Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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El poder de las tinieblas

Martes 1ro de julio de 2014

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El asesinato en Turbo, el pasado 9 de abril, de Jesús Adán Quinto Mosquera, desplazado de Cacarica y líder de la Asociación Nuevo Retorno, hecho absolutamente condenable, activó una vez más la campaña de estigmatización contra los suscritos, coordinada por el mismo conjunto de políticos, empresarios y con la complicidad de agentes mediáticos, incondicionales a un proyecto que se identifica con los postulados del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez

esta es la hora de ustedes,
cuando domina la oscuridad
” Evangelio de San Lucas, 22, 53

Ellos demostraron, nuevamente, su capacidad de crear las mentiras y las calumnias, incentivadas por los más inconfesables propósitos e intereses, alimentando la desinformación y las expresiones de odio desenfrenado.

Por el asesinato de Adán no solo han insinuado sino afirmado, de la manera más temeraria, impúdica y perversa, que somos los responsables de su muerte violenta [1]
. Así lo hicieron en diciembre de 2009 luego del asesinato, el 18 de diciembre de ese año, de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo Jair Blandón [2].

La justicia no ha esclarecido el crimen de estos tres afrodescendientes, lo más proba-ble es que jamás lo hará, como tampoco el de Adán Quinto, porque esa es desgracia-damente la rutina a la que estamos acostumbrados en Colombia. En la investigación que se sigue por los tres crímenes de diciembre de 2009, testigos de excepción seña-lan que ocurrieron cuando llegaron a cumplir una cita con las FARC. En relación con los antecedentes del asesinato de Adán Quinto, se conoció que, además de repetir las conocidas infundadas acusaciones en contra nuestra, habló en medios de información de la región de Urabá como en los nacionales, de narcotraficantes, guerrilleros y militares implicados por acción u omisión en el tráfico de cocaína en el Bajo Atrato y Urabá, en particular del Mayor Quiñones de la brigada 17.

La impunidad es la norma casi implacable, sólo alterada de tarde en tarde por actos de “justicia”, muchos de ellos manipulados y fraudulentos, y en muy pocos casos con visos de justicia real. Entre tanto el ciudadano común queda expuesto, no sólo a la continuidad de los crímenes, impulsada por la impunidad, sino a la mentira. Sectores de poder promueven la calumnia como mecanismo que copa frecuentemente la ausencia de justicia, y funciona al mismo tiempo como encubridora de los mismos victimarios para desviar la atención sobre sus culpas.

En tan nauseabundo lodazal en el que la ética está bien lejos, sólo queda la alternativa de testimoniar lo vivido y sufrido, mostrando la secuencia de acciones que encierran en sí mismas una lógica, correspondiente a opciones, propósitos y estrategias que se reflejan necesariamente en el encadenamiento de hechos que no pueden esconder sus significados y tendencias, por más que sus actores lo pretendan.

Esto nos hace regresar al comienzo de nuestra presencia en el Bajo Atrato. Desde 1996 en diversas comunidades del Urabá antioqueño, el norte del Chocó y el bajo Atrato nuestra Comisión de Justicia y Paz exploró el apoyo a iniciativas comunitarias de protección y de paz por solicitud de diversas víctimas y organizaciones de iglesias. En marzo de 1997 presenciamos el desplazamiento masivo forzado por la operación “Génesis”, con muchos miles de víctimas. Autoridades civiles y militares revelaban estar enteradas de antemano y coordinadas para esperar a los afrocolombianos en el puerto y conducirlos al coliseo de Turbo. El entonces gobernador de Antioquia, estaba al tanto de la ejecución de la operación militar, según el abogado del exgeneral Del Río Rojas. El ex alto oficial, comandante entonces de la Brigada 17, visitaba el coliseo escoltado por numerosos camiones llenos de militares y les advertía a los desplazados que no pensaran en volver a sus lugares de origen en cortos plazos, hasta que no se “limpiara la zona”.

La situación nos desbordaba pero fueron los mismos desplazados, a través de algunos de sus líderes, quienes nos solicitaron acompañarlos, asesorarlos y ayudarles a entender por qué los habían desplazado de manera tan cruel, algo que tampoco nosotros entendíamos.

Semanas después, los millares de desplazados fueron haciendo sus opciones. Muchas de ellas tomaron la decisión de no retornar a sus parcelas y luchar más bien por una reubicación, pues el terror las había dejado traumatizadas, se trata de las mujeres viudas o madres de asesinados y desaparecidos. Otros manifestaron su decisión de no abandonar sus tierras y realizar todas las gestiones necesarias para el retorno. En nuestro discernimiento ético y en medio de la precariedad de nuestros recursos, decidimos acompañarles.

