Comunidades demandan contrato de la Transversal de las Américas
Es difícil sostener que no saben ni sabían. Cacarica es parte de la zona de reserva forestal del pacífico. Habitada en la figura de resguardos por Emberas y en la de predios colectivos por afrodescendientes. Las tierras tituladas limitan con el Parque Nacional de los Katíos, parte de la biosfera y es considerado como de protección especial de la UNESCO.
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Ni el ministerio de Transporte ni la empresa desconocen que la guerra allí está viva. La guerra se hizo visible desde 1996 se ha recrudecido desde el 2008. Medios internacionales y nacionales registraron la movilidad e instalación de grupos de la guerrilla en la frontera con Panamá. Desde hace 3 años se ha conocido de bombardeos, de muertes de militares y de guerrilleros del Frente 57 de las FARC EP. A pesar de la desmovilización continúan las operaciones paramilitares con los efectivos regulares de la brigada 17, como lo constatan testigos. “El paramilitarismo no ha terminado”.
Los habitantes de Cacarica cuentan 3 desplazamientos forzados, más de 80 crímenes, que se encuentran en la impunidad, continúan padeciendo el desconocimiento de sus derechos por empresas extractivas y de obras de infraestructura, como la que fue seleccionada por Andres Uriel Gallego como la ejecutora de la Transversal de las Américas. Se trata de otra de las empresas de William Vélez Sierra.
Vélez Sierra ha sido nombrado por paramilitares extraditados, como uno de sus beneficiarios. Es un ganancioso en esa dinámica perversa de la que habló “Pitirri”y el propio Mancuso. “Nosotros arrasábamos, otros compraban y otros legalizaban” En un debate en el congreso sobre el problema de las tierras, el nombre de Vélez Sierra salió a relucir como beneficiario de tierras desalojadas por los paras. Igualmente de él se han referido en los Estados Unidos, algunos de los mandos paramilitares como uno de los beneficiarios del despojo en el Urabá antioqueño y los límites con el Chocó.
De Vélez se sostiene que durante los años del gobierno de Uribe ha sido uno de los grandes beneficiados con varias concesiones en vías y aeropuertos. Uno de ellos ha sido la autopista de “La Ruta de El Sol”. Dentro de revelaciones de la prensa se manifiesta que Vélez intervino ante el IDU, de manera subrepticia para la definición de aspectos a favor de sus empresas con los Nule en la concesiones de la calle 26 en Bogotá. Sus empresas realizan las obras del nuevo aeropuerto El Dorado, a través de ODINSA
En los 8 años de gobierno consolidó los negocios de reciclaje de basura en el norte de Colombia y existe una investigación por las relaciones en el mismo con Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, extraditado en los Estados Unidos.
Es territorios del paramilitarismo de viejo cuño
En diciembre de 1996 los paramilitares incursionaron al municipio de Riosucio, en el norte del Chocó al lado de efectivos policiales y de militares de la brigada 17. Algunos afrocolombianos fueron obligados a limpiar las calles, y anunciaron verbalmente y con pintas en varios lugares que “el progreso había llegado”. Mientras tanto desaparecían a 4 personas, las que enterraron en una fosa en Santa María del Darién.
Semanas después, entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en Cacarica y Salaquí se desarrolló la operación “Génesis”, dirigida por el llamado “pacificador”, el general Rito Alejo del Río Rojas. El trasfondo de esa operación se anunció con las mismas palabras premonitorias de “el tiempo del progreso”.
Bombardeados, saqueados los caseríos, y asesinado Marino López, un afro sencillo, hombre de hogar, sin liderazgo colectivo, fue descuartizado y su cabeza convertida en un balón de fútbol, comprendieron que el progreso, eso que llaman desarrollo era a “sangre y fuego”.
Mientras la mayoría de las 23 comunidades desarraigadas en Turbo, Bocas de Atrato, y Panamá, la empresa Maderas del Darién / Pizano S.A ingresó al territorio colectivo de Cacarica en la comunidad de La Balsa, explotando los recursos forestales, protegida y apoyada por paramilitares. Así lo informaron algunos medios en ese momento, además de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, a quiénes durante 3 años nadie creyó.
Hoy las versiones de exparamilitares y narcotraficantes confirman que esta situación era verdad. Falta que se esclarezcan los crímenes cometido allí , pues los paramilitares convirtieron en La Balsa en un centro de operaciones importante en términos militares y de protección empresarial. Allí se desapareció, se torturó y asesinó a varios pobladores, como Edwin Salazar en 2001. Desde allí se traslado un contigente a Bojayá en mayo de 2002 cuando ocurrió la prolongada operación armada contra las FARC EP, que al final dejaron un saldo de más de un centenar de personas. Al lugar, como lo han expresado testigos llegaron famosos grupos vallenatos,políticos vinculados hoy en procesos que adelanta la Corte Suprema de Justcia, autoridades locales y militares de la brigada 17.
Posteriormente, el Bloque “Elmer Cárdenas” al mando de Jhon Fredy Rendón presentó la propuesta agroindustrial PASO, en tierras ocupadas y despojadas a los afrodescendientes o donde ejercían un control territorial militar. En junio de 2001 los paramilitares hablaron del progreso en una incursión a los asentamientos a donde regresaron los desplazados de Cacarica. Estos expresaron que debían volver a sus fincas: a sembrar palma y coca, volvieron a afirmar que era el tiempo del progreso.
Efectivamente en predios despojados, los armados montaron en La Balsa, una propuesta agroindustrial a través de la Comercializadora Internacional Multifruits Ltda. El modelo de agroindustria se inició en los mismos predios que deforestó la empresa maderera. A través de la comercializadora Germán Monsalve, familiar de los Rendón Herrera, suscribió un contrato con la empresa Del Monte de Estados Unidos. Monsalve hoy se encuentra en los Estados Unidos procesado por tráfico de drogas. Otro de los integrantes de la junta directiva, al conocer de las denuncias públicas de ONG, se esfumó. Se trata de Juan Manuel Campo Eljah, sobrino del exdirector del Incoder durante el gobierno de Uribe Vélez.
A raíz de un informe en medios internacionales, los directivos de la empresa se vieron obligados a ocultarse, mientras llegó la desmovilización de los grupos del “Alemán”. Como recuerdan los pobladores de Riosucio, aquí también se presentaron falsos positivos de la desmovilización. Jóvenes, mujeres fueron reclutados en pocas semanas para que se presentaran públicamente como desmovilizados y la empresa Multifruits Ltda., cambio de fachada. Aunque allí dejaron a desmovilizados, qe nunca fueron asumidos por Acción Social, ni por el Coda ni por la oficina del Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo. Allí quedaron sin ser de la región como herencia de ese progreso agroindustrial. Este capítulo de la paraeconomía está sin esclarecer judicialmente a fondo.
La panamericana o Transversal de las Americas
El pasado 15 de enero según manifestó Instituto Nacional de Concesiones INCO se inició el período para el desarrollo de estudios previos que durante un año sentarán las bases de una obra prevista para un período de 7 años. La obra que realizará el concesionario de Vías de las Américas S.A.S, en la que William Vélez, es artifice principal, culminará con la construcción del puente de Travesía, que cruzara el río Atrato desde Leoncito hasta el poblado de Puente América.
