Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Miércoles, noviembre 16 de 2016
 

Denuncias

Graves violaciones a los derechos humanos en el Sur de Bolívar

Viernes 20 de marzo de 2015

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Comisión de Verificación encuentra una gravísima situación de Derechos Humanos en el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Cantagallo, Arenal y Tiquisio. Imagen de la Comisión en su primer día la Comisión de Verificación debió ser organizada por el Congreso de los Pueblos, frente a los últimos hechos y violaciones a los DDHH que se vienen presentando en esa región del país.

Primeramente se constataron los graves daños en la persona y bienes de los habitantes de Cantagallo, quienes se hallaban en una protesta pacífica por el derecho a la salud y soportaron un feroz ataque protagonizado por el ESMAD de la policía el pasado sábado siete de marzo.

Por estos hechos ya fueron interpuestas las denuncias formales ante las entidades competentes y se hizo denuncia pública en nota anterior: Avanza comisión de verificación en el municipio de Cantagallo en el Sur de Bolívar.

Por otra parte, se verificó la situación de DDHH en los municipios de Arenal y Tiquisio, donde también se hallaron preocupantes evidencias de que las comunidades viven bajo constante ataque de la fuerza pública y los paramilitares. Desde el pasado siete de marzo, la Comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos y la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y el Centro y Sur del Cesar; denunciaron una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario consistente en la ocupación del Centro Comunitario de Arenal por parte de miembros la Quinta Brigada del Ejército, afortunadamente la pronta denuncia obligó a los efectivos militares a corregir su infracción, pues ya abandonaron las instalaciones que habían ocupado irregularmente.

Pero los hechos anteriores no fueron los únicos que se hallaron por parte de la Comisión de Verificación. A continuación se hace relación de los hallazgos más graves:

Hay una fuerte presencia de personal armado y presuntamente paramilitar en la zona rural de Arenal y también en la de Tiquisio.
La fuerza pública es agresiva sin ninguna justificación, en contra de la comunidad; incluso se dio una agresión policial contra un menor de 11 años el pasado cuatro de marzo.
Se tiene una marcada persecución por parte de la policía contra un los líderes juveniles del municipio y contra un medio de comunicación como es la emisora La Negrita Stereo, que es de carácter comunitario y por algún motivo molesta a la administración municipal de Arenal. La emisora es administrada por la Fundación Rescate Cultural – FUREC, cuyos miembros han sido objeto de señalamientos injuriosos y calumniosos, lo más grave es que el personero municipal participa en esta ilegal persecución, un funcionario que debería estar velando por los derechos humanos en lugar de estar censurando a la emisora de la comunidad.
En toda la región la fuerza pública persigue con saña al minero pequeño y al artesanal. Estos son habitantes de la región que compaginan sus actividades mineras con agricultura y el cuidado del ambiente y el territorio; sin embargo son engañosamente denominados mineros ilegales y se tienen a muchos de ellos privados de la libertad o en líos judiciales.

El municipio no tiene agua potable ni acueducto funcional. Se supone que el nuevo acueducto está en construcción pero van dos y medio en ese proceso sin que se tenga ningún tipo de resultado. Por lo pronto, las comunidades se surten de la quebrada Arenal, pero la misma está altamente contaminada.

Hay una grave problemática ambiental por las afectaciones que producirá la construcción de los puertos multimodales sobre el Río Magdalena y se tiene también el caso de la ciénaga Morrocoy, ubicada en el corregimiento San Rafael. Las desviaciones irregulares de los cuerpos de aguas que le alimentan y la alta sedimentación la tienen al borde del desecamiento total.
La malnutrición y desnutrición se extienden entre la población, en gran parte por la imposibilidad de seguir pescando en la ciénaga Morrocoy.

Una alta tasa de crímenes y agresiones sexuales que se hallan en la impunidad.
El personal educativo del colegio Ifigenia Mendoza es insuficiente. Actualmente le hacen falta cinco profesores y las instalaciones se hallan en un estado deplorable. Aparte de eso se tienen salones enteros del colegio Emma Troncoso tomando clases debajo de árboles y se carece de transporte escolar para los niños de la vereda El Sereno.

Se tiene también que los corregimientos de Buena Vista y Carrizala, de Arenal, carecen de médico desde hace más de seis meses y cualquier situación ha de ser atendida en la cabecera municipal, por lo que implica costos y complicaciones extras que deben asumir aquellos que tengan problemas de salud.

Las anteriores violaciones a los DDHH son graves en extremo y por ello mismo se solicita la actuación de las entidades competentes y de control; de manera tal que se remedie la situación. También se hace un llamado al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a todo aquel que se entere de lo aquí denunciado; para que se solidarice con los habitantes del Sur de Bolívar; quienes están tratando de construir y materializar sus planes de vida comunitarios y personales.

La Misión estuvo conformada por:
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Coordinador Nacional Agrario -CNA,
Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia -AFASBA,
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia– REDHER,
Convergencia Bacatá,
Instituto Nacional Sindical – CEDINS,
Unidad Técnica Legislativa del Senador Alberto Castilla (Polo Democrático Alternativo).
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y el Centro y Sur del Cesar, y
Equipo Jurídico Pueblos.

 
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