Abusos de la brigada 17, complicidad con el tráfico de drogas, palma en Curbaradó, Jiguamiandó y Santa Rosa del Limón.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los abusos militares de la brigada 17 contra las integrantes de los consejos comunitarios de las Zonas Humanitarias de Curbaradó y Jiguamiandó, los daños a bienes de supervivencia adquiridos con aportes de la cooperación internacional; la tolerancia, la complicidad y la omisión con operaciones paramilitares dentro de los territorios colectivos, la circulación de siembras de coca y el transporte de cocaína.
Bogotá, D.C., febrero 23 de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
FRANK JOSEPH PEARL GONZÁLEZ
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Abusos de la brigada 17, complicidad con el tráfico de drogas, palma en Curbaradó, Jiguamiandó y Santa Rosa del Limón.
“Ay de ustedes que juntan casa a casa y añaden campo a campo, hasta que no haya espacio para nadie sino para ustedes y se queden viviendo solos en medio del país” Isaías 5, 8
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los abusos militares de la brigada 17 contra las integrantes de los consejos comunitarios de las Zonas Humanitarias de Curbaradó y Jiguamiandó, los daños a bienes de supervivencia adquiridos con aportes de la cooperación internacional; la tolerancia, la complicidad y la omisión con operaciones paramilitares dentro de los territorios colectivos, la circulación de siembras de coca y el transporte de cocaína.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de la ocupación de mala fe en Caño Manso, Caracolí, Las Menas, Caño Claro Andalucía, Camelias es Tesoro en el territorio de Curbaradó por empresarios vinculados con la ganadería extensiva, el banano y la palma, la ausencia de medidas efectivas para acatar las órdenes emanadas por la Corte Constitucional desde mayo de 2010.
En sus despachos nuevamente la fundamentación fáctica sobre los siguientes hechos que expresan la ausencia de medidas eficaces que aseguren la libertad, la vida y la protección debida a los derechos de los integrantes de los consejos comunitarios
*Jueves 2 de febrero hacia las 8:00 a.m. WILLIAM CONTRERAS, trabajador del empresario ocupante de mala fe, GABRIEL JAIME SIERRA, llegó hasta el Consejo Comunitario de Andalucía, donde el campesino FRANCISCO CARRASCAL, con una comunicación firmada por GERMÁN MARMOLEJO, fechada el 30 de enero de 2012, en el que afirma que en su calidad de representante legal, le solicita no continuar con sus trabajos sobre el territorio colectivo “que haya sido negociado previamente” hasta tanto se termine el censo.
Contra lo ordenado por la honorable Corte Constitucional, MARMOLEJO, continúa ejerciendo falsamente como representante legal del consejo comunitario de Curbaradó, negando las actividades propias de los habitantes legítimos del territorio.
*Miércoles 8 de febrero en Apartadó, en horas de la mañana, delegados de los consejos comunitarios de Jiguamiandó informaron a delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e Incoder sobre el conocimiento de la planeación de una nueva ocupación de mala fe –invasión- promovida por BANACOL.
De acuerdo con las versiones existentes, 25 familias participarían en esta ocupación, liderada por HEILER SALINAS, quien se presenta como representante social a nombre de la transnacional bananera, está ofreciendo el apoyo empresarial de predios colectivos de Las Menas, en Jiguamiandó.
Por su parte, los funcionarios públicos se comprometieron a fijar avisos en Las Menas, advirtiendo que no es permitida la venta de tierras e informando a las empresas de banano y plátano de la región de la ilegalidad de esa actuación.
*Miércoles 8 de febrero en horas de la mañana, en el puente de Caño Claro Andalucía, en Curbaradó, militares de la brigada 17, abordaron las motos taxis en que se transportaban tres mujeres de los consejos comunitarios con bienes de supervivencia y utensilios de la tienda de mujeres de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó.
Los militares abordaron a EDELMIRA y LUZ DARY SIERRA, integrantes del Comité de Mujeres del consejo comunitario de Nueva Esperanza y CASTORINA SIERRA, habitante del consejo menor de Santa Rosa del Limón. En el puesto de control en Caño Claro Andalucía, arrojaron al piso la mercancía de las mujeres. Por el abuso de autoridad, las mujeres perdieron bienes cercanos a 130 mil pesos (U.S. 65)
Las mujeres fueron luego obligadas a firmar una planilla del ejército, y enviar una carta que constatara que los bienes adquiridos con recursos de la solidaridad alemana eran para actividades del Comité de mujeres de la Zona Humanitaria.