El 6 de agosto, un día antes que Uribe dejará el poder presidencia, en una polémica decisión del Instituto Nacional de Concesiones INCO, se celebró el contrato 008 con el concesionario Vías de las Américas S.A.S para “la construcción , rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda del Proyecto Vial Transversal de las Américas y la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, la gestión social y la gestión ambiental, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras, en el Corredor Vial ‘Transversal de las Américas Sector 1’ denominado Corredor Vial del Caribe” [[República de Colombia, Ministerio de transporte, Instituto Nacional de Concesiones INCO, Contrato de Concesión No 008 de 2010 entre: Concedente Instituto Nacional de Concesiones INCO, Concesionario : Vias de las Américas S.A.S Bogotá, 6 de agosto de 2010]]
Precisa el contrato que el concesionario puede usar para fines comerciales o publicitarios los activos concesionados, los bienes inmuebles “(incluyendo los inmuebles por adhesión o accesión )”… “y en general podrá explotar comercialmente la totalidad del Corredor Vial entregado por el INCO en los términos y condiciones expresamente previstos en el presente contrato, en particular en el apéndice técnico y en la ley aplicable. Para estos efectos el Concesionario podrá realizar publicidad sin límites distintos a la seguridad vial, y desarrollos turísticos y comerciales en donde la seguridad vial así lo permita.” [[Ibid, P19.]]La concesionaria posee el derecho exclusivo a la explotación comercial de todo el corredor vial, que es Área de influencia del Proyecto” comprendida entre los departamentos de Córdoba, Chocó, Antioquia, Sucre, Magdalena y Bolivar”- [[Ibid, P10-11]]
Más que carreteras, un negocio redondo.
Uno de los puntos de complejidad del contrato es la negación de posibilidades de uso y disfrute de su propio territorio. a comunidades negras En la sección 1.02. del Contrato, el Inco entregó al Concesionario, bienes que por ley no pueden ser transferidos, pues se trata de títulos colectivos de las comunidades negras. La mercantilización de los territorios es parte de los objetivos empresariales de Vélez Sierra. En un documento privado de Asamblea de Accionistas del 5 de agosto de 2010, inscrita el mismo día bajo el número 01403918 del libro 9o en el que se constituyó la sociedad comercial denominada Vías de las Américas S.A.S.[[Cámara de Comercio de Bogotá, Certificado de Existencia y Represetación Legal o Inscripción de Documentos, Vías de las Américas S.A.S, 24 de noviembre de 2010, p.1]] Así, además de la construcción, ingeniería, estudios, diseños, infraestructura, arquitectura, de la Transversal de las Américas. busca “explotar todos los bienes de la concesión en ese sector, de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión…”[[ Ibid, P. 2]] igualmente, en uno de los incisos se excluye la participación en la operación de peajes y “los recursos comerciales que recaude por la explotación comercial” entendida como publicidad, comercialización, turismo y otras.[[Ibid, p18-19]]
En lo que concierne al Chocó, el proyecto se desarrolla solo en el área del bajo Atrato, sector del título colectivo del Cacarica. El territorio inembargable, imprescriptible e inenagenable de la ley 70 es negado en este contrato. Extensiones indeterminadas de territoro son entregados a las empresas que forman parrte df la Concesión,.
Para los afrocolombianos, en la práctica se trata de una apropiación de los territorios de estas comunidades, que fueron desplazadas forzadamente .En este momento, en medio del conflicto armado, el contrato, en lo que a la formulación se refiere, significa, también una expropiación a los territorios de las comunidades afrodescendientes de Cacarica, en una cesión del estado a empresarios.
Los antecedentes descritos, la continuidad de la guerra interna, la negación de los derechos a la Consulta Previa, la necesidad de conocer los impactos ambientales antes de que se inicie la obra y la necesidad que las comunidades sean escuchadas sobre su pensamiento y propuestas frente a lo concesionado, les ha obligado a realizar una serie de acciones administrativas, constitucionales y hasta penales. La única esperanza de que sea posible hacer caer en cuenta que Cacarica habitan seres humanos y múltiples ecosistemas con derechos para que estos sean protegidos y reconocidos.
A quiénes se les han violado sus derechos en el reciente pasado desde el “Génesis” y se verán afectados irremediable e irreparablemente, de no lograrse concertar una apuesta sustentable en la justicia ambiental, la justicia social, esta es otra constancia. Solo para eso!!!, para que nunca se diga, que no sabían que allí existen afrocolombianos y que detrás de tantas operaciones existen operaciones criminales, corruptas, y privilegiadas durante la administración de Uribe.
Ya se instauraron demandas penales y se van a producir nuevas civiles, administrativas y constitucionales contra esta cadena de corrupción.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz