Conclusiones de la V delegación Asturiana de verificación de la situación de los Dd Hh en Colombia
Colombia es un país prioritario para la Agxencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu en la puesta en marcha de proyectos de cooperación, solidaridad y defensa y promoción de los derechos humanos. Desde el año 2003 al año 2008, la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu destinó casi 2.000.000 de euros a proyectos y programas en Colombia. Fundamentalmente se trabajaron las áreas de: Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sectores como la agricultura, ganadería, comercialización de productos, construcción de infraestructuras, soberanía alimentaria, educación y formación, salud, medio ambiente, personas desplazadas por la violencia, mujer, juventud, Pueblos Indígenas y proyectos de ayuda humanitaria y emergencia.
Hay que resaltar que desde el año 2001, el Gobierno de Asturies viene desarrollando un Programa de Acogida Temporal a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia que permitió dar refugio a 54 personas. Al final de este año 2009, serán 61. A este Programa de Acogida Temporal la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu destinó 600.000 euros, desde el año 2001.
Los años 2005, 2006 y 2007, con el apoyo de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias, y en el año 2008 con el apoyo del Ayuntamiento de Xixón, una Delegación Asturiana, visitó Colombia con el objetivo de verificar la situación de los derechos humanos, manteniendo reuniones con instituciones y organizaciones sociales, sindicales y políticas, resultando cuatro valiosos Informes, puestos a disposición de los parlamentos asturiano, español y europeo, de los gobiernos asturiano y español, de los organismos de Naciones Unidas, de la OIT y de distintos colectivos, movimientos sociales y ONG.
Dando continuidad a esas iniciativas, este año 2009, una Delegación Asturiana, con el apoyo de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias, viajó a Colombia, del 18 de abril al 3 de mayo, con el objetivo fundamental de elaborar el Quinto Informe de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos.
Hoy aquí, en esta Rueda de Prensa, os presentamos los datos más importantes y las primeras conclusiones de este quinto viaje a Colombia:
1. La delegación visitó los Departamentos de: Bogotá, Cesar, Meta, Guaviare, Cundinamarca, Santander y Casanare. Mantuvo, entre otras, reuniones con: Andrés Collado, Embajador de España en Colombia; Wolmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia; Viviana Manrique Zuluaga, Viceministra del Interior de la República de Colombia; Mario González Vargas, Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; Alexander López Maya, Senador de la República y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Fiscalía General de la República de Colombia; Elvia Zambrano, Secretaria General y Gobernadora Encargada del Departamento del Cesar; Alcalde de San José del Guaviare; Comandante de Policía de La Macarena; Secretario de Gobernación del Departamento de Santander; Rector de la Universidad Industrial de Santander; Jesús Peña, Coordinador del Área de Observación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; MOVICE, Sindicatos, ONGD y Movimientos Sociales y con las organizaciones miembros del Comité de Selección del Programa de Acogida Temporal de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia (CUT, ANDAS, FCSPP, CAJAR, CPDDHH). Además se mantuvieron múltiples encuentros con medios de comunicación colombianos e internacionales, se visitaron las Cárceles de La Picota y Buen Pastor, se participó en el Foro de Derechos Humanos de San Juan de Sumapaz y en la Audiencia sobre la situación Carcelaria en el Senado de la República de Colombia y se asistió como observadores en la Manifestación del Primero de Mayo en Bogotá.
2. En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales. Su prolongación en el tiempo ha permitido la presencia de otros factores como el narcotráfico y se ha visto agravado por el paramilitarismo auspiciado por el propio Estado. El conflicto ha sufrido una progresiva degradación: desplazamientos masivos de población, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, uso de minas antipersona, bombardeos indiscriminados sobre población civil, masacres, desapariciones, criminalización de movimientos y activistas sociales,…
3. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas armadas colombianas y por los grupos guerrilleros, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.
4. Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.
Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.
Las ejecuciones extrajudiciales son una política extendida y sistemática en Colombia, que se convierten en crímenes de estado y que al darse al mismo tiempo en distintas partes del país demuestran estar planificadas, diseñadas y pensadas estratégicamente, desde ámbitos políticos del Estado colombiano.
Se confirmó la existencia de redes militares encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como “muertos en combate”. Según varias investigaciones en curso, miembros del Ejército colombiano serían los encargados de presentar denuncias contra los muertos, como integrantes de la guerrilla o de grupos armados ilegales. Asimismo, es reiterada la presentación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aún cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad. Esta práctica parecería estar dirigida a evitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas y a impedir las investigaciones. Se concedieron incentivos económicos, días de descanso y ascensos a quienes presentaron como resultados “muertos en combate”.
5. La Corte Suprema de Justicia continúa investigando procesos sobre presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones narcoparamilitares, y ha denunciado que las críticas del Gobierno frente a estas investigaciones constituyen un intento de menoscabar la independencia judicial. En estos momentos 72 congresistas están vinculados a procesos judiciales, de los cuales 11 fueron condenados y cuatro absueltos. 25 de estos congresistas renunciaron a su investidura con el fin de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación y no por la Corte Suprema de Justicia. Además, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado investigaciones sobre otros 250 casos de naturaleza similar contra servidores públicos de alto nivel, incluyendo ministros, gobernadores, alcaldes o directores de entidades públicas importantes. Este hecho confirma el altísimo nivel de infiltración en el Estado que han alcanzado las organizaciones narcoparamilitares y la necesidad de continuar combatiendo este fenómeno.
6. La Fiscalía General de la Nación continuó expidiendo órdenes de captura sin bases jurídicas sólidas por rebelión y delitos relacionados, lo que se tradujo en detenciones arbitrarias. Estas órdenes estaban en muchas ocasiones fundamentadas en declaraciones de antiguos miembros de grupos guerrilleros desmovilizados que reciben incentivos y beneficios del Estado para cooperar en estas labores, lo que hace que la información obtenida no sea siempre creíble. Las víctimas de esta violación, incluyendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, son detenidas sin una justificación jurídica adecuada, en ocasiones por periodos que llegan hasta dos años.
7. Se recogieron denuncias de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes atribuidas a miembros de la fuerza pública. Los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, así como los sectores más deprimidos de la sociedad, fueron con frecuencia víctimas en tales casos. Se recibieron denuncias de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual. Se registraron casos de graves tratos inhumanos y degradantes contra reclusos, así como un uso excesivo de la fuerza por guardias para reprimir protestas.
8. Se recogieron denuncias de casos de desaparición forzada, las víctimas son normalmente jóvenes desempleados de familias sin recursos, habitantes de zonas urbanas marginales y de áreas rurales aisladas. Entre las víctimas de desaparición forzada también se encuentran, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, como sindicalistas. La Fiscalía General de la Nación ha investigado 111 casos de desaparición forzada en 2008 y se han realizado además 39 exhumaciones, pero los restos recobrados aun están en fase de identificación.
9. Se observaron graves infracciones al derecho internacional humanitario por todas las partes armadas del conflicto. Además, los grupos guerrilleros rechazan estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario y el Ejército Nacional lo vulnera permanentemente.
10. Se denunciaron asesinatos selectivos y masacres atribuidos a los grupos guerrilleros, acusados de cometer ataques indiscriminados, que afectaron gravemente a la población civil, entre los que destacan el lanzamiento de explosivos y el constante incremento de la siembra de minas antipersonal, que han causado un alto número de víctimas civiles y militares, entre los que se encuentran niños y niñas. Se denunció el reclutamiento por parte de los grupos guerrilleros de niños y niñas para realizar labores de inteligencia y apoyo logístico, así como involucrándolos en hostilidades, cometiéndose asesinatos contra los que se resisten. También se recogieron denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
11. Se recogieron gravísimas denuncias de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Armadas colombianas y del Ejército Nacional en particular. Se les acusa de ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, detenciones ilegales y secuestros, quema de casas, saqueo y destrucción de enseres, abusos sexuales contra mujeres, hombres, niños y niñas, acciones coordinadas con grupos paramilitares, bloqueo y severas restricciones a la compra de víveres y medicamentos, desaparición forzada de personas y ocupación de bienes civiles, especialmente casas particulares, escuelas, zonas deportivas y lugares de recreo.
12. A pesar de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, financiada por la cooperación europea y puesta en marcha con el objetivo de desmovilizar a los grupos paramilitares, la Delegación Asturiana constató y recibió múltiples denuncias del accionar de estos grupos paramilitares y la aparición de grupos nuevos como las “Águilas Negras” y los “Rastrojos”. Los hechos de sangre protagonizados por estos grupos, entre campesinos, indígenas, afrocolombianos y movimiento sindical, en amplia relación y contubernio con los militares, fueron ratificados en todos los departamentos. La Delegación Asturiana percibió miedo y terror en los millares de víctimas, y asi lo transmitió a las autoridades. La Impunidad escandalosa de los crímenes, alienta ese miedo en las comunidades.
Las “audiencias” que cada día se están realizando con los paramilitares, con el objeto de que confiesen todos sus crímenes a cambio de condenas de un máximo de 8 años de cárcel, perpetúa el terror de las víctimas, que no tienen oportunidad siquiera de conocer el paradero de los cuerpos de sus familiares en la mayoría de los casos, o pasan por la penosa situación de escuchar la descripción de horrendas masacres, sin posibilidad de justicia, ni reparación. Además la extradición a EEUU de los principales cabecillas paramilitares para ser juzgados sólo por delitos de narcotráfico y condenados a penas ridículas, se percibe como una burla a las víctimas y sus familiares. El derecho a la justicia continúa restringido por la persistencia de la impunidad, la falta de acceso a la justicia y las debilidades estructurales de la administración de justicia, que se han manifestado con total claridad en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Además de no garantizarse la seguridad y protección de las víctimas y sus organizaciones.
Según la Fiscalía General de la Nación, en 2008 se encontraron más de 410 fosas clandestinas y se recuperaron los restos de más de 560 víctimas, para un total estimado de 1.420 fosas y 1.750 restos recuperados. Sólo se han entregado los restos de 249 víctimas a sus familias.
A pesar de todas estas gravísimas deficiencias, según datos oficiales del Gobierno colombiano, hay 206.000 víctimas registradas en el proceso de la Ley de Justicia y Paz.
13. La Delegación Asturiana constató la necesidad de buscar soluciones definitivas para las personas desplazadas forzosas por la violencia. Se recibieron multitud de denuncias de incumplimiento por parte del Gobierno colombiano de los acuerdos en materia de vivienda, alimentación, salud y generación de empleo.
Durante el año 2008 se incrementó en 380.863 personas, unas 76.172 familias, el número de desplazados, lo que representa un incremento del 24´47% respecto al año 2007. Entre 1985 y 2008, casi 5.000.000 de personas han sido desplazadas por la violencia, casi 1 millón de familias, lo que sitúa a Colombia como uno de los países con mayor índice de drama y crisis humanitaria del mundo.
Desde el año 2000 hasta el año 2008, 385.000 familias campesinas, más de 1´5 millones de personas, tuvieron que dejar abandonadas más de 5´5 millones de hectáreas de tierra, es decir el 10´8% del área agropecuaria de Colombia, que representa el 11´6% del PIB colombiano.
Sólo en el año 2008 se cometieron 37 masacres con al menos 119 víctimas mortales, un 47% más que en el año anterior. Al menos 43.537 personas fueron desplazadas por la fumigación con glifosato, un 11% del total de desplazados del 2008.
14. La pobreza, la pobreza extrema y la inequidad continúan siendo temas de preocupación. Esta situación afecta particularmente a los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, los desplazados, las mujeres, la niñez y las personas con discapacidad. Las limitaciones al disfrute del derecho al alimento de determinadas comunidades ha llevado a la malnutrición. Asimismo, el limitado acceso a la vivienda y el empleo precario siguen siendo factores de preocupación.
Muchos de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio no reflejan un progreso suficiente. A pesar del crecimiento económico de los últimos años, la pobreza medida en términos de ingreso no ha disminuido significativamente. Además, menos del 48% de niños y niñas tienen acceso a educación preescolar, las tasas de embarazo adolescente continúan incrementándose llegando a más del 20.5% en mujeres entre 15-19 años, y el 16% de los hogares vive en condiciones precarias o poco dignas.
15. La Delegación Asturiana registró un altísimo número de denuncias de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas. Estos ataques incluyeron homicidios, daños a la propiedad, allanamientos, robo de información y amenazas. Es motivo de preocupación que algunos altos funcionarios gubernamentales hubieran continuado la práctica de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los sindicalistas, señalándolos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros. Se recrudecieron las amenazas y la estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.
Entre el año 1986 y lo que llevamos del año 2009, en Colombia han sido asesinados casi 3.000 sindicalistas. Más de 600 durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, según datos de la OIT.
Durante el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas en Colombia. En este año 2009, ya van 15 asesinatos.
16. Se recogieron graves denuncias por restricciones a la libertad de expresión, que con frecuencia se manifestaron a través de amenazas a periodistas e intimidación a los medios de comunicación a través de la presentación de demandas judiciales por injuria y calumnia.
También fueron múltiples las denuncias por violaciones de los derechos humanos a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y transexuales, cuyos derechos a la vida y la no discriminación por su orientación sexual fueron violados. La organización Colombia Diversa denunció 67 homicidios de personas de estos colectivos en 2006 y 2007.
Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país en 2008.