Mientras se daban condiciones para el retorno, construimos en Turbo con apoyo de organismos humanitarios internacionales, unos rústicos albergues con el fin de que los desplazados con voluntad de retorno no se vieran presionados a tomar decisiones forzadas por el desespero que causan las condiciones inhumanas de vida. Allí permanecieron más de tres años mientras se le exigía al Gobierno condiciones mínimas de retorno.

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Notas

[3Varias de estas personas (Fernando Vargas, María Fernando Cabal, Jaime Restrepo, Darío Blandón,
juventudes-restauración nacional) relacionadas con el Procurador aparecen en un video, en el que
nos acusan falsamente, citado por Daniel Coronell en su artículo la huella nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-huella-nazi/342869-3) continuidad de la herencia nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-herencia-del-nazi/341362-3)

[4Varias de estas personas (Fernando Vargas, María Fernando Cabal, Jaime Restrepo, Darío Blandón,
juventudes-restauración nacional) relacionadas con el Procurador aparecen en un video, en el que
nos acusan falsamente, citado por Daniel Coronell en su artículo la huella nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-huella-nazi/342869-3) continuidad de la herencia nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-herencia-del-nazi/341362-3)

[6En sus columnas periodísticas en los diarios El Tiempo y El Colombiano, ha defendido sin pudor alguno a sindicados de crímenes horrendos y atacado a los fiscales que han avocado esos hechos. Ha defendido a los firmantes del Pacto de Ralito (El Colombiano. 31.07.07, pg. 4 a); ha atacado al Fiscal General por acusar a militares en los casos de Jamundí, del ex director del DAS Jorge Noguera; de los ‘falsos positivos’; de las masacres de San José de Apartadó, de Santo Domingo y de Cajamarca (El Colombiano, 27.02.07 ; 06.03.07 y 13.03.07, pgs. 4 a); ha atacado incluso al ex director del DAS Andrés Peñate por tomar posición contra su antecesor Jorge Noguera, ya que éste era hombre de confianza del Presidente Uribe (El Colombiano. 20.03.07, 4 a); ha defendido a la multinacional Chiquita Brands por su apoyo a los paramilitares de Urabá (El Tiempo, 29.03.07, pg.1-23); ha defendido la ‘Operación Fénix’ que violó la soberanía de Ecuador (El Tiempo, 20.11.08, pg. 1-21) y ha apoyado la cuestionada tesis del ex Ministro Juan Manuel Santos de la ‘legítima defensa’ en dicho ataque (El Tiempo, 12.03.09, pg. 1-21); ha tomado partido por versiones que favorecen a sindicados de grandes masacres, contra las evidencias conocidas por todo el país: Jamundí; 19 comerciantes del Magdalena Medio, Wilson Borja, Chengue, Santo Domingo, Drummond, Palacio de Justicia, Mapiripán, La Llorona, los ‘falsos positivos’, Cajamarca etc. (El Tiempo, 28.02.08, pg. 1-21); se ha ido lanza en ristre contra el mismo Presidente Uribe por la destitución de 27 militares acusados de participar en ‘falsos positivos’ y contra el Tribunal de Cundinamarca por prohibir lanzar bombas donde haya población civil (El Tiempo, 12-02.09, pg. 1-21). Su defensa de los militares llega a niveles audaces, desvirtuando arbitraria e irracionalmente todas las evidencias que los señalan como autores o cómplices de los grandes crímenes de Estado. Demuestra que sólo le impresionan, aunque de manera muy abstracta, los hechos violentos de las guerrillas, pero frente a los millones de víctimas de los agentes del Estado y del Para-Estado sólo muestra enervamiento y odio reconcentrado contra quienes los denuncian.

[7El abogado Rafael Nieto Loaiza, defensor del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las "chuzadas" del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta adscrita a la Presidencia de la República hoy en proceso de supresión) para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica. El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como "núcleos de apoyo directo" para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de "Colectivo de Abogados Simón Bolívar". En la documentación hallada por la Fiscalía durante los allanamientos realizados al DAS en el año 2009, se lee que el Colectivo Simón Bolívar sería presentado como una "Organización No Gubernamental de Derechos Humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos". Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas "ONGs". Hasta el año 2004 fue viceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Hace dos semanas Colombia fue condenada por ese caso en la CorteIDH. Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al fuero penal militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos. (Documentación NIZKOR, noviembre de 2012)..

[9Cfr. Restrepo, Juan Diego, Las dos orillas, revista SEMANA.com, enero de 2012

 
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