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Domingo, septiembre 25 de 2016
 

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En busca de un lugar al que puedan llamar hogar: Desalojos forzosos y despojo de tierras en El Tamarindo

Amnistia Internacional

Martes 31 de marzo de 2015

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María* está cansada de que la obliguen a ir de un lado a otro. Esta mujer de 54 años se ajusta el vistoso pañuelo y exhala un profundo suspiro. Es una de los 6 millones de personas desplazadas forzosamente en Colombia.

Durante años El Tamarindo fue un hogar para María. Enclavado a las afueras de la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, en el norte de Colombia, la finca se había convertido en un refugio seguro para muchas personas a las que la situación de conflicto armado en el país había desplazado de forma forzosa previamente. Las primeras familias se trasladaron a la tierra en 1999 y otras fueron llegando posteriormente, y se establecieron en cuatro zonas de la finca. En un determinado momento, 135 familias trabajaban la tierra, pero la vida en paz no podía durar.

En 2008, empresas locales reclamaron la propiedad de la tierra a través de procesos legales. Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad estatales intervinieron, y los primeros desalojos forzosos comenzaron.

En noviembre de 2013 le llegó el turno a María. Llegaron fuerzas de seguridad del Estado y otros hombres armados, al parecer vinculados a paramilitares, y la expulsaron a ella y a otros muchos residentes de su comunidad. Las zonas cultivadas por los campesinos, que en un tiempo eran frondosas y verdes, se han convertido en zonas estériles al paso de las excavadoras.

María no puede dejar de pensar en lo que ha perdido.

“El día del desalojo fue muy doloroso”, recuerda. Estaba en casa con una amiga, “Me cogieron, me sacaron para afuera, retiraron todo afuera, lo echaron todo.”

Unos hombres armados la sacaron de su casa. Afuera expulsaban a otras personas de sus viviendas. Era una escena de pánico, y María explica que estuvo dispuesta a huir para salvar su vida.
“¿Cuál es el miedo? Que hagan lo que siempre hacen en Colombia, masacres. Han hecho miles de masacres”, afirma con voz trémula.

En virtud del derecho internacional, el gobierno colombiano tiene la obligación de consultar debidamente a las comunidades, identificar de forma clara los predios que deban ser desalojados, e informar de forma adecuada a las personas amenazadas por el desalojo. En este caso eso no ocurrió.

“Yo llegué a El Tamarindo en 2007. Allí trabajaba en la pequeña parcela que tenía. Cultivaba de todo, bananas, cocos, guayabas, mangos, tamarindos. Era muy hermoso.”

“No se lo imagina, el desalojo causó el peor impacto posible en mi vida. Ser tan pobre como yo soy, y tener 54 años y que te quiten todo lo que tienes [...]. Tuve que dejar todo lo que había sembrado, todas mis plantas, mis animales, las gallinas, los cerdos y los pavos que tenía. Lo perdí todo.”

“¿Por qué nos tratan en esta manera?”

Aunque echa en falta su parcela, María tiene miedo de volver.

“Nunca he intentado regresar [a la parcela de la que fue desalojada], es demasiado peligroso. Sigue habiendo hombres armados por todas partes y tenemos demasiado miedo para volver. Todavía hay algunas personas que viven en su parcela en la zona, pero viven con miedo.
María, junto con la mayoría de los residentes de El Tamarindo que fueron objeto de desalojo forzoso vive ahora hacinada en El Mirador, la única pequeña parcela que les queda. El 13 de abril de 2014, las familias declararon El Mirador Espacio Temporal Humanitario y lo denominaron “Refugio de Paz y Esperanza”, en el marco de una estrategia para impedir nuevos desalojos forzosos y para protegerse.
Cultivar suficientes alimentos para poder vivir es tarea casi imposible. La gente está pasando hambre. Es una situación crítica, agravada por las recientes interrupciones del abastecimiento de agua.

Los niños se han visto particularmente afectados; tienen una mala alimentación, no hay recursos suficientes para que puedan ir a la escuela y no disponen de un espacio para jugar.
Ante la situación desesperada, algunos se han trasladado a la ciudad de Barranquilla. “Allí, la gente trabaja en el mercado tratando de ganarse la vida”, explica María. Aun así, como campesinos que son, con poca experiencia de vida en las ciudades, se enfrentan a nuevas penurias.

Ahora, muchas de las personas desalojadas de El Tamarindo piden a las autoridades locales y regionales que las realojen con urgencia en otro lugar, un lugar al que puedan llamar hogar y del que no se vean obligadas a huir de nuevo –según lo prometido por las autoridades locales–, un lugar donde puedan vivir con dignidad y se respeten todos sus derechos humanos básicos, incluida una vivienda adecuada, agua, y un nivel de vida decente. Amnistía Internacional se une a esta petición.

“Al gobierno local no le interesamos nosotros, no les importa que también seamos personas. Si pudiera hablar con el presidente le diría que el gobierno no maltrate a las familias pobres. No hay ni la más mínima intención de ayudar a nuestras comunidades”, afirma María.

Hasta hoy, los campesinos que buscaron una nueva vida en El Tamarindo continúan recibiendo amenazas de los paramilitares –que tienen un largo historial de connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado– y todavía están enfrentando la aterradora posibilidad de un desalojo forzoso y del despojo de sus tierras.
Una de las más recientes amenazas que ha recibido la comunidad ha sido un panfleto de un grupo paramilitar conocido como Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras, entregado en la casa de Juan Martínez, uno de los líderes de la comunidad de El Tamarindo, el 11 de enero. El panfleto amenazaba la vida de muchas personas, incluidas las de El Tamarindo.

“Las personas como María y Juan Martínez no piden mucho, sólo un lugar seguro al que llamar hogar y una oportunidad para trabajar la tierra. El gobierno de Colombia tiene una obligación legal con esas personas, tanto de asegurar que sus derechos sean respetados y protegidos, como de proveer reparación por las violaciones que han sufrido. Muchas han sufrido reiterados desalojos y desplazamientos forzosos. Ha llegado la hora de que se les proporcione un lugar donde establecerse para siempre”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
María sigue soñando con un lugar al que llamar hogar.

“Le soy sincera, la manera de echarme de mi casa es como si me hubieran matado”, dice suspirando.

“Sólo espero que Dios me ayude a encontrar un hogar antes de acabar en una tumba.”

* Nombre ficticio para proteger su identidad
Más información:

Pueden encontrar más información sobre El Tamarindo en el documento Colombia: Un título de propiedad no basta,
https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/0031/2014/es/

 
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