17. La Delegación Asturiana comprobó la dificilísima situación en la que sobreviven los Pueblos Indígenas en Colombia, víctimas de la violencia y los desplazamientos forzados. En Colombia viven un millón de indígenas que pertenecen a más de 80 pueblos diferentes y hablan 60 lenguas distintas. La mayoría de los Pueblos Indígenas han sido víctimas de desplazamientos forzados, violencia y amenazas. Hay 18 Pueblos en riesgo de desaparecer. Cada año entre 10.000 y 20.000 indígenas son forzados a abandonar sus lugares de origen, sometiéndolos a una muerte casi segura, pues su capacidad de sobrevivir económica, social y culturalmente fuera de sus tierras es mínima.
El Informe definitivo está previsto que se concluya a finales del próximo mes de junio y será presentado ante el sistema de DDHH de la ONU, ante la OEA, la OIT, los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.
Desde la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobiernu del Principáu d´Asturies, consideramos urgente e indispensable humanizar el conflicto. Para ello, el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los actores enfrentados debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar e impedir su realización.
Rechazamos cualquier tipo de acción militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad.
Desde la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobiernu del Principáu d´Asturies, hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto integral al Derecho Internacional Humanitario.
La llamada comunidad internacional y los Gobiernos europeos en particular, deben implicarse en el acompañamiento coherente en la búsqueda de la humanización del conflicto y de la solución política al mismo, y no intervenir bajo ningún concepto en alimentar la espiral de violencia que supondría un mayor sufrimiento de la población.
No hay una solución militar para este conflicto. Es necesaria una salida política dialogada y negociada, que propicie la superación de las causas estructurales del conflicto y el establecimiento de un nuevo orden social.
La búsqueda de una salida política negociada al conflicto social y armado colombiano es un propósito de amplios sectores sociales y políticos dentro y fuera del país. Sin embargo, por las propias dinámicas del conflicto y, sobre todo, por los intereses en juego no ha sido posible.
No se puede negar la existencia del conflicto y sus causas estructurales, ni se puede apostar por una salida militar.
Después de años de aplicación y ejecución de Planes Colombia y de Planes Patriota, los grupos guerrilleros no han sido derrotados.
Los movimientos sociales y la sociedad civil colombiana, que siguen expresándose valientemente, vienen pagando un enorme precio en vida, pobreza, injusticia social y recorte de libertades básicas y se han convertido en objetivo prioritario de la represión oficial y paramilitar.
El Estado colombiano pierde su legitimidad al desatender la inversión social, destinando ingentes recursos al aparato militar y represivo, deteniendo masivamente a militantes y dirigentes de organizaciones sociales y ONGD, asumiendo la ejecución extrajudicial de civiles por la policía y el ejército, imponiendo castigos económicos a los sectores sociales más pobres para financiar la guerra, confinando a Comunidades Indígenas y Campesinas y, sobre todo, aceptando el copamiento y control de los poderes públicos por parte de los grupos narcoparamilitares, que no sólo no se han desmovilizado sino que consiguieron la legalización de gran parte de las tierras que robaron con violencia a los campesinos e indígenas, a través de la llamada Ley de Justicia y Paz, que no trajo ni la justicia, ni la paz, ni la verdad, ni la reparación.
El Estado colombiano se encuentra debilitado, inmerso en continuos casos de corrupción, sometido a un desgaste que podría ser aprovechado para explorar caminos de solución política, en una situación en la que el crecimiento de la izquierda civil resta razones a la lucha armada y ha perdido toda credibilidad el supuesto consenso social en torno a las propuestas represivas del Gobierno colombiano.
Cada vez es mayor el respaldo social y político favorable a una salida negociada, en contraposición al discurso de guerra y violencia.
Es un buen momento. Es un momento crucial para emprender caminos que nos acerquen a una solución política negociada.
Estos caminos necesitan el máximo apoyo y solidaridad en Europa, donde muchos Gobiernos de la UE apoyan iniciativas como la injusta Ley de Justicia y Paz, venden armamento al Estado colombiano y protegen por encima de los derechos humanos los intereses de grandes empresas multinacionales. Pero donde también hay Gobiernos y movimientos sociales de solidaridad con el pueblo colombiano que rechazamos los terribles costos humanos y ambientales de la guerra en Colombia.
Por todo esto, la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobiernu del Principáu d´Asturies apoyará todos los esfuerzos que se hagan para encontrar la paz con justicia social en Colombia y contribuirá a crear espacios de diálogo y debate para encontrar una salida negociada al largo conflicto político, económico, social y armado que vive el Pueblo colombiano.