Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Lunes, noviembre 28 de 2016
 

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Estado Colombiano debe saldar deuda histórica con víctimas del Caso del Palacio de Justicia

Miércoles 21 de octubre de 2015

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A solo unos días de cumplirse 30 años de incesante búsqueda de los familiares de las personas desaparecidas durante el holocausto del Palacio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo pública en el día de ayer, la identificación de los restos óseos de tres de ellas, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela León trabajadoras de la cafetería del Palacio de Justicia y Lucy Amparo Oviedo, visitante ocasional, desaparecidas en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, en la ciudad de Bogotá.

A las familias de Cristina, Luz Mary y Lucy Amparo, manifestamos nuestra inmensa solidaridad ya que durante 30 años han sufrido la angustia y el dolor por la falta de respuesta sobre su paradero.

Nos sumamos a las solicitudes de las familias y de todas las personas que las han acompañado en esta búsqueda, en el sentido de requerir a los órganos investigativos el esclarecimiento integral de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que perecieron las víctimas, así como la manera en que sus restos fueron trasladados al lugar en que fueron hallados.

Las labores que viene realizando la Fiscalía General de la Nación en la búsqueda e identificación de cuerpos, sólo se dan con posterioridad a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la incansable lucha de los familiares y sus representantes. Ese organismo internacional determinó en noviembre de 2014, la responsabilidad del Estado colombiano por graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la Fuerza Pública durante la retoma del Palacio de Justicia.

En su decisión, la Corte IDH incorporó el reconocimiento de responsabilidad estatal por la ausencia de rigurosidad en el manejo de cadáveres y salvaguarda del lugar de los hechos, así como por el indebido manejo de las evidencias recolectadas y los métodos utilizados para preservar la cadena de custodia entre otros aspectos. Tanto el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia (2010), como tribunales nacionales, ya habían establecido igualmente la existencia de pruebas contundentes sobre la alteración de la escena del crimen e irregularidades en el levantamiento de los cadáveres.

La Corte IDH también determinó que un grupo de personas que fueron calificadas como “sospechosas” o “especiales”, es decir señaladas de ser guerrilleras, fueron sacadas con vida del Palacio de Justicia por la Fuerza Pública, conducidas a la Casa del Florero y posteriormente llevadas a instalaciones militares donde fueron torturadas. Si bien algunas de las personas torturadas fueron posteriormente liberadas y a partir de sus valerosos testimonios es que las autoridades judiciales lograron reconstruir el modus operandi de la Fuerza Pública, otro grupo en el que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la cafetería se encuentran desaparecidos.

Existen videos en los que se evidencia la salida con vida bajo custodia militar de varias personas, entre ellas, el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien se encuentra desaparecido; del guerrillero del M-19 William Almonacid quien apareció ejecutado posteriormente y del Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas quien luego de ser evacuado con vida fue desaparecido y apareció ejecutado al interior del Palacio, lo que se constituye en prueba fehaciente de estas violaciones. Dentro de los procesos penales se demostró con certeza que Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco Pineda fueron sacados vivos del Palacio de Justicia y desaparecidos forzadamente, hechos por los cuales se encuentra condenado en segunda instancia el Coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

Ya ha sido establecido que la Fuerza Pública conocía con antelación que el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia y que a pesar de ello, un día antes de la toma fue retirada la seguridad policial de sus instalaciones, hechos por los que el Estado fue igualmente condenado por la Corte Interamericana. En este escenario, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la indebida manipulación de la escena del crimen y el tratamiento irregular dado a los cadáveres.

A un año de proferido el fallo de la Corte Interamericana, el cumplimiento estatal es mínimo, particularmente frente a su obligación de investigar los hechos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial cometidos; proporcionar de forma inmediata tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas y realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia, que debería estar en cabeza del Presidente de la República.

La conmemoración del trigésimo aniversario de estos hechos debe ser un fuerte llamado de alerta para que el Estado colombiano salde la deuda histórica de verdad, justicia y reparación con las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia.

Los Representantes de las víctimas nos permitimos solicitar:

Profundizar la investigación con base en la debida diligencia, de tal manera que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que perdieron la vida Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, la forma en que en que llegaron los cuerpos al sitio en que fueron encontrados e identificados y la responsabilidad penal de sus autores.

Conminamos a la Fiscalía General de la Nación para que realice todos los esfuerzos necesarios para hallar los cuerpos de todas las personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia y entregar sus restos a sus familiares para que puedan honrarlos conforme a sus creencias y valores, se investigue y juzgue a todos los responsables de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y en general todas violaciones a los derechos humanos ocurridas en desarrollo de la retoma del Palacio de Justicia.

Solicitamos a las autoridades que en cumplimiento de la obligación de satisfacer los derechos de las víctimas y transparencia de las investigaciones judiciales, se cuente con expertos en asuntos forenses que acompañen como en el pasado las acciones de búsqueda, análisis e identificación de los restos, ello bajo la asesoría y acompañamiento de Derechos Humanos – Naciones Unidas, a efectos de que se haga un análisis integral y completo de todos los restos óseos provenientes de las instalaciones del Palacio de Justicia.

Los representantes de las víctimas consideramos que es aconsejable para la verdad y transparencia de las investigaciones judiciales, que se cuente con expertos en asuntos forenses que acompañen como en el pasado las acciones de búsqueda, análisis e identificación de los restos.

Demandamos a las autoridades judiciales y administrativas dar cumplimiento inmediato de la sentencia de la Corte IDH en el caso desaparecidos del Palacio de Justicia, de las personas torturadas y la ejecución del Magistrado Carlos Horacio Urán y demás crímenes ejecutados por personal de la Fuerza Pública.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
DH Colombia
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