Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, octubre 23 de 2014
 

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El Nuevo Mecanismo de la Impunidad, la ley de “justicia y paz”

Domingo 26 de junio de 2005

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La reciente aprobación del proyecto de ley de la mal llamada “justicia y paz”, el pasado 21 de junio, como marco jurídico de la institucionalización del paramilitarismo es una afrenta no solo a la sociedad colombiana sino a la conciencia ética de la humanidad. La ley misma, es mas que una ley de punto final o ley de perdón y olvido, experimentada en el cono sur o de los olvidos institucionales generados en el franquismo. En la estrategia publicitaria oficial, la misma pretende mostrarse como el camino expedito de la paz con procesos penales, practicas de verdad y de reparación, es en realidad la reingeniería de la impunidad en coherencia con la espiral de la asunción del paraestado en Colombia, un escaño más en el Estado de Hecho.

No era de extrañar la aprobación de la ley. No podía ser una sorpresa para nadie. Tamaña aberración del Derecho fue aprobada por el congreso, próximamente, sancionada con la firma del Presidente Uribe, su profundo inspirador y simulador, como prenda de garantía del silencio y del olvido. Los factores de poder, aquellos que han usufructuado lo publico, los que lograron cubrir privilegios militares, aquellos que se beneficiaron con la apropiación ilegal de tierras y de territorios; aquellos que han protegido sus inversiones en la extracción de recursos naturales, proyectos de obras de infraestructura y agroindustriales, todos ellos están tranquilos, es la moneda de cambio para encubrir sus responsabilidades en la creación de una estrategia militar, para tapar las bocas de los criminales que actuaron a su favor. Con su aprobación se cierra parte de los ciclos legislativos / jurídicos en la etapa de institucionalización paramilitar. El marco legal es una formalidad de verdad, de justicia y de reparación que pretende blindar las estructuras criminales que nacieron con el Estado de los marcos de la intervención de la jurisdicción universal o del sistema regional y el de la comunidad de naciones, pero también, y por eso tal vez el festejo en Palacio, el precio del silencio para tapar los nombres de personas, de empresas, de políticos, de militares que se han beneficiado de la tortura, del asesinato, de la desaparición forzada, del desplazamiento, de la persecución de personas, de comunidades, de organizaciones sociales, de movimientos populares o de oposición

La ley es algo que simula ser pero no es. Es el vaciamiento de los contenidos de las palabras. Es nombrar los principios de la conciencia ética de la humanidad que diferencia lo sublime de la barbarie para hacer de la barbarie lo sublime. Se usa de palabras con contenidos de principios para hablar con ellas de lo otro, que no son o que no corresponden en coherencia con lo que dicen nombrar. Los nombres no corresponden con lo referenciado. El uso de las palabras es para hacer creer. A ingenuos /opinión publica/, los que habitan en el mundo del espejismo, que hay verdad y que hay justicia. A otros para que puedan justificar que las decisiones económicas de inversión en Colombia, entre otros sectores de cooperación, fortalecen la democracia y el logro de la paz /pacificación/ apoyando la removilización. A otros para argüir que la entrega de armas, el cese de condenas largas, las reparaciones simbólicas y los proyectos de inversión para trabajar victimas y victimarios son los signos de la reconciliación.

En la ley, lo cierto es que no hay confesión plena, que las penas se reducen sustancialmente y se convierten en simbólicas, las QUE se pagaran en granjas agrícolas, (zonas de inversión agroindustrial territorios apropiadas a sangre y fuego. En la ley las reparaciones no pasaran de algunas devoluciones de pequeñas hectáreas de tierra, se dejaran de lado los profundos elementos que comprenden una reparación social y moral. Se pretenderá formalizar en el simulacro de verdad, de justicia y de reparación, el perdón y el olvido, de mas de 14 mil victimas de los últimos 15 años, a lo que es necesario agregar las victimas desde 1.945 y los mas de 3 millones de desplazados

