Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Domingo, diciembre 4 de 2016
 

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Guía práctica de lo acordado en La Habana

Semana

Jueves 25 de agosto de 2016

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1. Reforma rural integral

El agro ha sido históricamente una de las principales causas de la violencia en el país. Es además una de las razones de ser de las FARC, que anunciaron su fundación en 1964 con el llamado “Programa Agrario de los Guerrilleros”. Por esto, el primer acuerdo estuvo dedicado a la trasformación radical de las dinámicas en el campo.

La meta era clara: lograr una distribución más equitativa de la tierra, cerrar las brechas entre el desarrollo de los sectores urbano y rural, promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación, formalizar las tierras con títulos problemáticos y garantizar a los campesinos el acceso a la propiedad.

Con ese fin, se acordó la creación de un Fondo de Tierras integrado por predios sometidos a extinción de dominio, terrenos expropiados por razones de interés social o utilidad pública, baldíos y zonas de reserva forestal con vocación agrícola. También se planteó la entrega de subsidios y créditos especiales para la compra de tierras.

Vea el documento completo de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC.

2. Participación política

Uno de los propósitos históricos de este acuerdo de paz será romper, para siempre, el vínculo entre política y armas. Este punto es esencial pues en últimas lo que busca esta negociación es que las FARC puedan hacer política desarmadas.
Con el fin de evitar la estigmatización y la persecución, se contempla la elaboración de un estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. También se creará una legislación de garantías para los movimientos sociales.

Además se acordó crear un Sistema Integral de Seguridad, que dependerá de la Presidencia y garantizará recursos para investigar, judicializar y castigar a quienes atenten contra el ejercicio de la política sin armas.

Se planteó la necesidad de que las regiones más afectadas por el conflicto puedan ejercer y participar en la democracia libremente. Para esto se crearán las circunscripciones especiales de paz, que le garantizarán 16 curules en la Cámara a los líderes regionales. Sobre la participación política de las FARC, se definió que en el 2018 se podrán someter a elecciones para el Congreso y se les garantizarán mínimo cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara. Hasta entonces, tendrán tres voceros en cada cámara con voz pero sin voto, sólo para temas relacionados con los acuerdos.

También se definió que el partido de las Farc recibirá 7 mil millones de pesos al año, lo que representa el 20 por ciento de lo que el Estado destina cada año para el funcionamiento de los partidos políticos.

3. Fin del conflicto

La firma de este acuerdo significó el fin de más de 50 años de violencia. Con el cese al fuego bilateral y definitivo, la guerrilla más vieja del continente se comprometió a silenciar sus fusiles para siempre y la ONU verificará que así sea.

En este punto se acordó la hoja de ruta para facilitar la transición de más de 6.000 miembros de esa guerrilla a la vida civil. Y en ese sentido, se definió que cada guerrillero desmovilizado recibirá 620 mil pesos mensuales, más seguridad social, por dos años (el 90% de un salario mínimo). Además cada reinsertado recibirá 8 millones de pesos como capital semilla para un negocio.

Las FARC se comprometieron a entregar las armas a la ONU, que construirá tres monumentos con ellas. El desarme se realizará en 180 días a partir de la firma del acuerdo final, así: a los 90 días se recogerá el 30 % de las armas; a los 120 días, otro 30 %, y a los 180 días, el 40% restante.

Se estableció la creación de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Meta, Vichada y Guaviare) y ocho campamentos (en La Guajira, Antioquia, Chocó, Córdoba, Cauca, Caquetá, Meta y Guainía), que estarán vigentes por 180 días. Estos espacios garantizarán el cese al fuego bilateral y la dejación de las armas. Así, comenzará el proceso de preparación de los guerrilleros para su reintegración a la vida civil.

También se plantearon las garantías de seguridad para los desmovilizados y la lucha contra las bandas criminales que representan una “amenaza inminente” para la implementación de los acuerdos. Finalmente, se acordó que el mecanismo para refrendar los acuerdos será el plebiscito. El 18 de julio la Corte Constitucional le dio su aval, y el presidente Santos anunció que la fecha de la votación será el 2 de octubre.

4. Drogas ilícitas

Colombia lleva más de 30 años en una guerra contra las drogas basada en una estrategia policial y punitiva y a pesar de eso, el negocio está lejos de desaparecer. El acuerdo de paz plantea un nuevo modelo que apunta a transformar los territorios más golpeados por el narcotráfico de la mano de las comunidades.

El acuerdo sobre drogas ilícitas comienza con el compromiso de las FARC de ponerle fin a cualquier tipo de relación que, “en función de la rebelión”, tuvieron con este negocio ilegal. El grupo guerrillero se comprometió, además, a aportar información que podría ayudar a identificar rutas del narcotráfico.

Uno de los principales objetivos es garantizar la judicialización efectiva a las redes de producción, al dar un trato diferencial a cultivadores y consumidores. El consumo de drogas se abordará como un problema de salud pública y los programas estarán enfocados en la prevención.

El otro punto fundamental es la erradicación de los cultivos ilícitos, a través de un proceso de planeación participativa con las comunidades, sustitución e incursión en otras economías. Este modelo dará prioridad a la erradicación voluntaria.

5. Víctimas

No se puede pensar en una paz real y duradera sin reparar los derechos de los más de ocho millones de víctimas del conflicto armado. Por esto la justicia transicional de este proceso garantiza la verdad, la reparación y la no repetición.

La Jurisdicción Especial para la Paz investigará, juzgará y sancionará a quienes hayan cometido delitos graves durante el conflicto: tanto miembros de la guerrilla como agentes del Estado y auxiliadores de grupos ilegales. El Tribunal para la Paz, que hace parte de esta jurisdicción, estará conformado por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros. Otros 18 jueces colombianos y seis extranjeros conformarán tres Salas de Justicia.

Los guerrilleros que reconozcan su participación en los crímenes más graves y colaboren con la justicia serán sancionados por el Tribunal de Paz con penas de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad (domiciliaria, geográfica o laboral). Además tendrán la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas. Quienes no reconozcan toda la verdad irán a prisión hasta por 20 años.

El beneficio de amnistía, indulto o tratamientos equivalentes será para quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad. En este apartado se acordó, además, la creación de la Unidad especial para la búsqueda de personas en el contexto y en razón del conflicto.

6. Implementación, verificación y refrendación

Se acordó que al día siguiente de la firma del acuerdo final se creará una comisión de seguimiento, verificación y resolución de diferencias para la fase de implementación, que estará integrada por tres representantes del Gobierno y tres de las FARC. Además se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos.

 
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