Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, noviembre 24 de 2016
 

Informe

En desarrollo plan de acción contra defensores

Lunes 13 de julio de 2015

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Integrantes de dos organizaciones de derechos humanos están siendo blanco de interceptaciones de comunicaciones y seguimientos ilegales en razón de su labor de promoción de la paz.

Una de estas organizaciones es la Comisión de Justicia y Paz, y los defensores de derechos humanos, Danilo Rueda, y el sacerdote Alberto Franco. A Danilo se le pretende vincular con las guerrillas de las FARC EP y del ELN, en actuaciones ilegales como planificador de actividades violentas y de deslegitimación del Estado a través de medios de información, por escritos de análisis y conferencias, en la radio y talleres regiones sobre la paz con justicia; y a Alberto Franco como caja de resonancia por declaraciones públicas en medios de información.

La fuente precisó que las actuaciones ilegales pretenden deslegitimar a los defensores y sus organizaciones con eventuales allanamientos, además, de una evaluación de acciones violentas en un mediano plazo.

La información recibida de una fuente oficial, el pasado viernes en horas de la noche, que por obvias razones no quiere revelar su nombre, pero que merece total credibilidad, se trata de sectores de las llamada “inteligencia” que pretende mostrar positivos en la desarticulación de redes urbanas de los dos movimientos armados.

En los últimos días se presentaron observaciones de hombres extraños sobre nuestra sede y seguimientos con intermitencia de automotores de diferente tipo sobre los vehículos en los que se movilizan los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

A pesar de la solicitud del otro nombre de la organización de derechos humanos este no fue revelado.

La fuente antes de terminar de compartir la información preciso que los seguimientos a integrantes del movimiento social como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos en la ciudad de Bogotá, se habrían intensificado, en particular en aquellos que son interpretados por la “inteligencia” como de articulación entre las guerrillas.

Nuestra labor legal y legítima no tiene visos de ilegalidad así la “inteligencia” lo siga y lo quiera ver así. Desde el origen de nuestra organización hace ya 27 años, sus integrantes están inspirados en la ética propia de los defensores, con una opción preferencial, en la defensa de los perseguidos y empobrecidos por factores reales de poder, que usan de la violencia legal e ilegal, del montaje judicial, de la mentira, del tráfico de influencia, de la corrupción para mantener la formalidad del Estado de Derecho con violaciones integrales de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Nuestra promoción de la paz es y ha sido siempre la predicada, la construida desde la sociedad que concibe que la paz como fruto de la justicia socio ambiental, tal como lo rezan nuestros estatutos, comprender las violencias, la diferencia entre violaciones de derechos humanos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, no nos hace parte de las hostilidades ni integrantes de los polos en conflicto armado; construir propuestas humanitarias y apoyar iniciativas de las víctimas y de los sobrevivientes en la construcción de esa paz, como ha sido nuestro apoyo a Colombianos y Colombianos por la Paz, a CONPAZ, a Pueblos Construyendo Paz, o defender legalmente a integrantes de Marcha Patriótica o del Congreso de los Pueblos, no es ni una acción ilegal ni un apoyo al terrorismo.

Apelamos a la razonabilidad de esos sectores de la “inteligencia” a que recapaciten, rompan sus esquemas doctrinales heredados de la seguridad nacional y se asuman como ciudadanos que deben asumir no solo las normas democráticas del respeto a la intimidad, a la libertad de expresión y de asociación, si no el comprender que las y los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos parte de la ciudadanía con derechos que queremos ser aporte para una democracia con un Estado socio ambiental de derecho, donde ellos, y por supuesto, los hijos de los excluidos y violentados, lo expoliados, puedan vivir también con derechos y con dignidad.

Estamos abiertos al escrutinio público y legal, no al escabroso, turbio y tenebroso, que se diseña con montajes burdos y otro tipo de actuaciones que muestran la nula expresión moral desde sectores que quieren a toda costa mostrar “positivos” donde solo se expresa su propia la degeneración, la degradación e indignidad, de lo que se llama “inteligencia” oficial

Esperaríamos eso sí, que la “inteligencia” operara con eficacia desmontando la estructura criminal que ha imposibilitado nuestra labor de defensa de derechos humanos en Pedeguita y Mancilla, en donde han sido amenazados de muerte, cuatro de nuestros integrantes, y no se brinda garantía alguna para nuestra protección y defensa de derechos ambientales y étnico territoriales, o como tampoco sucede en Buenaventura, en donde el pasado 11 de julio, los neoparamilitares amenazan con colocarnos una bomba, entre ellas “La Ojona” y “La Pepita”, por oponernos al abuso y la vinculación de las niñas en el trabajo sexual forzoso.

Bogotá, D.C. 13 de junio de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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