*Jueves 9 de de febrero, en horas de la mañana, militares de la brigada 17 en el puesto de control permanente de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curbaradó, retuvieron una motocicleta que presta servicio de taxi y que transporta alimentos para la tienda comunitaria de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza.
Los militares rompieron una bolsa de azúcar, luego manifestaron que los seis galones de gasolina que transportaba eran para la guerrilla, ordenando retenerla.
*Viernes 10 de febrero hacia las 8:00 a.m. doce semovientes mulares cruzaron por el retén de control militar en Caño Claro Andalucía con insumos para el procesamiento de la hoja de coca. Los integrantes del consejo comunitario observaron en 24 costales cajas de sal, 20 canecas de 18 litros con gasolina, entre otros.
Los insumos ingresaron por Las Menas hacia los cultivos y laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca en Bella Flor Remacho -Jiguamiandó- y Santa Rosa del limón -Vigía de Curbaradó-,
Los insumos para el procesamiento de cocaína fueron transportados desde Brisas de Curbaradó y Caño Claro Andalucía, pasando tres controles militares de la brigada 17, en este trayecto, la carga nunca fue requisada.
*Sábado 11 de febrero hacia las 8:30 a.m. más de 200 personas observaron en Andalucía más de 12 viviendas en la que habitan ocupantes de mala fe, que llevan más de tres (3) años trabajando para el empresario GABRIEL JAIME SIERRA en territorios ocupados ilegalmente.
* Domingo 12 de febrero hacia las 10:00 a.m., en el punto conocido como Vijao un grupo de paramilitares, entre ellos el apodado como “Valemía”, protegían la trocha construida por los productores de cocaína entre Jiguamiandó y Santa Rosa de El Limón.
*Domingo 12 de febrero entre las 10:45 a.m y las 12:11 a.m. 84 participantes en los actos de conmemoración de los 15 de las operaciones de la brigada 17 “Septiembre Negro” y “Génesis” constataron la existencia de 28 hectáreas, en 5 lotes con plantaciones de coca y laboratorios de cocaína, en los límites del territorio Colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó.
Los internacionales y nacionales observaron además de los arbustos de hoja de coca de diversos tamaños, tres semilleros de cerca de 5.000 plántulas cada uno, tres laboratorios de procesamiento de hoja de coca, uno de ellos en actividad de producción de cocaína, en donde se encontraban bolsas “Coljap desarrollo”, usado para acelerar el crecimiento de la planta de coca.
En el laboratorio se observaron seis operarios, uno a quien se conoce con el nombre de JHON WILLINTON apodado “Cara de Gato”, oriundo de Tarazá, Antioquia.
Las coordenadas en GPSmap 60CSx, con un margen de error de 10 metros, fueron las siguientes:
N 07o 11′ 45.1”
W 076o 46′ 43.2”
N 07o 11′ 34.4”
W 076o 46′ 42.6”
N 07o 11′ 35.5”
W 076o 46′ 43.5”
N 07o 11′ 37.5”
W 076o 46′ 45.6”
N 7o 11′ 35.4”
W 76o 46′ 10.3”
N 7o 11′ 35.4”
W 76o 46′ 10.3”
Un laboratorio en actividad estaba ubicado en las coordenadas
N 07o 11′ 39.7”
W 076o 46′ 43.2”
Hacia las 12:15 p.m., mientras las delegaciones nacionales e internacionales caminaban por una extensa plantación de coca, sobrevoló un helicóptero a corta distancia. De acuerdo con el Programa Presidencial de Derechos Humanos de Bogotá, la brigada 17 manifestó que el helicóptero prestaba protección a la delegación.
Según, testimonios recibidos en el lugar, se conoció, que el año anterior, militares de la brigada 17 recibieron en dos oportunidades dinero de parte de JHON WILLINTON N.N. “Cara de Gato”.
La delegación conoció que dentro del territorio de Curbaradó en los caseríos de Buena Vista y de Apartadocito los paramilitares continúan protegiendo e implementando la siembra de coca en más de 40 hectáreas.
