Hostigamientos y montajes contra integrante de la Comisión Justicia y Paz
En la mañana de hoy en la ciudad de Bogotá el defensor de derechos humanos Alberto Franco, fue blanco de seguimientos por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.
El escolta observó el seguimiento obligando a modificar la ruta del recorrido.
El sacerdote Alberto Franco, secretario Ejecutivo, de nuestra Comisión de Justicia y Paz, en el primer semestre del año fue seguido en varias ocasiones y su vehículo tiroteado en una ocasión.
Hoy mismo, el defensor de derechos humanos, Daniel Prado, que representa a nombre de nuestra Comisión, a víctimas de Yarumal por operaciones paramilitares en la propiedad de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue cuestionado por el abogado de la defensa por un supuesto fraude procesal o montaje judicial.
De acuerdo con la nota del diario El Espectador, los testigos Juan Carlos Meneses y Eunicio Pineda Luján serían un plan de manipulación de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.
La estrategia publicitaria de la defensa de Santiago Uribe oculta el valor procesal de los testimonios, y la valoración que de los mismos debe realizar el ente investigador, desconoce el deber de protección del Estado y de organizaciones de derechos humanos frente a personas amenazadas en razón de las denuncias que realizan sobre estructuras criminales.
Hoy mismo, el expersonero municipal Darío Blandón, en su cuenta de twiiter responsabilizó a un prestigioso organismo internacional humanitario y a nuestra Comisión de Justicia y Paz por los asesinatos que se produzcan contra la vida e integridad de miembros de los consejos comunitarios de Caño Manso que reclaman tierras despojadas por empresarios palmeros y ganaderos.
Darío Blandón es candidato al congreso de la República por el Centro Democrático que dirige el exmandtario Álvaro Uribe Vélez, y en el pasado ha favorecido a través de actuaciones contra derecho las operaciones empresariales de beneficiarios de operaciones paramilitares, entre ellas, las de Sor Teresa Gómez.
Semanas atrás, otros defensores de derechos humanos en la ciudad de Bogotá fueron blanco de intimidaciones directas en las calles de Bogotá con mensajes amenazantes para todos los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, entre ellos Manuel Garzón y Danilo Rueda.
A pesar de los indicios graves de eventuales atentados contra la vida e integridad no se han adoptado las medidas exigidas a la Unidad Nacional de Protección.
Si no existen garantías procesales y extraprocesales para la libre movilización de los defensores de derechos humanos y la salvaguarda de pruebas que permitan el esclarecimiento judicial, difícilmente tan delicados procesos judiciales como los de despojo violento por empresas palmeras y ganaderas y las operaciones armadas que implican a familiares de quienes han ostentado el poder de gobierno, no habrá verdad, ni justicia, ni reparación.
Bogotá, D.C. octubre 16 de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Foto: Archivo