La formalidad de Verdad, de Justicia y de Reparación pretenderá ser eficaz simbólicamente. La ley aprobada el pasado 21 de junio es reingeniería de la impunidad, la simulación de esclarecimiento histórico, sanción penal y reparación simbólica, nueva modalidad de perdón y olvido. La ausencia de consenso en su aprobación, imposición de una mayoría en apariencia, mucha de ella expresión de la paramilitarización, otros movidos en lógicas paramilitares; el desconocimiento de facto de las insistentes preocupaciones de la comunidad internacional; pero sobre todo, el desconocimiento de las víctimas desde el comienzo, desconocidos por el Gobierno del Presidente Uribe, en su política es su gran talón de Aquiles. El desconocimiento de las víctimas de millares de Crímenes de Lesa Humanidad, de Genocidio, de sus voces y sus palabras, evidencian la pretensión de negar la verdad, de ocultar las responsabilidades institucionales no solo de las Fuerzas Militares, Policía, organismos de seguridad, sino en el aparato de investigación, en sectores políticos tradicionales, en los traficantes de drogas, en los empresarios nacionales y a veces también internacionales, en terratenientes y ganaderos. Desconocimiento para tergiversar y convertir a los victimarios en víctimas.

Queda el camino de la constancia, de evitar el abismo de la desesperanza, del ejercicio político y publico desde el Derecho a la memoria. Las victimas o sus familias, la sociedad, la humanidad desde esa condición ética, imborrable, representen un signo en la afirmación legitima de sus derechos, en el reordenamiento del Estado, en campos de la sanción publica, de las objeciones éticas y de constancias y censuras morales, y en la reinvención del aparato judicial, en gestación de comisiones extrajudiciales o judiciales internacionales. Desde ese lugar ético, en el presente y en el futuro se mostrará, que las simulaciones nunca sustituyen la realidad, que el uso de las palabras no transforman las realidades, que la realidades no se suplen con espejos. Esas realidades, negadas en la institucionalización paramilitar, se afincan en los principios que nos distinguen como especie humana y nos permiten hablar con claridad de lo bello y de lo bárbaro. Hoy la paz está mas lejos que cerca, la pacificación ha sangre y fuego ha logrado otro escalón pues lo injusto de la fuerza se ha empotrado como justicia.

Adjunto:

comunicado de Comisión Internacional de Juristas (CIJ) , Human Rights Watch, Michael Frühling, Director OFACONU, Artículos internacionales de The New York Times, The Guardian, Le Monde, entre otros, Artículos de Iván Cepeda, Alfredo Molano. Caricaturas El Tiempo, Semana, El Espectador:

COMUNICADO DE PRENSA
INMEDIATO
23 de junio de 2005

COLOMBIA PERSISTE EN PERPETUAR IMPUNIDAD DE GRAVES CRIMENES

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dijo hoy que la nueva ley de desmovilización aprobada por el Congreso colombiano va a perpetuar la impunidad de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. “El Gobierno dice que la ley de Justicia y Paz permitirá la desmovilización y reinserción en la sociedad de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ. “Pero en realidad, esta ley es un nuevo golpe para las víctimas de los paramilitares. Consolida la impunidad y excluye el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, dijo.

La ley de Justicia y Paz se ha debatido durante casi dos años debido a una fuerte presión internacional y oposición interna. A pesar de esta presión, el texto adoptado queda lejos de ser conforme con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley prevé una pena máxima de cinco a ocho años que no necesariamente tendrá que ser en una cárcel. Por ejemplo, incluso 18 meses pasados por un paramilitar en libertad en la zona de negociación de Santafé de Ralito pueden contar como tiempo de reclusión.

Particularmente preocupante es la falta de incentivos para revelar la totalidad de sus crímenes y el hecho de que, si años después de la “confesión” se descubre que han ocultado hechos, todavía se beneficiarían de penas alternativas. “Amnistías, indultos, y toda otra medida como las que contempla esta ley, garantizando la impunidad de los perpetradores, constituyen una violación de las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional”, dijo Nicholas Howen.

La ley de Justicia y Paz complementa la legislación existente que legaliza la impunidad en Colombia. El Decreto 128 adoptado en enero de 2003 amnistió de facto a la mayoría de los paramilitares. “A pesar de la desmovilización formal de miles de paramilitares bajo ese decreto, siguen operando y cometiendo cientos de crímenes”, añadió Nicholas Howen.

De acuerdo con el derecho internacional, el Estado colombiano tiene la obligación de perseguir, juzgar y castigar a los autores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra con penas apropiadas a la gravedad de los hechos. “La impunidad de estos crímenes es intolerable y si Colombia ha fallado en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, le corresponde a la Corte Penal Internacional y a su Fiscal tomar cartas en el asunto”, concluyó el Secretario General.

