Continúan los actos intimidatorios; ataque a carro de defensor de Derechos Humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la simultaneidad de actuaciones contra nuestra organización con técnicas de diverso tipo difamaciones, calumnias, acusaciones sin fundamento, seguimientos, intimidaciones, ataques a medios de protección acompañados de dinámicas de revictimización contra las organizaciones de víctimas como las mujeres de Turbo y de los consejos comunitarios de Cacarica, asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica, CAVIDA, que acuden ante instancias internacionales en el Sistema Interamericano y a comunidades que desde las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad participan en demandas nacionales e internacionales.

Nuestra Constancia Histórica ante la intimidación y seguimiento del que ha sido blanco el sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz, durante los últimos días, luego de dar declaraciones a medios de información sobre los obstáculos y mecanismos inconfesables, no sancionados de funcionarios del gobierno de Uribe y de su círculo cercano que imposibilita una actuación en derecho para la devolución de predios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó. Estas actuaciones se han realizado durante el segundo semestre de 2012 contra este defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA y ABILIO PEÑA, y el sacerdote JAVIER GIRALDO S.J., del CINEP.

Nuestra Constancia Histórica ante la deslegitimación de nuestra labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato que se pretende mostrar como parte de una estrategia de las FARC y con señalamientos, difamaciones y calumnias focalizados contra DANILO RUEDA por fraude procesal y ofrecimiento de recursos de 100 millones de pesos, (55 mil dólares) para declarar por la responsabilidad de militares y paramilitares en desarrollo de la operación “Génesis” en Cacarica

Ante ustedes los fundamentos fácticos de esta Constancia:

* Lunes 11 de febrero a eso de las 7:30 a.m. a las afueras de la residencia del sacerdote ALBERTO FRANCO, dos hombres desde un Mazda Cupe 323 gris oscuro de placas BAV 758 vigilaron su salida del lugar.

Testigos indicaron que uno de los sospechosos se bajo del vehículo para continuar la observación, al ser descubierto se subió de inmediato en el motor y partieron.

Una situación similar de seguimiento y control del movimiento del vehículo en el que se transporta el defensor de derechos humanos se realizó el 30 de enero en horas de la mañana.

* Lunes 11 de febrero a las 9:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció una comunicación dirigida a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, USAID Colombia acusándonos de fraude procesal y de representar a las FARC en instancias internacionales. Sostiene la comunicación que los desmovilizados alias “Samir” y “Karina” operaron bajo las órdenes de nuestra organización para la comisión de asesinatos.

En el mismo escrito, aseveran que DANILO RUEDA forzaba bajo prebendas a los desplazados a declarar en contra de la brigada 17 “(…) Nos decían en el coliseo de Turbo Danilo Rueda que declarara en contra de la brigada 17 y en contra de Maderas del Darién (S.A) y en contra de los paramilitares porque nos iban a dar a cada familia 100 millones de pesos para que declaráramos”.

En la comunicación, se realizaron graves señalamientos en contra de tres funcionarios de la administración del presidente SANTOS, imputaciones que develan una presunta omisión del Estado en su deber constitucional de brindar seguridad.

El escrito de manera dolosa afirmó que las acciones militares en el marco de la Operación Génesis no afectaron a las comunidades del territorio colectivo del Cacarica “(…) La operación Génesis fue en la loma del Salaquí y llego hasta Domingodó pero a la comunidad no les pasó nada, no es como dicen que fue en Cacarica (SIC)”.

Estas afirmaciones son similares en algunos apartes de sus contenidos a los presentados en sus alegaciones por el gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso MARINO LÓPEZ (O Génesis) y otros en esa instancia internacional.

Por otra parte en desarrollo de la Audiencia ante la Corte Interamericana por el Caso MARINO LÓPEZ y otros, los testigos y víctimas, BERNARDO VIVAS y MARINO LÓPEZ, de acuerdo con valoraciones de expertos psicosociales y abogados internacionalistas, fueron revictimizados. Adicionalmente a los testigos se les pretendió mostrar como testigos falsos declarándose como desplazados en otra región del país.