* Lunes 13 de febrero hacia las 7:00 p.m. delegados internacionales de los Estados Unidos, recibieron testimonios de los mecanismos de operación de los paramilitares en el tráfico de drogas con la complicidad de la brigada 17. El uso de diversos modos y mecanismos de transporte desde automotores, motocicletas, semovientes en medio de los efectivos regulares, sin ser requisados.
Los paramilitares están usando los camiones que transportan madera, banano y en medio de esta carga ubican los kilos de cocaína. La droga es transportada en horas de la noche y desembarcada en Mutatá, desde allí son transportados hacia otros lugares. La cocaína debe atravesar retenes o presencia de militares y policiales entre Caño Claro Andalucía, Cetino, Llano Rico, PAvarandó y Mutatá
*Martes 14 de febrero entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m. organizaciones nacionales e internacionales constataron la existencia de un vivero de palma y las siembras de más de tres años de palma de aceite, en 100 hectáreas, dentro del territorio colectivo de Curbaradó, en predios ocupados de mala fe, por el reconocido ejecutivo de la transnacional bananera UNIBAN, JESÚS CORREA.
Hacia las 2:00 p.m. observadores constataron en Camelias, que los dos desalojos realizados por la policía fueron parciales. Aproximadamente 15 familias ocupantes de mala fe, promovidas por Banacol, se encuentran en el lugar de la Zona de Biodiversidad de la familia TUBERQUIA, del consejo comunitario de Camelias. Los ocupantes de mala fueron vistos en el punto conocido como Casa Negra.
* Miércoles 15 de febrero a las 9:30 a.m. en Caño Manso, Curbaradó, observadores nacionales e internacionales recibieron testimonios de las actuaciones de los ocupantes de mala fe, al servicio del Coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO, usan los predios colectivos y mantienen en permanente zozobra a los pobladores.
Víctimas de las actuaciones empresariales ganaderas, indicaron que el Viernes 20 de enero, a las 10:30 a.m. ingresaron a la propiedad familiar de un integrante de la comunidad de Nueva Unión, en el consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla, colindante con Caño Manso, diez hombres que destruyeron una casa con un tractor y una cerca que protegía cultivos de pan coger.
Entre los responsables, según los testigos, fueron identificados LEIR RENTERÍA, “TINTIN” y los trabajadores de LUIS FELIPE MOLANO: SAMIR, administrador de Villa Alejandra 1; JOSÉ LUIS HOMERO, administrador de Villa Alejandra 2; FABIO GÓMEZ, administrador general y un familiar de FELIPE MOLANO.
La comunidad instaló nuevamente la cerca de delimitación de predios colectivos, tres días después, debido a que el ganado de los empresarios estaba destruyendo los cultivos de pan coger.
Siete día después, el viernes 27 de enero a las 9:30 am ingresaron nuevamente a la propiedad familiar de un integrante de la comunidad de Nueva Unión, diez hombres, entre ellos dos paramilitares, con una retroexcavadora destruyendo la cerca instalada tres días atrás. Los ocupantes de mala fe taponaron una cuneta comunitaria y hurtaron un alambre de 4 hectáreas propiedad de la comunidad.
Minutos después hizo presencia el ejército y la policía. Los efectivos regulares no prestaron atención a las denuncias de la comunidad.
*Jueves 23 de febrero, en horas de la tarde, las y los integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó, que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad expresaron su preocupación y rechazó frente a las declaraciones del funcionario del Min Interior, Boris Zapata Director de asuntos de Comunidades Negras al afirmar, en entrevista al diario El Espectador que: “ sabemos que el camino a transitar es largo y dificil, y que puede costar sangre”.
Nuestra Censura Ética ante los abusos de autoridad de la brigada 17 contra las y los integrantes de los consejos comunitarios con los daños a bienes de supervivencia, la restricción a la libre movilización bajo la errada concepción de concebir a la población como parte de la guerrilla, justificación bajo la cual se han producido desde 1996 un plan sistemático de persecución, de exterminio para posibilitar el control social y la definición del uso de la tierra.
Nuestra Censura Ética ante la total y absoluta impunidad de las operaciones “Septiembre Negro” y “Génesis”, comandadas por el general RITO ALEJO DEL RÎO ROJAS, que combinaron operaciones regulares y encubiertas contra la población afrocolombiana del bajo Atrato, problema estructural que ha permitido la consolidación de una criminalidad que define el modelo económico, de uso de la tierra y del papel que deben vivir los pobladores que habitan en los territorios o pretenden vivir en ellos.