Antecedentes

Las AUC declararon un cese al fuego en diciembre del 2002. En enero del 2003, para facilitar la desmovilización de estos grupos, el Gobierno promulgó el Decreto 128. La negociación se inició formalmente en la zona de concentración de Santafé de Ralito (Córdoba) en julio del 2004. Miles de casos de personas desaparecidas o asesinadas por paramilitares fueron reportados desde diciembre del 2002. A pesar de esta violación al cese de hostilidades, miles de paramilitares ya se desmovilizaron en los dos últimos años.

Colombia — Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares

Human Rights Watch

El Congreso debe modificar el proyecto de ley para que exija la confesión y una genuina desmovilización

(Washington, 15 de junio de 2005) — El proyecto de ley para la desmovilización de los grupos paramilitares que el Congreso colombiano empezó a debatir esta tarde en plenarias, dejaría intactas las estructuras de estos grupos, señaló hoy Human Rights Watch.


El proyecto actual hace poco más que servir a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de sus grupos.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


El proyecto reduce radicalmente los plazos para investigar los crímenes de los paramilitares, de tal manera que será prácticamente imposible hacer que los paramilitares rindan cuentas ante la justicia. Aún si llegan a ser condenados, comandantes paramilitares podrían terminar cumpliendo penas reducidas de tan solo dos años por todos sus crímenes, sin tener que confesar, sin revelar lo que saben sobre las redes mafiosas que manejan, y sin tener que entregar la totalidad de sus bienes ilegalmente adquiridos.
"El proyecto actual hace poco más que servir a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de sus grupos," señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Es un mal arreglo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, y sienta un precedente desastroso para negociaciones futuras con otros grupos armados."
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia anunció ayer que buscaría introducir algunas aclaraciones al proyecto, respondiendo a las preocupaciones expresadas recientemente por varios Senadores de los Estados Unidos en cartas al Presidente colombiano Álvaro Uribe. Sin embargo, el texto de estos cambios aún no se ha hecho público.
Human Rights Watch expresó preocupación que los cambios podrían ser tan solo superficiales, sin realmente tocar los graves problemas de la ley. La organización instó al Congreso de Colombia a que le haga cinco cambios fundamentales al proyecto de ley:
• Primero, completamente eliminar las disposiciones del proyecto que (1) le dan tan sólo 24 horas a los fiscales para formular imputaciones en contra de desmovilizados después de recibir sus versiones libres, y (2) limitan el plazo para investigar a 30 días después de formular la imputación. Tales restricciones en los plazos para la investigación prácticamente garantizarían la impunidad, ya que no sería posible recoger suficientes pruebas para lograr una condena.
• Segundo, a cambio de las rebajas de penas, se debe exigir a los líderes paramilitares que ofrezcan una confesión completa y veraz y que entreguen toda la información que tengan sobre la estructura operativa, las fuentes de financiamiento y los bienes ilegalmente adquiridos de sus grupos. Sin estos requerimientos, será prácticamente imposible para el gobierno conseguir la información necesaria para llegar a la verdad sobre las atrocidades cometidas por estos grupos, y para desmantelar sus estructuras.
• Tercero, el proyecto debe disponer que los paramilitares perderán todos sus beneficios si se descubre que le han mentido a las autoridades sobre sus crímenes, operaciones, y fuentes de financiamiento, o si han retenido bienes ilegalmente adquiridos. Esta disposición es esencial para asegurar que los requerimientos de entrega de bienes, confesión, y entrega de información se cumplan.
• Cuarto, el proyecto debe prohibir que los líderes paramilitares obtengan rebajas de penas mediante la desmovilización "individual" hasta que los grupos bajo su mando se desmovilicen totalmente y cesen su participación en atrocidades. Esta disposición es necesaria para asegurar la credibilidad del proceso.
• Quinto, el tiempo que los líderes paramilitares han estado negociando no debe considerarse como tiempo de pena cumplida.
"Si el Congreso realmente quiere desmantelar a estos complejos grupos, entonces tiene que hacer cambios reales, y no solo cosméticos", señaló Vivanco. "Pero si el Congreso aprueba la actual versión del proyecto, condenará a Colombia a la continuación del control y la violencia de las mafias paramilitares", agregó.
Los grupos paramilitares colombianos se encuentran en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha solicitado la extradición de muchos de sus líderes por delitos de narcotráfico. En 2002, estos comandantes empezaron a negociar la desmovilización con el gobierno colombiano con la esperanza de evitar la extradición y largas penas de cárcel en Estados Unidos.
Comandantes paramilitares son responsables de haber ordenado incontables masacres, asesinatos premeditados, desapariciones forzadas y actos de tortura y extorsión a lo largo de las últimas dos décadas. Las tropas bajo su mando son pagadas y financiadas mediante complejas operaciones de narcotráfico y otras actividades ilegales. Dado el poder económico de estos grupos, sus tropas desmovilizadas son fácilmente reemplazadas con nuevos reclutas, y comandantes paramilitares disfrutan de influencia política en gran parte del país.
En enero, Human Rights Watch pidió a los donantes internacionales que condicionaran su apoyo al proceso de desmovilización para la aprobación de una ley en Colombia que pudiera efectivamente desarticular a los grupos paramilitares y que asegurara justicia por las atrocidades cometidas. Tanto la Unión Europea como representantes del gobierno de Estados Unidos han adoptado públicamente posiciones similares.
En una conferencia internacional de donantes en Cartagena en febrero, el gobierno del Presidente Uribe hizo pública una propuesta legislativa que empezaba a abordar algunas de las preocupaciones planteadas por la comunidad internacional, aunque seguía teniendo graves problemas. Después de la conferencia, sin embargo, el gobierno desechó ese proyecto de ley y lo sustituyó con una propuesta diferente. La nueva versión del proyecto es totalmente inconsistente con los estándares articulados por los donantes internacionales. El proyecto ahora está ante la totalidad del Congreso para su aprobación final.

Los derechos de las víctimas y los procesos de negociaciones para superar el conflicto armado

2005-06-23

Intervención del señor Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En el II Encuentro Nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos

En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos agradezco al Comité de impulso de este II Encuentro nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos la invitación a participar en su ceremonia de instalación.
Sea lo primero presentar un respetuoso saludo a todas las personas aquí presentes que han sufrido vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales como consecuencia de conductas criminales que han quebrantado las normas internacionalmente adoptadas en defensa de la dignidad humana y de los bienes jurídicos esenciales de ella derivados.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina en Colombia han estado, están y estarán siempre al lado de las víctimas. Por ello, en cumplimiento de las funciones propias de su mandato han advertido reiteradamente, durante los últimos años, que los procesos de negociaciones para superar el conflicto armado interno deben siempre estar fundados en la verdad, la justicia y la reparación. Sin la verdad no puede haber justicia. Sin la justicia no puede haber reparación. Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional.

Al presentar en abril de este año ante la Comisión de Derechos Humanos su último informe sobre Colombia, correspondiente a 2004, expresó la doctora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

“En aras de avanzar hacia una paz duradera es posible prever beneficios judiciales para los miembros de los grupos armados al margen de la ley que colectivamente dejen las armas y firmen acuerdos de paz con el Gobierno. Sin embargo, es necesario que dichos beneficios dependan del esfuerzo para contribuir de manera efectiva a la justicia, al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, por parte de quienes aspiran a obtenerlos. No deben quedar por fuera las medidas necesarias para el desmonte de las estructuras ilegales que permitieron a esos grupos tener incidencia a nivel social, económico y político en el país. Aliento al Estado a beneficiarse de la asesoría que mi Oficina en Colombia ha venido prestando, y que continúa en disposición de seguir proveyendo en este importantísimo tema. Por el momento, debo expresar mi gran preocupación por el texto del proyecto de ley que actualmente debate el Congreso de Colombia” .

Por su parte, en la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, hecha pública el 21 de abril de 2005, puede leerse:

“La Comisión insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a establecer, tan pronto sea posible, un marco jurídico integral para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados ilegales en el que se reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ese marco jurídico integral permitiría lograr la paz duradera en un entorno de buen gobierno, democracia, y respeto de la legalidad y de los derechos humanos, y avanzar hacia la reconciliación nacional. En ese marco también debería reconocerse el principio de que las personas acusadas de violaciones y abusos de los derechos humanos no pueden gozar de inmunidad judicial” .

Como ya lo ha expresado repetidamente la Oficina que dirijo, en el texto del proyecto de ley “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz”, recientemente aprobado por el Congreso, hay una serie de elementos que no se ajustan a los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas de delitos graves conforme al derecho internacional.

En cumplimiento de su mandato, la Oficina se ha dirigido varias veces al Congreso y al Gobierno de Colombia con el fin de resaltar ante ellos “algunos de los elementos que considera claves y necesarios para resolver adecuadamente la ecuación de una justicia transicional que relaciona los principios de verdad, justicia y reparación con el ofrecimiento de beneficios e incentivos en busca de la paz y de la reconciliación nacional” .

La Oficina considera que un proyecto de ley cuya finalidad sea procurar la desmovilización de los miembros de los grupos armados ilegales debe ajustarse a los principios y las normas internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. Por ende, necesita:

* Resultar compatible con las obligaciones que en el campo de la administración de justicia ha contraído la República de Colombia al convertirse en Estado Parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

* Ser diseñado sin ignorar ni olvidar que Colombia, desde hace mucho tiempo, padece una situación persistente de conflicto armado interno dentro del cual los miembros de los grupos armados ilegales se han involucrado en frecuentes y reiteradas conductas constitutivas de delitos graves conforme al derecho internacional. No pocos de esos delitos caen dentro del campo de los crímenes sujetos a la competencia de la Corte Penal Internacional.

* Tener por destinatarios exclusivos a miembros de grupos armados ilegales que tras haber suscrito acuerdos colectivos con el Gobierno hayan dejado las armas y cesado por completo tanto las hostilidades bélicas como los ataques contra la población civil, por efecto de actos de desmovilización sujetos a permanente control y veeduría.

* No cubrir a personas que individualmente hagan dejación de grupos armados organizados fuera de la ley cuyas actividades delictivas sigan ejecutándose.

* Condicionar el otorgamiento de beneficios judiciales para los procesados —como el de la reducción de la pena o el de la libertad condicional— a que éstos cooperen con el Estado, de modo voluntario y eficaz, en la tarea de esclarecer la verdad, señalar las responsabilidades de carácter penal derivadas de la perpetración de los delitos y recuperar para sus legítimos propietarios los bienes violentamente arrebatados.

* Tener en cuenta las características especiales de los grupos de víctimas conformados por los niños y las niñas, las mujeres, los miembros de los pueblos indígenas y los integrantes de las comunidades afrocolombianas.

* Fijar para las personas condenadas un tiempo efectivo de privación de la libertad que resulte compatible con los principios internacionales sobre la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa de la pena, y que se cumpla sin tratamientos preferenciales en favor de aquéllas.

* Hacer el señalamiento taxativo de las reparaciones que en favor de las víctimas deberán cumplir los responsables de los crímenes y aun, en ciertos casos, el propio Estado.

* No tipificar como delitos políticos conductas que no pueden ser consideradas como un ataque contra el régimen constitucional y legal.

* Negar toda conexidad entre delitos políticos y delitos comunes constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos o de infracciones graves de la normativa humanitaria, como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, el homicidio en persona protegida, la toma de rehenes y los actos de violencia sexual.

* Normar lo referente a la inhabilidad de las personas condenadas para ejercer cargos públicos y formar parte de los cuerpos armados oficiales.

* Establecer mecanismos restrictivos para impedir que los autores o partícipes de gravísimos crímenes puedan llegar a beneficiarse de instituciones como la prescripción, la amnistía, el indulto precoz o el asilo.

Por lo demás, a juicio de la Oficina, para alcanzar la reconciliación nacional y una paz sostenible, enmarcadas en el Estado de derecho, resulta necesario eliminar los factores de diverso orden cuya existencia y permanencia han creado y fortalecido las estructuras ilegales que permiten a los grupos armados al margen de la ley incidir poderosamente en la vida social, económica y política del país. Sólo así podrá garantizarse en Colombia el funcionamiento de una administración pública transparente, el ejercicio libre, igualitario y pacífico de los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad civil, y la no repetición de los hechos de violencia con los cuales se ha victimizado a miles de hombres, mujeres y niños.

Como lo demuestra la dolorosa experiencia de otros países, los procesos de paz o de transición a la democracia no pueden apoyarse en el olvido de los crímenes, ni en la excesiva indulgencia con respecto a los criminales, ni en el menosprecio de lo que las víctimas tienen derecho a exigir en materia de reparaciones. Tales procesos deben desarrollarse dentro de un marco jurídico que permita el esclarecimiento de las atrocidades, la sanción adecuada de quienes las perpetraron y el desagravio pleno para aquéllos que las padecieron.

Todo Estado tiene el deber de tratar a las víctimas con compasión y con respeto por su dignidad y por sus derechos. La obligación convencional de respetar y garantizar los derechos humanos —estipulada en el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos aprobados por Colombia, respectivamente, por las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972— no puede considerarse cumplida cuando las autoridades nacionales adoptan normas de derecho interno cuya aplicación puede abrir el paso a la impunidad.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su voluntad de asesorar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra en cualquier tema relativo a la promoción y protección de sus derechos .

NOTAS:

1.- NACIONES UNIDAS, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, Introducción al “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, (E/CN.4/2005/10), 13 de abril de 2005.

2.- NACIONES UNIDAS, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Declaración del Presidente, Situación de los derechos humanos en Colombia, Ginebra, 21 de abril de 2005, párr. 10.

3.- NACIONES UNIDAS, OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Comunicado de prensa. Sin la verdad no puede haber justicia y reparación, ni paz y reconciliación, Bogotá, junio 13 de 2005.

4.- Ver Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 29 de noviembre de 1996, V,7.,b).

Colombia en perspectiva
24 de junio, 2005

Reacciones a la Ley de Justicia y Paz

A raíz de la aprobación de la controvertida “Ley de Justicia y Paz” en el Congreso colombiano el miércoles 22 de junio, preparamos esta boletín especial con una selección de reacciones internacionales de algunos de los principales periódicos del mundo.

Patricia Vásquez Merchán
ColombiaenPerspectiva@cable.net.co

The Economist
Electioneering begins, The Economist, June 23rd, 2005

Trickier for the president may be his efforts to persuade the paramilitaries, as Colombia’s illegal armies of right-wing vigilantes are called, to disarm. This week the government finally pushed through Congress a law aimed at setting the terms for the demobilisation of the paramilitaries (some 5,000 of a total of 20,000 have already demobilised). Under the law, which could apply to guerrillas in the future, paramilitaries are required to confess their crimes and could face up to eight years’ confinement.

Foreign human-rights groups and some Colombians say the law is too lenient. The paramilitaries are responsible for many brutal massacres of civilians and have close links to the drug trade. The law’s defenders say that tougher penalties would thwart peace, and by prolonging Colombia’s armed conflict, create more victims.

The law may become the object of partisan debate. If it allows the president to demobilise all the paramilitaries by December, as he hopes, that may help his chances. But even if Mr Uribe is allowed to stand, much of Colombia’s political establishment now opposes him and a bruising campaign lies ahead”.

Y el New York Times:

 “Colombia’s Congress approved on Tuesday a law governing the disarmament of the country’s death squads, legislation that permits the demobilization of thousands of fighters but grants generous benefits to paramilitary commanders accused of atrocities and cocaine trafficking.

 A crucial article in the law categorizes ‘paramilitarism’ and related crimes as political crimes, which under the Constitution would protect the commanders from extradition. One of those related crimes is drug trafficking, opponents of the law say, a crime that commanders have readily admitted as a necessity in order to finance their group.

 ‘We want to see the armed groups demobilize, but this law rewards some of Colombia’s worst terrorists and drug traffickers without any assurance that their criminal organizations will be dismantled,’ said Senator Patrick J. Leahy, a Vermont Democrat who is the ranking member on the foreign operations subcommittee and works on Colombia policy. ‘The United States should not lend its support to such an approach.’"

The Guardian:
Colombia looks to warlord for peace, Toby Muse, The Guardian, June 24, 2005

“On Wednesday, congress approved ‘The Justice and Peace Law’, that could lead to thousands of fighters being disarmed. But their paramilitary commanders will not face serious punishment, or extradition to the US. It is expected to be signed into law by President Uribe within days.

La BBC y el Nuevo Herald...

Colombia aprueba Ley de Justicia y Paz, BBC Mundo, 22 de junio, 2005

El hermano del presidente

Más allá del debate sobre la aprobación del proyecto de ley, muchos medios de prensa colombianos destacan la acusación de que el hermano del presidente Álvaro Uribe, Santiago, tuvo vínculos con grupos paramilitares.

En medio de la sesión parlamentaria, el congresista Gustavo Petro aludió a investigaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía sobre la creación de grupos paramilitares en el noroeste del país en la década pasada.

Tras lanzar la denuncia en la sede legislativa, el legislador dijo que algunos testimonios recogidos en los procesos bajo la gravedad de juramento coinciden en afirmar que el centro de operaciones del grupo paramilitar "Los Doce Apóstoles" que, después se insertó en la AUC, fue una finca que era administrada por el hermano del actual presidente”.

The Houston Chronicle …
“’The paramilitaries must be thrilled,’ said Maria McFarland, a Colombia researcher for Human Rights Watch and a fierce critic of the new law. "It’s really a fantastic deal for these guys." … The new law, these critics say, leaves the paramilitaries’ underworld network intact, because it lacks the teeth to confiscate the ill-gotten wealth of commanders and does not require them to provide full confessions or details about their illicit activities”. Colombia’s peace, justice law may bring neither, John Otis, The Houston Chronicle, June 23, 2005

Y más de Le Monde:
La loi "Justice et paix" a été votée: Le Congrès colombien a adopté, mercredi 22 juin, la loi dite "Justice et paix" , après dix-huit mois de polémiques. Destinée à favoriser ladémobilisation et la réinsertion sociale des groupes paramilitaires d’extrême droite, la loi pourrait servir également pour les guérillas d’extrême gauche. Depuis deux ans, le gouvernement négocie avec les paramilitaires, dans la perspective d’une démobilisation totale de leurs 17 000 hommes d’ici à la fin 2005. La peine maximale pour les crimes commis par les combattants irréguliers est de huit ans de détention. Le haut-commissaire pour la paix, Luis Carlos Restrepo, a déclaré qu’il dispose désormais d’un instrument juridique pour négocier "un échange humanitaire" entre les otages de la guérilla et les guérilleros détenus. Dans le sud de la Colombie, l’armée s’est engagée dans une guerre d’usure contre les FARC, Le Monde, 23 juin 2005

Víctimas, víctimas, víctimas

Alfredo Molano Bravo
Cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero sugirió en borrador la posibilidad de una negociación con Eta, Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución Española de 1978 y hoy Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, exigió inmediatamente oír en primer lugar a las víctimas y se reunió al efecto con todas las asociaciones que las representan. La decisión era apenas lógica. Si la cosa es entenderse con los victimarios, se cae de su peso la obligación de oír ante todo a las víctimas, y hacer valer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación como un elemental deber del Estado.

En Colombia, como ha sido dicho y repetido, a las víctimas se les desconoce, y se les ignora. Aunque el engendro jurídico llamado de Justicia y Paz aprobado por las mayorías de que habla la representante Parody, se refiere formalmente a las víctimas, no hubo una sola reunión del Gobierno con ninguna de las 430 asociaciones que existen en el país. La razón es simple: sólo son considerados víctimas los secuestrados por la subversión y los soldados mutilados por las minas. El gobierno de Uribe busca borrar los nombres de la gente destrozada por las motosierras paramilitares, de los miles de desaparecidos que sin duda estarán enterrados en fosas comunes o cuyos cuerpos nunca aparecerán porque fueron botados a los ríos; y ni para qué hablar de los millones de desterrados de las tierras que hoy aumentan el patrimonio de grandes palmeros, reconocidos ganaderos y patrióticos bananeros.

Las víctimas, además de humilladas, han sido timadas. Pedirles que sacrifiquen su dolor para hacer la paz es una falacia calculada. La impunidad no lleva a la reconciliación. Por el contrario, es una causa activa de la guerra. Una paz que no beneficie a las víctimas y que no haga justicia, es la raíz de una nueva guerra. ¿Acaso la amnistía y el indulto decretados por Rojas Pinilla, que excluyó al Partido Comunista –y a sectores vinculados a él– no ayudan a explicar las Repúblicas Independientes y el nacimiento de las Farc? ¿Acaso el indulto a los miembros de la fuerza pública que “se hubieran excedido en el cumplimiento de su deber” como decía el decreto del 53, no fue una garantía que permitió la organización de las tenebrosas Guerrillas de Paz y la acción criminal de los Pájaros, comandados por Ángel María Lozano, el célebre Cóndor? La continuidad y transformación de la violencia de los años 50 en la guerra irregular que hoy vivimos, tiene un eslabón de acero: la impunidad. En el fondo es una confesión de la participación del Estado en el terror y a la vez la renuncia tácita a detener la máquina de la guerra sucia. ¿No está detrás de esta estrategia el argumento de Luis Carlos Restrepo y Vicente Castaño de que si el Gobierno no hace lo que los paramilitares quieren, éstos regresan a la motosierra? Esa amenaza no cesará con la ley, antes bien, la fortalece y prolonga. Lo que se acaba de aprobar no es un paso hacia la paz, es la legalización de la palanca de la guerra.

La impunidad traiciona hasta a sus mismos protectores, como en el patético caso del Sr. Caramagna, un verdadero calanchín del Gobierno, puesto ahí para vigilar el cese al fuego y que, de golpe, se vio delatado por la denuncia del mismísimo Alto Comisionado de las 450 violaciones a ese acuerdo. Si los arreglos, secretos o públicos, no son respetados en medio de las conversaciones, nada garantiza que lo sean después. La jugarreta que el Gobierno montó para proteger a Don Berna y preservarlo de la extradición, anuncia –y publicita– lo que se viene con la ley de justicia y paz. De hecho, el Gobierno ha optado por apadrinar a los victimarios dejando tiradas las víctimas a su propia suerte.

El jueves y el viernes pasados en el Segundo Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, ante la mirada atónita de los asistentes, delegados internacionales y personalidades, se oyó una sola voz: los crímenes no sólo no cesan sino que se hacen extensibles a los familiares, amigos y vecinos de las víctimas. Mientras tanto el Gobierno celebraba la marrulla del pupitrazo que aprobó la legitimación de la impunidad. Ahora la Corte Constitucional tiene la palabra. En 180 días debe pronunciarse sobre la exequibilidad o no de la norma. Pero en esos 6 meses el Gobierno podría absolver de hecho a la gran mayoría de implicados en los crímenes que la sociedad imputa a los paramilitares. Recogerlos después será como tratar de echar atrás un río.

Movimiento contra la impunidad

Iván Cepeda Castro

El banco de datos de violencia Política del Cinep publicó recientemente un informe titulado Deuda con la humanidad, en el que se presenta un recuento pormenorizado de 14.476 crímenes cometidos por agentes estatales y miembros de grupos paramilitares en el período 1988-2003. Además de la exposición detallada de miles de hechos atroces, la publicación contiene una serie de estudios analíticos sobre la historia de los grupos paramilitares y su relación con diversos estamentos del Estado colombiano. En algunos de ellos se citan manuales del Ejército, que datan de las décadas de 1960 y 1970, en los que se dan instrucciones precisas sobre la necesidad de armar civiles y de emplear toda clase de métodos irregulares contra “la población civil simpatizante” del enemigo. En otros de los estudios se muestra la relación de unidades de las fuerzas militares y de policía con la aplicación de diversos modelos de paramilitarización de zonas y territorios del país. Se trata de un texto de necesaria referencia para el debate actual acerca de la verdad histórica del paramilitarismo y sobre la naturaleza de los crímenes que deja en la impunidad la ley llamada de “Justicia y Paz”.
Entre los millares de casos que reseña el informe, en la página 168 se hace alusión a denuncias de las organizaciones campesinas de Antioquia sobre “desapariciones” y homicidios cometidos por los paramilitares contra trabajadores de la hacienda La Mundial, que perteneció al presidente Álvaro Uribe Vélez. El informe señala que, el 16 de noviembre de 1996, los paramilitares se llevaron por la fuerza de allí al trabajador Dairon Olarte Castaño, sin que hasta hoy se conozca su paradero. En esta hacienda se presentaron permanentes conflictos laborales que dieron lugar a la organización de los trabajadores. En 1978, ante la imposibilidad de acabar con el sindicato, Uribe Vélez decidió donar la propiedad a las familias que laboraban allí. No obstante, como dice el informe, luego de la donación “sobrevino una brutal represión militar y paramilitar contra dichas familias”. El Ejército acusaba a los trabajadores de “haberle robado la finca al doctor Uribe”. En esa denuncia se indica, asimismo, que otras dos propiedades del Presidente, las haciendas San Cipriano y Guacharacas, fueron tomadas como base de operativos de la Brigada 14 del Ejército, que conllevaron graves violaciones a los derechos de la población y hechos de connivencia con los grupos paramilitares de la región. Según lo señalan las organizaciones campesinas locales hasta 2002, año en que se posesionó el Presidente, el número de víctimas de homicidio y “desaparición” dentro de este mismo caso colectivo llegaba a 12 personas.
Si se toman en consideración las repercusiones que puede tener la dilucidación plena de crímenes como estos, se entiende bien el porqué de los obstáculos que se quieren poner al esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia, y de sus nexos con las élites políticas.

Desde hace varias décadas las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos vienen documentando esta clase de situaciones. Un nuevo paso en este proceso de resistencia a la impunidad es la conformación del Movimiento Nacional de Víctimas y Sobrevivientes de Crímenes de Estado, que tiene lugar este fin de semana en un encuentro que llevan a cabo sectores que han sido sometidos a graves violaciones a los derechos humanos y a procesos de exterminio físico y social. Este movimiento surge como respuesta a la ley de impunidad que pretende silenciar la verdad de crímenes como los de la hacienda La Mundial.
fm_cepeda@yahoo.fr”

Bogotá, D.C., 26 de junio de 2005

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