Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, septiembre 29 de 2016
 

Medios

Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras

Verdad Abierta

Martes 11 de febrero de 2014

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Con la captura de cinco directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, entre ellos su actual gerente, Carlos Sotomayor Hodge, habitantes del Norte de Urabá esperan que se aclare el vínculo de esta entidad con el despojo de tierras más grande cometido en Antioquia.

Un gran avance acaba de dar la justicia en aras de esclarecer uno de los despojos de tierras más grande cometido en el norte del Urabá antioqueño. Miembros de Policía Judicial capturaron en operativos realizados de manera simultánea enMontería, Medellín y Bogotá al actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor Hogde; el máximo accionista de esta misma entidad, Benito Molina Laverde; y los exdirectivos Orlando Fuentes Hessén y Luis Gallo Retrepo.

En el mismo operativo también fueron detenidos Guido Vargas y Marco Fidel Funnieles, quienes estuvieron involucrados en la compra bajo presión de miles de hectáreas en el Urabá antioqueño en complicidad con Sor Teresa Gómez Álvarez, quien también fue involucrada en esta investigación según conoció VerdadAbierta.com. Asimismo, fue aprehendido el Notario Tercero de Montería, Miguel Puche Yáñez. (Ver: Sor Teresa Gómez y la ambición por la tierra)

Todos ellos deberán enfrentar cargos por lavado de activos, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Las capturas se dan luego de las declaraciones entregadas a la Fiscalía por Benito Osorio Villadiego, exgerente de la Entidad y quien también rinde cuentas ante la justicia por estos mismos delitos.

En su versión, el exgerente señaló que Molina Laverde, ganadero de origen mexicano y máximo accionista del Fondo Ganadero de Córdoba, había adquirido el compromiso con el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño para hacerse a tierras en el norte del Urabá antioqueño y que para ello utilizó al Fondo Ganadero de Córdoba, tal como reveló VerdadAbierta.com en un artículo publicado a comienzos de 2014. (Ver: Compra irregular de tierras en el Fondo Ganadero de Córdoba)

En noviembre del año anterior, Osorio Villadiego ratificó en entrevista concedida a VerdadAbierta.com que las compras de tierras efectuadas por el Fondo Ganadero de Córdoba durante 1998 y 2000 obedecieron a “un compromiso adquirido por el entonces presidente de la junta directiva del Fondo, Benito Molina, con el señor Vicente Castaño, para comprar tierras en zonas de influencia de las Auc. Esto motivado para que al señor Molina no le invadieran una finca muy bien ubicada en zona rural del corregimiento Mulatos de Necoclí, donde no generaba ningún puesto de trabajo, convirtiéndole en un lote de engorde”.

El negocio en cuestión era nada menos que la compra de más de 4.000 hectáreas en la zona conocida como Tulapas, en jurisdicción de los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá. Según lo pudo reconstruir VerdadAbierta.com, Molina Laverde le insistió a la Junta Directiva del Fondo para que compraran tierras en el Urabá antioqueño. La Junta autorizaría la adquisición de los predios en reunión sostenida en 1997 y se estableció no pagar más de 350 mil pesos por hectárea. La decisión quedaría plasmada en el acta 1.084 del 1 de diciembre de dicho año. (Ver: Las tierras que podrían enredar al Fondo)

“La Junta no se opuso porque también quería comprar tierras que no pasaran de los 500 mil pesos hectárea máximo. Y eso no se conseguía en ninguna otra parte que no fuera el Urabá antioqueño. Y cuando se hablaba del Urabá, no se podía desconocer ni ocultar la realidad que vivía la zona: que era una tierra de dominio de las Autodefensas”, manifestó Osorio Villadiego a VerdadAbierta.com.

Según consta en el acta en mención, entre los directivos del Fondo que aprobaron las compras de tierras se encontraban Luis Gallo Restrepo, Benito Molina Laverde, Orlando Fuentes Hessén, Bernardo Vega Sánchez, Carlos Sotomayor Hodge y el directivo suplente Carlos Cabrera Guerra. Como secretaria estuvo Leonor Espitia Pérez. Según Osorio Villadiego, una vez tomada la decisión él personalmente visitó varias zonas del Urabá antioqueño en compañía de varios miembros de Junta Directiva y de Sor Teresa Gómez, mujer cercana a los hermanos Castaño Gil, actualmente detenida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá donde purga una condena de 40 años por el asesinato de la líder cordobesa reclamante de tierras, Yolanda Izquierdo. (Ver: Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez)

“Las primeras tierras que se vieron por iniciativa de Benito Molina fueron en cercanías al Urabá chocoano, cerca del río Sucio, muy mojadas y lejos. A esas tierras fuimos con Sor Teresa Gómez, una señora muy reconocida en círculos políticos, sociales y gremiales en el departamento de Córdoba, con oficinas frente al comando de la policía departamental en Montería”, recordó el ex gerente, quien añadió que tras conocer las diferentes opciones para comprar tierras, la Junta Directiva del Fondo se decidió por hectáreas en los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, lo que posteriormente se conocería como la Hacienda Tulapa.

De acuerdo con Osorio Villadiego, en la decisión también pesó el vasto conocimiento que sobre la región tenían varios directivos del Fondo: “Había tres directivos que tenían propiedades en Urabá. Uno, el doctor Benito Molina; el otro, el doctor Luis Bernardo Vega Sánchez, un ganadero cordobés muy pujante que desafortunadamente ya falleció. Y el tercero era el representante en ese entonces del Ministerio de Agricultura en el Fondo: el doctor Carlos Sotomayor Hodge, hoy gerente de la entidad”.

¿Notario involucrado?
Tal como lo consignó VerdadAbierta.com en un reciente informe, existen versiones encontradas entre Benito Osorio Villadiego y directivos que integraron la Junta Directiva del Fondo en los años en que se autorizaron las compras de tierra, como Luis Gallo Restrepo, sobre el papel que tuvo Sor Teresa Gómez en este negocio y por el cual hay ya cinco miembros de esta entidad ganadera bajo investigación.

Por un lado, mientas Osorio Villadiego insiste que fue la Junta Directiva quien comisionó a Sor Teresa para la compra de tierras, Gallo Restrepo sostiene lo contrario, argumentando que dicha decisión no figura consignada en acta alguna aunque sí reconoció que la mujer cercana a los hermanos Castaño sí representó a varios vendedores.

Lo que sí es claro, y de ello dan cuenta las 170 denuncias que hoy reposan tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en la Unidad de Justicia y Paz y los Juzgados Especiales de Tierras, es que entre los años 1998 y 200 Sor Teresa Gómez presionó y amenazó a cientos de campesinos desplazados de la región de Tulapas para que malvendieran sus tierras, muchas de las cuales terminaron en propiedad del Fondo Ganadero de Córdoba. De hecho, el 25 de agosto de 2000 aparece un acta en la cual el gerente del Fondo, Osorio Villadiego, informó que los propietarios de 46 predios habían dado poder a Sor Teresa Gómez para negociar los predios directamente con la institución. En esa junta, el gerente pidió autorización para pagarle los predios a Gómez quien, a su vez, le cancelaría el dinero a los campesinos.

Según le declaró Gallo Restrepo a este medio de comunicación, “muchos de los miembros de la junta no sabían que ella trabajara con los Castaño”, razón por la cual no despertó ninguna suspicacia el hecho de que ella recibiera los pagos de los campesinos, a pesar que su relación con los máximos jefes del paramilitarismo era más que notoria.

En la legalización de los predios adquiridos por el Fondo jugaron un papel importante el Notario Tercero de Montería, Miguel Puche Yáñez; y la funcionaria del Incoder, María Victoria Cadavid. En el primer caso, todos los trámites notariales relacionados con la compra de tierras por parte del Fondo se llevaron a cabo en el despacho de Puche Yáñez, según Osorio Villadiego, “por una determinación tomada por Carmelo Esquivia, asesor jurídico del Fondo. Él me preguntó si tenía alguna objeción y yo le dije que no, pues que las hiciera allí. Yo entiendo que porque eran amigos, vivían en el mismo barrio, pero eso es subjetivo”.

En el caso de Cadavid, Osorio Villadiego le explicó a VerdadAbierta.com que dado que la mayoría de los predios de la finca Tulapa no tenían títulos formales, se requirió realizar un dispendioso trabajo para formalizar y traspasarlos al Fondo, y que en dicha labor fue vital la asesoría brindada por esta mujer, que para esos años se desempeñaba como funcionaria del Incoder regional Antioquia.

“Ella era funcionara del Incora Antioquia, entidad que fue determinante para legalizar los predios adquiridos sin predio ni escritura (...) El Incora Antioquia se comprometió a entregar el mapa de Tulapas, incluyendo las tierras que están dentro de esta Hacienda y que no hace parte del Fondo Ganadero de Córdoba. El 4 de abril de 2003 la señora María Inés pasó cuenta de cobro al Fondo Ganadero por valor de 9 millones de pesos por concepto de levantamiento planimétrico de 120 predios adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba, en el corregimiento San José Mulatos, Turbo”, le declaró el exgerente de esta Entidad a VerdadAbierta.com.

En la misma entrevista Osorio Villadiego reconoció que se compraron predios sin títulos. “Eso fue un pecado del notario, del registrador y del abogado que hicieron las escrituras. Compraron y firmaron escrituras sobre predios que tenían restricciones. La mayoría de esas negociaciones las hizo el Incora”, dijo en aquella ocasión. Por su parte, el ex directivo del Fondo, Gallo Restrepo, explicó que algunas de las propiedades adquiridas tenían falsa tradición, por lo que algunas de las compras de predios se hicieron con promesas, pero sujetas a que la titulación se aclarara, de ahí que hayan acudido a una funcionaria del extinto Incora. “Queríamos que se titulara correctamente y la autoridad del caso es el Incora”, señaló.

Los negocios con la tierra
La legalización de los predios le permitió al Fondo celebrar contratos con entidades del orden gubernamental como la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), con la que firmó el contrato 2152 del 28 de octubre de 2005, mediante el cual se entregó en usufructo 500 hectáreas de la hacienda Tulapa para reforestación mediante la siembra de teka.

Sergio Trujillo Turizo, actual gerente de RIA, le dijo a este medio desconocer cómo se dieron los contactos entre esta empresa y el Fondo, pues él no estaba para la época en la Reforestadora y quien hizo el negocio fue el anterior gerente, Gonzalo Bernal, pero defendió la actuación de buena fe de su antecesor.

“Me imagino que Gonzalo pensó que era una relación institucional entre RIA y el Fondo Ganadero, y no creo que se haya imaginado que el negocio con el Fondo iba a tener un enredo de esta naturaleza”, aseveró Trujillo, quien confirmó que la relación comercial entre las dos empresas aún continúa y hoy se tienen sembradas 1.500 hectáreas de la hacienda Tulapa.

Trujillo Turizo aclaró que RIA no compra tierra, sino que le ofrece participación en el negocio de la reforestación al dueño del predio, tal como hizo con el Fondo. El funcionario confirmó que dada la confianza que se tenían entre unos y otros no se hizo escritura de usufructo de lo que se llama “vuelo forestal”, y cuando se solicitó que se finiquitaran surgieron problemas con la titulación de algunos predios.

Otro de los proyectos suscritos por el Fondo Ganadero de Córdoba con las tierras de la Hacienda Tulapas fue el cultivo de caucho, que para la época venía impulsando Incuagro, una incubadora de proyectos agrícolas financiada por la Presidencia de la República y el Fondo de Inversión para la Paz, bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En el Urabá antioqueño Incuagro buscaba apoyar esfuerzos de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, particularmente del Bloque Elmer Cárdenas, comandados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.

Fue así como el 21 de octubre de 2005, Osorio informó a la Junta Directiva de la visita realizada por Incuagro para un eventual proyecto de siembra de caucho en la hacienda Tulapa. En esa ocasión, tal como se procedió con RIA, se solicitó un estudio para determinar en qué zonas se podría desarrollar el proyecto, el cual fue realizado por la firma Proforest. El análisis del terreno demostró que de 593 hectáreas calificadas como aptas para plantar caucho, sólo 291 tenían excelentes condiciones.

Tras varios meses de reuniones entre los directivos del Fondo y representantes de Incuagro, se decidió entregar en usufructo unas 400 hectáreas de la hacienda Tulapa “con la posibilidad que la Asamblea General de Accionistas ordene dar las tierras como capital de riesgo para que el Fondo Ganadero de Córdoba entre como accionista de las empresas Productora de Caucho de Uraba S.A. y/o Productora de Caucho de Tierralta S.A. de las cuales Incuagro es socio mayoritario en un 80 por ciento”, según se dejó constancia en el acta 1159.

Los proyectos de Incuagro en el Urabá antioqueño estuvieron rodeados de una sombra de ilegalidad, pues se ha sospechado que en ellos tuvieron una fuerte injerencia grupos paramilitares en vía de desmovilización para esa época, como el Bloque Elmer Cárdenas, que dejó sus armas en agosto de 2006.

La preocupación de alias ‘El Alemán’ era el futuro de los combatientes bajo su mando una vez abandonaran el grupo ilegal. (Ver: ¿Proyecto de caucho en tierras despojadas?) Al respecto, Osorio resalta que en ese momento y tras esas decisiones “había conflictos de intereses de miembros de la junta directiva para complacer a las autodefensas”.

A la fecha, el Fondo Ganadero de Córdoba tiene problemas para demostrar los títulos de propiedad de por lo menos 310 hectáreas que, al parecer, corresponden a unos 15 predios. Por su parte, Carlos Páez, director de Tierra y Vida, organización no gubernamental que lidera procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño confirmó que en la región de Tulapa hay reclamación de predios y los casos están en diferentes instancias judiciales.

“Algunas están ante la justicia ordinaria, otros ante Justicia y Paz y unos más ante jueces especializados de restitución de tierras”, dijo Páez, quien precisó que se están midiendo 47 predios dentro de los procesos de restitución. Finalmente, fuentes de la Superintendencia de Notariado y Registro confirmaron que después de dos años de investigación y de determinar algunas irregularidades en la compra de predios en Tulapa, esta entidad determinó revocar administrativamente la propiedad sobre 107 predios que tenía sobre ellos el Fondo Ganadero de Córdoba.

Ahora, la decisión de la Fiscalía siembra muchas más dudas sobre la transparencia con la que el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió tierras en el Urabá antioqueña; tierras que hoy no solo reclama un centenar de campesinos que dicen haber sido despojados sino que también se encuentran bajo la lupa de las autoridades.

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