* Lunes 11 de febrero en la ciudad de Medellín en el proceso 3856 que se sigue contra empresarios palmeros, las víctimas y testigos citados
a declarar MIGUEL HOYOS, JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA y LUIS FERIAS fueron atacados por los abogados de la defensa sin consideración alguna de su identidad rural y del temor fundado no solo de comparecer ante un tribunal, si no en particular, ante la continuidad de operaciones paramilitares y empresariales en sus territorios por las represalias que puedan sufrir. Las víctimas fueron tildadas como incoherentes, mentirosas y en el trasfondo sindicadas de colaboradores de la guerrilla.

* Martes 12 de febrero en la ciudad de Medellín en desarrollo de las audiencias de juicio en el marco del proceso 3856, el Procurador como representante del interés público solicitó que JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA, una de las víctimas que decidió declarar, fuera llevado a Medicina Legal para corroborar su estado de salud mental. La valoración y solicitud del Procurador desconoció las identidades de las víctimas rurales, los temores fundados y la sistematicidad de contra interrogatorios a las víctimas como si fueran victimarios.

En la misma sesión, ISMAEL DE JESÚS ARROYO MEDINA, ex trabajador de URAPALMA, señalo que el proyecto de palma del Curvaradó y Jiguamiandó había contado con el apoyo del ex gobernador GUILLERMO GAVIRIA, ex funcionarios del INCODER, de JAVIER DAZA y LUZ MARINA VALDERRAMA.

Por otra parte, ISMAEL afirmó que ocupó las tierras de Camelias, Curbaradó, para siembras de banano para la empresa Banacol.

Arremetió finalmente contra nuestra organización afirmando el temor a ser asesinado o desaparecido por que éramos el brazo político de las FARC.

* Miércoles 13 de febrero siendo las 7:50 a.m., en la ciudad de Bogotá, mientras el esquema de seguridad del sacerdote y defensor de derechos humanos, ALBERTO FRANCO, realizaba actividades de inspección sobre el entorno del lugar de habitación del defensor de derechos humanos, el vehículo que hace parte del esquema fue impactado en tres ocasiones en el vidrio panorámico, al parecer se estaban probando el nivel de blindaje del automóvil.

Según el informe preliminar de la SIJIN, (Policía Judicial) el impacto fue generado con arma de fuego, por el nivel del rastro dejado en el vidrio panorámico blindado del vehículo del esquema de protección. Además, de acuerdo con la SIJIN el arma utilizada se encontraba con silenciador.

Nuestra Censura Ética ante los indicios ciertos de una intimidación que puede derivar en un ataque directo en contra de la vida e integridad del defensor de derechos humanos y sacerdote ALBERTO FRANCO y ante la continuidad de los señalamientos y aseveraciones dolosas por parte de los mismos sujetos implicados desde el 2008 en las campañas de desprestigio y montajes judiciales en contra de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el plan orquestado entre RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y FERNANDO LONDOÑO HOYOS.

Nuestra Censura Ética ante operaciones que continúan sustentándose en mentalidades en que se concibe a los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz como enemigos de la democracia, de los militares por exigir actuaciones en derecho y el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral conforme a los estándares internacionales y a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas administrativas para desestructurar una mentalidad que continúa justificando ataques a las víctimas y defensores de derechos humanos con el inconfesable propósito de asegurar la impunidad de estructuras criminales que operan al interior de instituciones de la fuerza pública y de sectores empresariales privado que se han beneficiado de sujetos putrefactos en el ejercicio del derecho a la guerra.

Nuestra Censura Ética ante la impunidad en que se encuentran la multiplicidad de ataques en contra de las y los defensores de derechos de nuestra Comisión de Justicia y Paz que vienen desde el año 1996 hasta la fecha, sin que ni un solo ataque haya sido investigado con celeridad, con contexto y carácter sistemático.