Nuestra Censura Ética ante la escandalosa tolerancia y complicidad de estructuras de la brigada 17 con las operaciones paramilitares en Curbaradó y Jiguamiandó bajo el pretexto de enfrentar a la guerrilla de las FARC, y asegurar el uso de la propiedad por ocupantes de mala fe de sectores empresariales del banano, de la palma, la ganadería extensiva y la coca.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una respuesta integral, contextualizada, estructural frente a los aspectos que contempla el Auto de la Corte Constitucional de mayo de 2010, entre ellos la definición del censo con criterios de participación, de libertad y de habitación en los territorios, el plan de protección de la población en su vida, el fortalecimiento de las propuestas agroecológicas y económicas de las comunidades, la adopción de medidas preventivas que eviten el uso de las tierras por empresas privadas de manera ilegal y ocupantes de mala fe.
El paramilitarismo, denominado en el discurso oficial como BACRIM, hoy continúa siendo un mecanismo de represión, de control social que concibe a los reclamantes de tierras como guerrilleros, que comprende la economía y la relación tradicional de las comunidades con la tierra y sus ecosistemas como improductivas, sus mentalidades y formas de existir, como retrogradas. Esta estrategia criminal para realizar acciones sucias se combina con operaciones militares en el que los límites, los mínimos de respeto a los derechos de la población son preservados. Las operaciones militares estratégicas toleran, cohonestan, permiten la consolidación de la criminalidad en el territorio de Curbaradó en donde el arrasamiento forestal y exterminio de riqueza biológica y ecosistemas es difícilmente recuperable, y se proyectan sobre el Jiguamiandó con la implementación de las siembras de coca y del tráfico de cocaína, que se ha realizado, sin que autoridad alguna del poder ejecutivo allá adoptado medidas efectivas.
37 lideresas y líderes amenazados sin recibir respuestas del Ministerio del Interior para la protección de su vida e integridad personal; respuestas materiales con medios de comunicación inservibles o respuestas nunca concretadas que desconocen las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o unas manifestaciones de integrantes del gobierno que hablan de “la sangre” indican que las familias serán nuevamente desplazadas. Lamentablemente, son la inconsistente e incoherente respuesta, qué desarrolla un hábil estrategia mediática, sin resolver de fondo el grave problema del uso de la propiedad por terceros ocupantes de mala fe.
Más de 200 nuevas hectáreas afectando ambientalmente lo que queda de Zona de Reserva Forestal, 100 en palma, 60 en coca, son el signo que las disposiciones ambientales son nada por las inoperantes autoridades ambientales del orden nacional y regional frente a los intereses empresariales nacionales y multinacionales.
Nuestra Censura Ética ante lo que algunos de ustedes quieren presentar como un exitoso modelo de restitución, que no es restitución, si se comprende conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Operación exitosa que ha avanzado en la identificación de personas que tienen que ver con el territorio, lo que es un avance, pero que no asume decisiones respecto a lo que un significativo número de la población desplazada plantea, que no quieren regresar, y que por tanto, implícitamente se comprende como demandante del derecho a la reubicación de lo que se colige, sin derecho para definir sobre la administración del territorio; avances con preguntas de fondo, pues se mantiene un uso contra derecho del territorio, con ocupantes de mala fe, con siembras de palma, de coca, de banano e instalaciones de vivienda contra derecho en el territorio.
Nuestra Censura ante la evidencia el desconocimiento empresarial del Auto de la Corte Constitucional o la ausencia de medidas eficaces de respuesta del gobierno ante la necesidad de evitar nuevas operaciones empresariales en el territorio de Curbaradó y Jiguamiandó. Esta omisiones o actuaciones contra derecho, han propiciado que luego del Auto de la Corte, se desconozcan contenidos fundamentales del mismo y se estén desarrollando nuevas apuesta empresariales legales e ilegales, que desconocen los derechos de los afrodescendientes y que de fondo imposibilitan la garantía de libertad y seguridad a los integrantes de los consejos comunitarios de usar de los predios colectivos, de transitar libremente en ellos y por tanto, de administrarlos.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, respetuosamente, conforme a sus responsabilidades institucionales, nuevamente, les solicitamos dar respuesta a preguntas, que reiteradamente hemos elevado sin tener acceso a sus respuestas concretas y específicas.
1. ¿Quiénes deben ser reconocidos como miembros del consejo comunitario y en consecuencia con legitimación para la administración del territorio? ¿Los que efectivamente han poseído, han habitado en la zona rural, ocupando las tierras en conformidad con usos y costumbres, y quiénes pretenden regresar a sus predios?
2. ¿También pueden o no ejercer este derecho, los que no desean regresar ¿ Por qué? ¿Qué derechos de administración del territorio tendrían quienes siendo desplazados han decidido o han manifestado su deseo de no retornar al territorio?. Además de los derechos a la reparación, tendrían derechos de administración sobre la cuenca, elegir y ser elegidos? ¿El Gobierno no debería adoptar un plan de reubicación de estas víctimas del desarraigo violento?
3. ¿Pueden ser integrantes de consejos comunitarios habitantes del casco urbano que no poseen tierra, nunca han habitado en la zona rural? En Carmen del Darién habitan varias personas que no poseen tierras en el título colectivo y que solo realizan actividades de casa y pesca en el río Atrato, ¿estás pueden participar en un consejo comunitario, elegir y ser elegidos?.
4. ¿Si el casco urbano se comprende como parte del territorio colectivo como se distinguen las funciones de administración territorial del representante legal, de las de otras autoridades como el alcalde? Si el casco urbano, se comprende cómo posibilidad de que en él existan consejos comunitarios, esto significaría que en Cali, Buenaventura y Tumaco, quienes habitan en los cascos urbanos pueden conformar consejos comunitarios y tomar decisiones sobre las zonas rurales?
5. ¿Por qué continúan sin ser reconocidos los consejos comunitarios, llamados menores, en conformidad con la ley 70?
Las comunidades negras de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó están organizadas internamente por consejos comunitarios en cada comunidad de base, lo que se ha denominado consejos menores. Estos consejos han funcionado con reconocimiento legal por la alcaldía durante más de 10 años, poseen reglamentos en conformidad con la ley 70, la ley ambiental, posibilitando la administración territorial, la gestión de justicia comunitaria, la tramitación de demandas del derecho a la educación, a la salud, al ambiente sano, a la recreación, a la participación de la mujer y de los niños en la toma de decisiones, son centros de participación y de decisión, de etnodesarrollo comunitario, promovidos por los usos y costumbres. Su existencia no ha sido reconocida durante los últimos 4 años por la alcaldía de Carmen del Darién, desconociendo el derecho a la participación, a la asociación.
6. La restitución se comprende en el derecho internacional de los derechos humanos como volver en lo posible al estado de cosas anterior, en este caso al despojo y al desplazamiento. Algunos funcionarios del gobierno dicen, que este es el modelo exitoso de restitución, más allá de si es o no restitución, se está planteando una devolución del suelo.
¿Qué medidas se han adoptado o se van adoptar frente a la siembra de coca y los laboratorios de cocaína protegidos por paramilitares? ¿Cómo se va a sanear este territorio antes de su devolución?
¿Qué medidas se han adoptado o se van a adoptar frente a las nuevas siembras de palma, dentro del territorio Colectivo, propiedad de JESÜS CORREA? JESÚS CORREA, directivo de la empresa UNIBAN, sigue adelantando contra derecho actividades productivas de palma a pesar del fallo del Consejo de Estado, 8 de abril de 2010.
¿Cómo se va a sanear este territorio antes de su devolución?
¿Qué medidas se han adoptado o se van adoptar frente a las operaciones empresariales ganaderas extensivas en Caño Manso, Caracolí, Llano Rico?
¿Qué medidas se han adoptado o se van a adaptar frente
¿Qué medidas se van adoptar o se han adoptado y con qué resultados, frente a las operaciones de ocupantes de mala fe, en Caño Claro Andalucía, Camelias?
7. Ante los abusos de autoridad de la brigada 17 contra las y los integrantes de la brigada 17, qué medidas se concretas, de impacto se van a adoptar?, ¿La tolerancia en el ingreso de insumos para la producción de cocaína, su transporte por parte de la fuerza pública, es constatable diariamente, qué medidas se van a adoptar, con que resultados e impactos de medición?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz