Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Domingo, septiembre 25 de 2016
 

Informe

Miércoles 9 de diciembre serán desalojadas familias del Tamarindo

Barranquilla Galapa

Viernes 4 de diciembre de 2015

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A pesar de la solicitud especial de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales elevada a la Inspección Cuarta y la Secretaría de Gobierno de Barranquilla para suspender la ejecución del desalojo policivo de las familias desplazadas en el Tamarindo, Atlántico, hasta que haya un pronunciamiento de fondo por la Corte Constitucional, se conoce que la Inspección y la Alcaldía realizarán el desalojo.

El pasado viernes 27 de noviembre la comunidad ubicada en el predio El Mirador, -antiguo Tamarindo, fue notificada de la fecha del desalojo para el viernes 4 de diciembre, diligencia que fue suspendida en horas de la mañana y en horas de la tarde fue informada la comunidad que el próximo miércoles 9 de diciembre se realizará el desalojo.

Un fallo policivo proferido el 23 de julio por Edgar Barros, Inspector Cuarto Urbano de Barranquilla, resolvió el conflicto a favor del presunto propietario, la empresa Inversiones Agropecuarias Los Turpiales S.A.S., y ordenó a los ocupantes de buena fe, 79 familias que allí habitan desde hace más de 10 años a abandonar sus tierras.

El Fallo apelado no ha sido resuelto. Los vicios de nulidad como la falta de competencia del Inspector Barros por inhabilidad y la falta de motivación de la decisión son parte de la fundamentación de los representantes de las víctimas.

La comunidad ha venido exigiendo a las autoridades competentes, la construcción de un plan de reubicación para las familias víctimas o en condición de vulnerabilidad, que cumpla con los requisitos constitucionales de seguridad, voluntariedad y dignidad.

El pasado 14 de octubre en reunión con la Unidad Nacional de Víctimas, el Distrito de Barranquilla, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo y el representante de Inversiones Agropecuarias se acordó iniciar la construcción de un protocolo de reubicación a partir de la entrega de 30 hectáreas a las familias de Asotracampo.

Ante los compromisos incumplidos en múltiples escenarios, la comunidad presentó una acción de tutela pidiendo la reubicación con garantías, la cual fue negada. Esta tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional el pasado 26 de noviembre y es sobre esa misma decisión que aún no se conoce, que la Defensoría pide el aplazamiento de la diligencia de desalojo.

Bogotá, D.C. 4 de diciembre de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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