de los derechos económicos sociales y culturales, y la situación específica de los grupos especialmente afectados por el conflicto armado interno.

La CIDH ha establecido que el principio de no-discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos instituido por la OEA. A pesar de ello, tal como se desarrolla a lo largo de este informe, la Comisión advierte que el conflicto armado interno colombiano provoca y contribuye a perpetuar ciertas afectaciones específicas a determinados grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o afectados por múltiples niveles de discriminación. La Comisión analiza de manera detallada el impacto diferenciado respecto de cada uno de estos grupos, tomando en cuenta el concepto de interseccionalidad.

Para la CIDH, la superación de la violencia se encuentra indisolublemente vinculada a la superación de la situación de impunidad y que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares puedan obtener justicia. Este es otro de los desafíos centrales y urgentes que la Comisión identifica en su informe. En ese sentido, la Comisión presenta sus consideraciones sobre las reformas adoptadas por el Estado en materia de justicia transicional y los mecanismos de reparación para las víctimas, principalmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; las reformas planteadas en materia de justicia penal militar, y los avances y desafíos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

Una parte importante de los desafíos que enfrenta Colombia se relaciona con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En este sentido, la CIDH considera que el Estado debe fortalecer el trabajo de las instituciones que desempeñan un rol en las funciones de investigación y administración de justicia, en particular en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La CIDH reconoce el momento histórico que atraviesa el Estado para la construcción de la paz en el país y ha observado que el Estado se encuentra desarrollando diversas medidas legislativas encaminadas a tal dirección. La Comisión considera que la construcción de la paz se encuentra indisolublemente vinculada a la investigación, juzgamiento y reparación de violaciones de los derechos humanos, particularmente, aquellas cometidas por los agentes del Estado o con su apoyo o aquiescencia. En este sentido, la Comisión considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional, de tal manera que garantice el acceso a la justicia de las y los colombianos en conformidad con las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido.

En el contexto actual de las negociaciones hacia la paz, y tomando en cuenta las complejidades que surgen debido a la prolongación del conflicto, la Comisión analiza la particular situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos. La CIDH destaca que en virtud del carácter vinculante de las medidas de protección del sistema interamericano, reconocido por el Estado de Colombia, y del principio de buena fe que rige en el derecho internacional, la fase que le corresponde al Estado ante un otorgamiento de una medida de protección proveniente del sistema interamericano, es la de su implementación y seguimiento. En tal sentido, la Comisión recuerda que la implementación de medidas de protección otorgadas en el contexto de procedimientos internacionales no puede estar subordinada al inicio o agotamiento de procesos internos.

La CIDH ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Colombia desde hace décadas. En diciembre de 2012 realizó una visita in loco al país, con el propósito de recopilar información, en particular, sobre la situación del conflicto armado interno y los grupos en especial situación de vulnerabilidad, así como para evaluar los mecanismos de justicia transicional adoptados por el Estado. El informe es el resultado de la información que la Comisión recibió durante y con posterioridad a la visita y en el mismo ofrece su análisis y recomendaciones en relación con los temas de la agenda de derechos humanos en Colombia. El informe, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2013 por la misma integración que realizó la visita, tiene en cuenta también las observaciones realizadas por el Estado de Colombia a la versión preliminar del informe.

La CIDH valora la apertura y voluntad del Estado de haber dado su anuencia para una visita in loco, y estima que esta disposición permite consolidar aportes sustantivos en el proceso que atraviesa Colombia. La Comisión agradece a las autoridades colombianas por la valiosa información suministrada para la elaboración de este informe, así como aquella aportada por organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales.

Sabemos que, con posterioridad, ha habido nuevas decisiones jurisdiccionales y políticas públicas relevantes, así como avances en el diálogo para la paz. Es claro que en el proceso de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe que hoy le presentamos, habrá oportunidad para que la República de Colombia y la sociedad civil se sirvan aportar los insumos y actualizaciones correspondientes para su debida valoración por el Pleno de la Comisión.

La Comisión espera seguir colaborando con el Estado y con los integrantes de la sociedad civil en su determinación a la búsqueda y consolidación de una paz duradera, así como enfrentar y superar las situaciones estructurales que afectan el pleno goce de los derechos humanos en Colombia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Leer informe

 
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