Nuestra Censura Ética ante la actitud desconsiderada, descontextualizada, inhumanizada con que se aborda a los testigos, a las víctimas, ellas todas con lógicas de prepotencia, para defender intereses inconfesables, más allá del derecho y de la defensa ciega de las instituciones. ¿De qué sirve una ley de víctimas y de restitución, cuándo las víctimas son descalificas, sometidas al escarnio por no responder a los moldes de una construcción jurídica de pruebas sin contexto con irrespeto a las identidades socio culturales? Una cosa es el debido proceso en la defensa que se debe hacer del Estado y de los imputados y otra cosa el sometimiento a las víctimas a una persecución implacable, y de operaciones psicológicas en los estrados judiciales.

Actitudes judiciales de agentes estatales que se suman en el caso de Cacarica, de las viudas de Turbo y de las comunidades de Curbaradó al riesgo y temor fundado permanente por las operaciones paramilitares y hostigamientos contra las viudas que protegen un Monumento elaborado por ellas con sus propias manos en el coliseo de Turbo, los ataques directos y amenazas en Tumaradó contra las comunidades de Cacarica y la continuidad de hostilidades entre las Fuerzas Militares y las FARC, y las operaciones empresariales, ocupantes de mala fe, y paramilitares contra los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Nuestra Censura Ética ante la dilación de la Unidad Nacional de Protección para dar respuesta a la solicitud de medidas materiales, complementarias a medidas políticas, que hemos requerido desde el 2012, para asegurar nuestra movilidad preventiva de ataques físicos en Putumayo, Valle, Meta, Cauca, Chocó, Antioquia y la Costa Norte.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:

1. ¿En relación al ataque del que fue víctima el sacerdote y defensor de derechos humanos de nuestra Comisión, que inspección de balística se ha adelantado para determinar el ángulo, distancia de los disparos, tipo de arma y de más pruebas pertinentes que permitan conducir al esclarecimiento del hecho?

2. ¿Qué inspección se ha realizado para analizar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que hay en el sector?

3. En la Constancia y Censura radicada en su despacho con numero E-COO 025-2013 en el numeral 8 del derecho de petición, solicitamos se abriera investigación de manera expedita a cada uno y cada una de los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, a fin de que esclarezca las imputaciones y afirmaciones expresadas por la organización ASODESMA sobre nuestra relación con las FARC, nuestra operación en concierto para delinquir y planear asesinatos, ¿la Fiscalía General de la Nación expidió ya la orden de apertura de investigación? ¿Qué adelantos existen? ¿Por qué razón no se nos ha citado a declarar ante tan cúmulo de imputaciones, falsas, pero imputaciones de conductas contra el código penal?

4. Respecto a la solicitud presentada por el agente de la Procuraduría general de la Nación en el proceso 3856 sobre las acusaciones contra nuestra Comisión de Justicia y Paz como parte de la guerrilla de las FARC, ¿Cuándo iniciarán las investigaciones respectivas, en debido proceso? La Procuraduría realizará acciones diligentes para que está investigación se realice con prontitud?,¿Cuáles y cuándo esperamos esos resultados de investigación contra cada una y uno de los integrantes de nuestra organización?

5. ¿Respecto a los seguimientos e intimidaciones que continúan desarrollándose en contra de los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, cuál es el estado de las investigaciones?

6. En relación con la investigación en contra del general ® RITO ALEJO DEL RÍO y de FERNANDO LONDOÑO HOYOS por motivar e inducir en falsedad procesal, en hechos conocidos por ustedes desde el 2008 ¿Cuál es el estado de la investigación?

7. Respecto a la actuación de agentes estatales en procesos judiciales internos o ante el Sistema Interamericano, existen algunos protocolos de procedimiento para abordar con debido respeto, contexto a los testigos, en particular, cuando se trata de víctimas?

Con profunda preocupación ante estos medios de ataque simultáneo que pretende imposibilitar nuestra labor en defensa y protección de los derechos de las víctimas y la generación de parálisis y temor a las víctimas con estas actuaciones

Bogotá D.C. 13 de febrero de 2013

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz