Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Sábado, septiembre 24 de 2016
 

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Comunicado público binacional de la situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional en la frontera Colombia Ecuador

Viernes 9 de mayo de 2014

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En la comunidad de El Palmar, cantón putumayo, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, el día 28 de abril de 2014, se dieron cita treinta y cinco comunidades ecuatorianas y colombianas, así como organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, con el fin de denunciar la grave situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional que se está viviendo en esta región fronteriza a consecuencia de la agudización del conflicto colombiano.

COMUNICADO PÚBLICO
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA COLOMBOECUATORIANA
ASAMBLEA COMUNITARIA BINACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS (ECUADOR) Y PUERTO ASÍS (COLOMBIA)

Por parte del Ecuador asistieron delegadas y delegados de las comunidades San José de Wisuyá, Chíparos, Real Cuembí, El Palmar, y las organizaciones Federación Campesina de Agricultores y Nacionalidades del Putumayo (FECANPE), Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos MUSHUK YUYAYWAN WANKURISHUNCHIK (FONAKISE)Plataforma de Organizaciones Sociales de Sucumbíos, Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, Federación de Mujeres de Sucumbíos – Derechos Humanos; mientras que de Colombia participaron las comunidades Monteverde, Puerto Bello, Camposolo, Campo Ají, Peneya, Montebello, San Ignacio, Canacas, Lisberia, Puerto Silencio del corregimiento Piñuña Blanco; Comandante, Angostura, Belén, Sevilla, Guadalupe, La Rosa, Camelias, Chufiyá, Agualongo, Baldío, La Alea, Buen Samaritano, Bajo Mansoyá, Bajo Cuembí del corregimiento y Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona, así como las organizaciones Asociación Agroecológica de Trabajadores Campesinos del Piñuña Blanco (ASIAGRO), Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) – Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), Red de Derechos Humanos del Putumayo y Comisión Intereclesial de Justica y Paz.

Por su parte, las organizaciones ecuatorianas invitaron al Subteniente GARCÍA RICARDO, Comandante del Destacamento El Palmar del Batallón de Selva Nº 55 Putumayo del ejército ecuatoriano, quien estuvo presente durante el evento para responder a las inquietudes de las comunidades.

Situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional

Las comunidades y sus líderes han puesto en conocimiento de la Asamblea cómo el conflicto colombiano ha traspasado la frontera, registrándose también en las comunidades fronterizas del Ecuador serios abusos cometidos por la fuerza pública colombiana, quienes en patrullajes irregulares, con uniformados ecuatorianos o sin ellos, están ingresando armados a las comunidades ecuatorianas; habiéndose denunciado la comisión de varias violaciones a los derechos de las personas como la restricción a la movilidad humana, el señalamiento de ser encubridores o cómplices de la guerrilla de las Farc, la búsqueda de personas en territorio ecuatoriano o detenciones arbitrarias e irregulares; mientras que en territorio colombiano el ejército y fuerza naval colombianos persisten en la persecución y señalamiento a líderes y defensores comunitarios de derechos humanos.

También se ha evidenciado el desconocimiento de principios del derecho internacional como el de distinción y proporcionalidad dado que se ha verificado el lanzamiento de artefactos explosivos desde bases militares colombianas, algunos de los cuales han caído cerca de viviendas de los centros poblados tanto de Colombia como de Ecuador, con el grave riesgo para la vida de las personas de las comunidades de frontera (lo que en el caso del Ecuador supone una clara y grave violación de las soberanía del territorio nacional), sin que hasta el momento haya existido un pronunciamiento o investigación al respecto por parte de las autoridades ecuatorianas.
Igualmente se ha identificado cómo el conflicto colombiano se ha intensificado a la par que avanzan las acciones extractivistas de compañías petroleras, puesto que a medida que se van instalando pozos o plataformas petroleras en la zona, lo hacen también bases militares para su seguridad; lo que ha generado el aumento del nivel de confrontación entre la guerrilla de las Farc y las tropas colombianas, quedando la población civil expuestas en medio de estos enfrentamientos y hostigamientos que casi a diario se registran en algunas zonas.

Hechos registrados en Colombia, entre otros:

Enero 29 de 2013, hacia las 4:00 a.m., en la comunidad Peneya, corregimiento Piñuña Blanco, un helicóptero militar colombiano ametralló el área, afectando el lugar de habitación de tres familias. Ante esta situación, las familias de esta comunidad se vieron obligadas a desplazarse hasta el casco urbano de Puerto Asís, retornando veintidós (22) días después ante la ausencia de garantías, atención y protección por parte de las instituciones colombianas.

Marzo 18 de 2013, en la comunidad Campo Ají, corregimiento Piñuña Blanco, mientras se encontraba reunida la comunidad, ingresaron unidades militares de la Brigada 27 de Selva, quienes exigían al presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) CIRO LÓPEZ, que les vendiera un animal a mitad de precio, a lo que el presidente manifestó no estar de acuerdo, solicitando además a las tropas el que respetaran el principio de distinción, los uniformados se retiraron del lugar, permaneciendo a aproximadamente 100 metros del sitio comunitario.

Hacia las 3:00 p.m. las unidades militares fueron hostigadas por la guerrilla.
Un par de horas después, mientras el señor López salía a casa de uno de sus vecinos, escuchó que desde el lugar en donde estaban los militares alguien gritaba “traigan a ese hijueputa así sea de las huevas” De inmediato fue retenido por los uniformados, quienes lo condujeron propinándole puntapiés y gritándole “hijueputa” hasta el sitio en donde estaba el resto de tropa, siendo forzado a desvestirse para comprobar que no ocultaba nada en su cuerpo, mientras lo acusaban de ser el responsable del hostigamiento.

Alrededor de las 5:30 p.m., se presenta de nuevo un hostigamiento, mientras los militares repelían el ataque, quedaron dos uniformados custodiando al señor López, uno de ellos drogándose con marihuana. Hacia las 7:00 p.m. los uniformados deciden liberarlo.

Febrero 17 de 2014, hacia las 2:03 a.m. en la vereda Peneya, cayeron tres artefactos explosivos cerca de la vivienda del señor JUSTO SEGUNDO CALDERÓN HERRERA, situación que llenó de pánico a todo su grupo familiar.

Hacia el amanecer, el señor Calderón encontró en su potrero una res muerta debido a que uno de los artefactos cayó cerca a ella y a escasos metros de la vivienda.
Febrero 18 de 2014, la comunidad de Puerto Bello, corregimiento Piñuña Blanco, denuncia el lanzamiento de morteros por unidades militares colombianas, en horas de la noche, los cuales cayeron en proximidad a los sitios de habitación de la comunidad.

Hechos registrados en Ecuador, entre otros:

Abril 25 de 2013, hacia las 6:00 a.m. unidades colombianas de la Fuerza Naval del Sur ingresaron a la comunidad indígena Kichwa Los Chíparos, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, reteniendo arbitrariamente al indígena ERNEL LOAIZA CAMACHO, mientras conducía una motocicleta.

Mayo 12 de 2013, hacia las 11:30 a.m., unidades colombianas de la Fuerza Naval del Sur ingresaron a la comunidad indígena Kichwa San José de Wisuyá, disparando sus fusiles de manera indiscriminada, sin considerar que estaban cerca a la Escuela Intercultural Bilingüe AYAWASKA, y que en ese momento en ella había niñas y niños recibiendo clases. Minutos después los uniformados ingresaron a la escuela, amenazando al profesor DANIEL GUARUSHA y exigiéndole que abandonara la escuela.

De inmediato la comunidad se dirigió hasta el sitio de los hechos y al percatarse que los uniformados eran colombianos, indignados por la violación a la soberanía de su país, exigieron el retiro inmediato de su territorio, así como el respeto a los tratados internacionales.

Enero 2014, en horas del día, unidades militares colombianas desde la vereda La Rosa o en sus alrededores –territorio de Colombia-, lanzaron un artefacto explosivo el cual cayó a tres metros de la vivienda de la familia Cuchimba, en donde se encontraba un adulto mayor de 88 años.

Las comunidades denuncian que el lanzamiento de artefactos explosivos por unidades militares colombianas que caen en proximidad a los caseríos se viene dando desde hace dos años aproximadamente, sembrando angustia y temor en las comunidades de los dos países, situación que se da, según los uniformados, en respuesta al lanzamiento de cilindros bomba hacia instalaciones petroleras y bases militares por parte de la guerrilla.

Así mismo, los motoristas que prestan el servicio de transporte fluvial para las comunidades fronterizas manifestaron que unidades de la Fuerza Naval del Sur de Colombia suelen retener las embarcaciones para requisar y verificar documentos de identidad, sometiendo a los campesinos y motoristas a toda clase de señalamientos y acusaciones, y cuando se presenta un hostigamiento de la guerrilla hacia los uniformados colombianos, éstos sindican a los motoristas de ser cómplices y conocedores del ataque que se iba a presentar.

Ante las quejas y requerimientos de las comunidades ecuatorianas sobre el patrullaje y operativos conjuntos de uniformados colombianos y ecuatorianos en territorio del Ecuador, el Subteniente GARCIA RICARDO, Comandante del Destacamento El Palmar del Batallón de Selva Nº 55 Putumayo del ejército ecuatoriano, manifestó que los dos ejércitos en el marco de los acuerdos pueden compartir información y coordinar acciones, más dijo no tener conocimiento de operativos realizados por uniformados colombianos en territorio del Ecuador, por su cuenta o conjuntamente, lo cual, afirmó, está prohibido; afirmó, asimismo, que la caída de artefactos explosivos desde territorio colombiano en territorio ecuatoriana está siendo investigada por el Ejército ecuatoriano. Comprometiéndose el uniformado con la Asamblea en realizar un informe al escalafón superior para que se adelanten las acciones respectivas, afirmando además, que el ejército ecuatoriano es el encargado de la seguridad en sus territorios manteniendo para ello controles militares permanentes.

Con preocupación denunciamos que una vez finalizada esta asamblea, unidades colombianas de la Fuerza Naval del Sur, retuvieron de manera arbitraria e ilegal a 54 campesinos desde las 2:30 p.m. del día 28 del presente mes hasta las 10:00 a.m. aproximadamente del día siguiente, 29 de abril, siendo éstos sometidos a señalamientos, registros fotográficos y de sus huellas dactilares, bajo la acusación de que este evento fue realizado con participación de la guerrilla, afirmación que rechazamos tajantemente, y que pone en evidencia la grave situación de derechos humanos de que son víctimas las comunidades fronterizas, afectadas por el conflicto colombiano. Estos hechos ponen en evidencia lo denunciado con insistencia por las comunidades, sobre las actuaciones inconstitucionales y violación de derechos de las personas por parte de las fuerzas militares colombianas; siendo preocupante además el silencio y falta de acciones del ejército ecuatoriano para impedir este tipo de operativos.

Igualmente, mientras realizábamos este informe, fuimos alertados sobre la detención de un menor de edad de nacionalidad ecuatoriana por unidades militares colombianas de la Fuerza Naval del Sur quienes se encontraban en un guardacostas frente a la comunidad de El Palmar, Sucumbíos, Ecuador; los uniformados señalaran que lo detenían por rebelión; estos hechos sucedieron el día 29 del mes en curso hacia la 1:00 p.m., siendo trasladado el menor hacia Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Cuando su familia se dirigió el día 30 a las instalaciones militares colombianas para reclamarlo fueron informadas que había sido entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución que les entregó al menor en horas de la tarde.

Resoluciones

Declarar este espacio de encuentro entre comunidades, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de las repúblicas de Ecuador y Colombia como ASAMBLEA COMUNITARIA BINACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS (ECUADOR) Y PUERTO ASÍS (COLOMBIA), que obrará como un mecanismo de información, visibilización, denuncia y exigencia de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, la cual tendrá un carácter permanente, dándose encuentros, recorridos y brigadas binacionales periódicas en las comunidades fronterizas.

Las organizaciones ecuatorianas y colombianas realizarán las acciones respectivas desde sus países ante los organismos de control respectivos, exigiendo intervención inmediata, así como acciones disciplinarias.

Solicitar a las Defensorías del Pueblo de ambos países, que en base al acuerdo binacional existente entre ambas instituciones se realice el imprescindible monitoreo a veredas y comunidades en la frontera, así como acompañamiento a la Asamblea Comunitaria Binacional de Organizaciones y Comunidades Campesinas e Indígenas de la Provincia de Sucumbíos (Ecuador) y Puerto Asís (Colombia).
Establecer redes de apoyo e información con medios alternativos de comunicación para visibilizar la situación en la frontera colomboecuatoriana.

Federación Campesina de Agricultores y Nacionalidades del Putumayo (FECANPE)
Plataforma de Organizaciones Sociales de Sucumbíos
Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
Federación de Mujeres de Sucumbíos – Derechos Humanos
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE)
Asociación Agroecológica de Trabajadores Campesinos del Piñuña Blanco (ASIAGRO)
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) – Zona de Reserva Campesina – Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ)
Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona
Red de Derechos Humanos del Putumayo
Comisión Intereclesial de Justica y Paz

 
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